- La Jurisdicción ordenó además el inicio de la prospección y exhumación en los cementerios Jesús María Estrada, de Marsella (Risaralda), y El Carmelo, de Salento (Quindío).
- La sección aseguró que el cuidado de los cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de posibles víctimas del conflicto en los cementerios no ha sido el adecuado ni se ajusta a la reglamentación vigente y las obligaciones a cargo de las entidades territoriales, locales, departamentales y nacionales.
- En su decisión, la sección vinculó al trámite de las medidas cautelares a la gobernación de Valle del Cauca y a las alcaldías de El Dovio, Bolívar, Cartago, Riofrío y Trujillo, en el departamento del Valle.
Luego de una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares en 27 cementerios de Risaralda y Quindío que se realizó en Marsella (Risaralda) los días 16 y 17 de noviembre, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó una prórroga por seis meses de las medidas cautelares de estos cementerios.
La sección también decretó el inicio de la prospección y exhumación en los cementerios Jesús María Estrada, de Marsella (Risaralda), y El Carmelo, de Salento (Quindío), para lo cual ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP la presentación de un proyecto de intervención forense en dichos cementerios en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo técnico de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala que ha establecido mecanismo de cooperación y asistencia técnica con la JEP.
El plazo para presentar el proyecto de intervención forense es de 20 días hábiles y las labores deberán iniciar en enero de 2023.
Así mismo, la sección informó que, respetando el principio de autonomía, invitó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a participar de dicha mesa técnica.
La sección vinculó al trámite de las medidas cautelares a la gobernación del Valle del Cauca y a las alcaldías de El Dovio, Bolívar, Cartago, Riofrío y Trujillo, en el departamento del Valle, y ordenó a las gobernaciones de Caldas, Risaralda , Quindío y Valle del Cauca la formulación de planes de atención para las víctimas de desaparición y cooperación con el Instituto Nacional de Medicina Legal con miras a superar las deficiencias de orden técnico y logístico que permitan dar celeridad al proceso de localización, protección, debida custodia e identificación de los cuerpos exhumados, para lo cual deben presentar un plan estratégico de manera conjunta.
La sección concluyó que aún no se ha logrado la debida respuesta para las víctimas de desaparición forzada y no se ha cumplido con la centralidad de las víctimas.
“Ello se manifiesta en que persisten vacíos institucionales, deficiencia en la información, acciones incompletas de los obligados a dar una respuesta efectiva a las víctimas, familiares de buscadoras y buscadores de personas dadas por desaparecidas», afirmó la sección en su decisión.
La sección aseguró, además, que el cuidado de los cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de posibles víctimas del conflicto no ha sido el adecuado ni se ajusta a la reglamentación vigente y las obligaciones a cargo de las entidades territoriales, locales, departamentales y nacionales.
La sección evidenció que a la fecha aún no se cuenta con un universo de víctimas de desaparición para los departamentos de Risaralda y Quindío, como tampoco el inventario confiable de los cuerpos no identificados y los cuerpos identificados no reclamados.
Finalmente, la sección informó que, si bien se registra que las entidades han realizado algunas acciones, estas son insuficientes frente a las demandas de acceso efectivo a la administración de justicia, a conocer la verdad, y a lograr garantías de no repetición.
