Según la serie investigativa «Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada» de Cuestión Pública, el actual Presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien acusó a la candidata vicepresidencial Francia Márquez de recibir apoyo a su campaña del ELN, tiene toda una sombra de dudas a su alrededor. En la investigación se encontró que «en los 16 años en la actividad electoral ha tenido relaciones económicas, familiares o políticas con un narcotraficante, convictos del escándalo de Odebrecht y personas señaladas por presunta corrupción. Cuando Gómez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara (2012 – 2013) tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia.»
A la campaña racista contra Francia, se suma la campaña sucia para instigar la violencia en su contra.
Juan Diego Gómez dice que “el ELN acompaña y celebra” la designación de Francia Márquez https://t.co/5KyEpOsUCp
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 6, 2022
«Por esta época Odebrecht pagó al menos 2 millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”. En 2014, el señor Cesar Hernández Sanmartín dio un crédito a la campaña de Gómez Jiménez al Senado y seis meses después de las elecciones lavó dinero para la multinacional brasileña, hechos por los cuales fue condenado a casa por cárcel en 2017.»
«Entre julio de 2005 y marzo de 2007, cuando era diputado de Antioquia, Juan Diego Gómez Jiménez fue copropietario de una finca en Copacabana junto con Diego Aristizábal Mejía, identificado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como asociado del narco Pedro Antonio Bermúdez Suaza (también conocido como alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar Gaviria y socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán).»
8. Lee nuestra investigación completa al senador Juan Diego Gómez aquí: https://t.co/H97coMHk2Y#SabemosLoQueHiciste pic.twitter.com/aGXdJh4z1n
— Cuestión Pública (@cuestion_p) November 9, 2021
Orlando de Jesús Gómez Botero, su padre, murió en 2013 pagando una condena a 8 años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso. Los delitos los cometió siendo miembro de una «empresa criminal» que realizó un negocio con un lote de 33.130 metros cuadrados en el barrio Niquía, de Bello, Antioquia, según lo descrito en la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín.
En julio de 2005, Juan Diego Gómez Jiménez participó en un negocio inmobiliario en la vereda El Noral, de Copacabana, Antioquia, junto con una persona relacionada con el narcotráfico y una representante legal de Fundarias, organización que registró millonarios negocios entre Otto Bula y el parapolítico Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Además, Juan Diego Gómez, fue presidente de la Comisión Segunda del Senado, que se encarga de la política exterior y asuntos internacionales. Como presidente de la Comisión el rol de Gómez era agendar el orden del día; es decir, darle trámite a los proyectos que por allí pasaban (incluyendo la ratificación del Acuerdo).
La ratificación de los Acuerdos de Escazú entraba en su resorte y Juan Diego dilató por 11 meses la discusión en los debates de Comisión. Finalmente, a último minuto y “a lo maldita sea”, con un mensaje de urgencia que venía de presidencia —guiño, guiño—, Juan Diego propuso discutir el Acuerdo faltando tres días para el final de la legislatura 2021.
El desenlace lo conocemos: el proyecto se hundió y terminó archivado por no cumplir con los debates necesarios antes del final de la legislatura, el 20 de julio. El Gobierno de Iván Duque no llamó a sesiones extras al Congreso y no hizo absolutamente nada para evitar que se hundiera.
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