Pero seguimos siendo gobernados por hombres y mujeres que se resisten a aceptarlo y cambiar el rumbo de las mismas.
La institucionalidad se agotó, en la medida en que se agotó la confianza. No hay confianza entre el elector primario (los y las ciudadanas) y las instituciones estatales policiacas, militares, de defensoría y de fiscalía.
El proceso de deterioro viene de lejos y se ha consumado. Muchas razones han sido expuestas como causas de este hecho, por parte de centro de investigaciones, organismos nacionales e internacionales de DDHH y la propia sociedad civil. Pero citemos algunos:
1)la corrupción que campea a lo ancho y largo de las administraciones públicas, ministerios e incluso presidencia;
2)los altos niveles de impunidad en la aplicación de justicia que deja al descubierto que el sistema judicial no está garantizando el cumplimiento de su mandato principal “la adecuada e imparcial aplicación de la justicia de forma esquiable, rápida y eficaz”
3)las violencias contra mujeres, poblaciones negras, indígenas y ciudadanos en general que a fuerza de repetirse de forma sistemática y persistente, terminan “naturalizándose”;
4)la pobreza en el cubrimiento de estos hechos por parte de órganos informativos oficiales (prensa, radio, TV) que renunciaron al periodismo de investigación para convertirse en cajas de resonancia de rumores y de impresiones de la calle o de los pasillos ministeriales. A lo que se suma los órganos alternativos (blog, influencers…) muchos de los cuales despliegan sus “análisis” desde las viseras y de manera no menos maniquea.
5)la desinformación que reina, nutrida por todos lados y bandos, en la cual se pescan como en rio revuelto… Ect, Etc…
La lista es grande y podría quedarme minutos en ella. Lo que al final es evidente es que ¡!las instituciones están agotadas!! El principio del contrato o pacto social sobre el cual reposa la construcción de un Estado-nación, está gravemente agrietado.
Recordemos algo básico de la teoría política: que la razón por la cual una comunidad nacional (los ciudadanos de un país) delega el uso de la fuerza a la institución militar y policiaca, esta fundado en la confianza en que estas no apuntarán las armas en contra de la propia comunidad. La confianza en que la institución militar y policiaca defenderá la integridad de los y las ciudadanas.
En Colombia, esa confianza se agotó. No se puede negar que una parte importante de la población descree. La razón de este desasosiego e indignación la cristalizan los abusos persistentes (violaciones, agresiones, arrestos violentos injustificados, arrestos que terminan con la muerte del detenido …etc.) protagonizados por agentes del cuerpo de orden policiaco y militar del país.
Los hombres y mujeres que están al frente de los ministerios de gobierno, a quienes toman decisiones a nivel de asamblea nacional y a quien dirige el ejecutivo de Colombia, no pueden seguir haciendo la política del avestruz. De seguir en esa línea, se perfilan condiciones sociales que pueden terminar en dos escenarios posibles:
1)en el mejor de los escenarios, la generalización de movilizaciones de desobediencia civil a lo largo y ancho del país. Con su cuota de protestas y enfrentamientos físicos entre bandos
2)en el peor de los casos, un golpe militar y que nos deje con un gobierno “militar” transitorio.
Las condiciones históricas y las coyunturas que atraviesan a la Colombia en los últimos 5 años, no me permiten ser optimista. Por el contrario, me quedo profundamente preocupada por lo que puede estar esperando, agazapado a la vuelta de la esquina, para este país: ¡CAOS!
Angélica Montes
Filósofa
