Un paso histórico hacia la justicia ambiental y la reparación integral en Colombia
En una decisión sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos en el marco del conflicto armado colombiano. Esta determinación se enmarca dentro del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, en asociación con grupos paramilitares, otros agentes del Estado y terceros civiles.
Un río convertido en víctima del conflicto
El río Magdalena, arteria fluvial vital para Colombia, ha sido escenario de múltiples violaciones durante décadas de conflicto. Las organizaciones solicitantes, entre ellas la Unión Sindical Obrera (USO), CREDHOS, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de víctimas de la JEP, documentaron diversas afectaciones:
- Desaparición forzada de personas cuyos cuerpos fueron arrojados al río.
- Contaminación por hidrocarburos debido a atentados a infraestructuras petroleras.
- Fumigaciones con glifosato que afectaron la biodiversidad acuática.
- Vertimientos de desechos provenientes de la minería ilegal de oro y carbón.
- Alteraciones en el cauce del río y ruptura del tejido social de las comunidades ribereñas.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), al menos 320 cuerpos han sido recuperados del río Magdalena desde 1982, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor debido al uso del río como medio para desaparecer evidencias de crímenes.
Reconocimiento legal y simbólico
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP fundamentó su decisión en las afectaciones sufridas por el río y en precedentes judiciales, como el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el exjefe paramilitar Ramón María Isaza Arango y otros 59 miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), donde se documentaron prácticas sistemáticas de desaparición forzada utilizando el río como fosa común.
Este reconocimiento se alinea con una tendencia jurisprudencial en Colombia que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. En 2019, la JEP reconoció a los Territorios Ancestrales, Sagrados y Colectivos del pueblo Awá como sujetos de derechos y víctimas del conflicto armado. En 2023, el río Cauca fue igualmente reconocido en el marco del Caso 05.
Implicaciones para la justicia ambiental
El reconocimiento del río Magdalena como víctima y sujeto de derechos implica que el Estado colombiano debe adoptar medidas concretas de protección, conservación, restauración y no repetición. La JEP ha enfatizado que la naturaleza y los territorios también son víctimas del conflicto armado, y su protección es una obligación constitucional e internacional.
Este enfoque integral busca garantizar la reparación no solo de las víctimas humanas, sino también de los ecosistemas afectados, reconociendo la interdependencia entre las comunidades y su entorno natural.
El Subcaso Magdalena Medio del Caso 08
El Caso 08 de la JEP se centra en crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. Dentro de este caso, el Subcaso Magdalena Medio ha priorizado la investigación de la «toma paramilitar de Barrancabermeja» entre 1998 y 2001, donde se han acreditado 343 víctimas, incluyendo a siete sujetos colectivos.jep.gov.co
La JEP ha recopilado información mediante versiones voluntarias, testimonios e informes presentados por las víctimas, y ha realizado inspecciones judiciales a unidades militares, policiales, entes estatales y medios de comunicación. Entre los comparecientes se encuentran exmiembros de la fuerza pública, exfuncionarios de Ecopetrol y antiguos paramilitares.
Un precedente para la protección de la naturaleza
El reconocimiento del río Magdalena como víctima y sujeto de derechos establece un precedente significativo en la justicia transicional y ambiental en Colombia. Este paso reafirma el compromiso del país con la protección de su patrimonio natural y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, incluyendo a la naturaleza y los territorios.
Este avance también refleja una comprensión más profunda de la interconexión entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, promoviendo un enfoque holístico en la construcción de una paz duradera y sostenible.
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