En un emotivo acto llevado a cabo en el Museo Nacional de Bogotá, el Ministerio de Justicia reafirmó su compromiso con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV), honrando la memoria de 1.262 servidores judiciales que fueron víctimas de hostigamientos y asesinatos en los últimos 40 años.
El Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, lideró la ceremonia en la que hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para la creación de una unidad especializada encargada de investigar los delitos cometidos contra el personal judicial en el marco del conflicto armado y la violencia que azotó al país durante décadas.
El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL) desempeñó un papel crucial al aportar los registros del reclamo de los familiares de las víctimas. Esta organización social, dedicada a brindar apoyo a los trabajadores del poder judicial afectados por la violencia en Colombia, evidenció la magnitud del problema al presentar datos que revelan 284 víctimas en Bogotá, 165 en el Valle del Cauca y 263 en Antioquia. Los delitos, que incluyen asesinatos, amenazas, atentados y secuestros, son todos calificados como violaciones a los derechos humanos.
Durante el evento, denominado ‘Justicia Inquebrantable, entregamos memoria, recibimos esperanza’, el Ministro Osuna expresó su compromiso personal con la búsqueda de la verdad y la erradicación de la corrupción en el sistema judicial. En palabras del titular de la cartera de justicia, «una justicia volcada a la búsqueda y encuentro de la verdad, ese es el propósito de este gobierno».
El reconocimiento no solo contó con la presencia y apoyo del Gobierno del Cambio, sino también con la colaboración de la Agencia para la Cooperación de Estados Unidos (USAID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los servidores judiciales y sus familias, en un emotivo llamado, solicitaron el fortalecimiento de la política de riesgos laborales y el cuidado de la salud mental del personal judicial. Además, pidieron mejoras en los análisis de riesgos y medidas de protección adecuadas para contextos con presencia de diferentes actores armados. También se destacó la necesidad de programas de apoyo institucional para las familias que enfrentan necesidades psicosociales y económicas urgentes debido a la victimización.
Este año se han llevado a cabo encuentros presenciales y virtuales con servidores judiciales y sus familias, así como con trabajadores judiciales en el exilio, donde se han compartido experiencias sobre los impactos de la violencia en sus vidas y se han formulado peticiones concretas sobre medidas de reparación y no repetición. Con este paso, el Gobierno avanza en la construcción de una justicia más transparente y comprometida con la verdad y la memoria histórica.
