La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento y Responsabilidad de la JEP asumió la competencia de la Resolución de Conclusiones del subcaso Norte de Santander del Caso 03: “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” expedida por la Sala de Reconocimiento.
El Tribunal para la Paz inicia la etapa de juicio que conduce a la emisión de una sentencia e imposición de una sanción contra al brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30; los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM 15); el teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM 15; el teniente coronel (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante encargado del BISAN; el capitán (r) Daladier Rivera Jácome; el sargento segundo (r) Rafael Antonio urbano Muñoz, antiguos oficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA); el sargento segundo (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras, exjefe de inteligencia del BISAN; el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra de la BRIM 15 y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, ex colaborador de aquellas estructuras militares.
Esta Sección, que es una de las cuatro que integran el Tribunal para la Paz de la JEP, está conformada por cinco magistrados, quienes decidirán las sanciones que se impondrán a los comparecientes. Además, verificarán el cumplimiento de las mismas para que estas tengan los máximos componentes restaurador y reparador para las víctimas. Este trabajo lo realizarán con el apoyo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La Sección deberá evaluar la correspondencia entre los hechos, las pruebas allegadas, las conductas endilgadas y reconocidas, el proyecto de sanción, la contribución a la verdad y la reparación. Tras esta fase, la Sección realizará una audiencia para verificar la forma de contribución a la verdad y la reparación en el marco del Sistema Integral para la Paz.
En abril de 2022, durante una Audiencia de Reconocimiento realizada en Ocaña, Norte de Santander, los 11 comparecientes reconocieron ante las víctimas, la justicia y la sociedad su responsabilidad por haber cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, como asesinatos y desapariciones forzadas, además de homicidios en persona protegida conforme al Código Penal colombiano.
Estos delitos fueron imputados por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción en julio de 2021, la cual consideró que estos hechos no hubieran ocurrido sin una política institucional del Ejército de Colombia de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”. Además, se determinó un universo de 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas ocurridas en el Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008.
