Iván Cepeda alerta a relatores de la ONU y la CIDH sobre presuntas irregularidades de Martha Mancera, vicefiscal general de Colombia, y pide seguimiento detallado.
El senador colombiano Iván Cepeda ha elevado una solicitud de intervención a los relatores de la ONU y la CIDH en relación con graves acusaciones que pesan sobre la vicefiscal general de la Nación, Martha Yaneth Mancera. Las acusaciones apuntan a presuntas actividades ilícitas, encubrimiento de funcionarios con vínculos criminales y falta de transparencia en su gestión.
En su comunicado, Cepeda hace hincapié en la importancia de preservar la independencia y autonomía del sistema judicial colombiano, así como en garantizar el acceso a la justicia. Por ello, solicita a los organismos internacionales un seguimiento detallado de la labor de Mancera, especialmente mientras ocupe el cargo de fiscal general (e) hasta que la Corte Suprema de Justicia designe a su sucesor.
El senador detalla una serie de hechos que, según él, comprometen la integridad de la vicefiscal, incluyendo presuntos vínculos con el narcotráfico, encubrimiento de funcionarios implicados en actividades criminales y falta de transparencia en casos relacionados con defensores de derechos humanos y excombatientes.
«Es fundamental que los relatores de la ONU y la CIDH supervisen de cerca las acciones de la vicefiscal Mancera para proteger la independencia y autonomía del sistema judicial colombiano», declaró Cepeda en su comunicado.
La solicitud se enmarca en el mandato de los organismos internacionales para velar por el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y justicia. Cepeda hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que se mantenga atenta a este caso y se garantice el respeto a los principios fundamentales de la democracia y el estado de derecho en Colombia.
En un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales es vital para la consolidación de la paz y la democracia, la actuación transparente y diligente de los funcionarios encargados de administrar justicia se convierte en un imperativo moral y legal.
