Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha destapado una situación alarmante en el sistema de salud de Colombia. De las 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) activas registradas ante el Ministerio de Salud en agosto de 2023, únicamente cinco cumplen con los requisitos esenciales para continuar operando en el país.
El análisis exhaustivo realizado por la Contraloría revela que la gran mayoría de las EPS encargadas de la atención médica en Colombia han fallado en la administración adecuada de los recursos, dejando al descubierto una crisis financiera que pone en jaque la estabilidad del sistema de salud.
Entre los requisitos incumplidos por las EPS se encuentra la falta de capital mínimo, un patrimonio adecuado y el régimen de inversión de las reservas técnicas. Estas últimas, cruciales para asegurar recursos destinados a la atención de pacientes y la sostenibilidad del sistema, deben ser manejadas con prudencia y ser invertidas estratégicamente para generar rentabilidad y respaldar posibles contingencias.
Del total de 26 EPS analizadas, 21 no han logrado alcanzar el ahorro necesario para garantizar la atención médica de los pacientes, acumulando una deuda alarmante que asciende a 12.4 billones de pesos, de los cuales solo 1.3 billones están respaldados por inversiones.
Las cinco EPS que han logrado cumplir con los requisitos establecidos son: Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud. Estas entidades, algunas de ellas con una amplia afiliación que supera los 10 millones de asegurados en diferentes regiones del país, se destacan por su cumplimiento en términos de provisión e inversión de las reservas técnicas.
A pesar de este logro, el informe de la Contraloría señala que incluso dentro de este grupo de EPS cumplidoras, existen aspectos pendientes por mejorar. Tan solo diez entidades, incluida Salud Total, cumplen con estados financieros satisfactorios en términos de liquidez y solvencia, lo que garantiza su sostenibilidad a largo plazo.
La deuda total de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y proveedores alcanza los 25 billones de pesos, evidenciando un problema estructural que amenaza la estabilidad del sistema de salud colombiano. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para asegurar la atención adecuada de los pacientes y el buen funcionamiento del sistema de salud en el país antes de que la situación empeore.