El Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido el Decreto 2016 de 2023, una medida que regula la reapertura de mataderos municipales en la categoría de autoconsumo. Esta decisión tiene el objetivo de permitir a los campesinos volver a comercializar sus productos cárnicos y competir con los frigoríficos, que han aumentado los precios internos de la carne.
Según el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, esta iniciativa no solo beneficiará a los campesinos sino que también reducirá los costos de traslado del ganado, mitigará el abigeato y evitará el sacrificio de animales en potreros sin control. La medida busca equilibrar la competencia en el mercado de la carne y garantizar la seguridad alimentaria.
El ministro Jaramillo enfatizó que los mataderos municipales deben cumplir con estrictas condiciones de buena atención y salubridad, y serán supervisados tanto por el Ministerio de Salud como por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
«Junto con el Invima vigilaremos y controlaremos estos centros de sacrificio para que funcionen con todos los reglamentos y condiciones sanitarias que exige la salud pública», afirmó el ministro.
El decreto establece que las plantas de beneficio animal de autoconsumo deben estar ubicadas en municipios de categoría 5 o 6, donde no existan autorizaciones para plantas de beneficio animal de categoría nacional. La autorización para estas plantas será otorgada por el Invima, y los propietarios serán responsables de mantener las condiciones sanitarias requeridas.
Además, el Invima, en el ejercicio de sus funciones de inspección y control sanitario, podrá reclasificar plantas de beneficio animal de categoría nacional a categoría de autoconsumo en caso de dificultades de abastecimiento en municipios categorizados como 1, 2 y 3.
El decreto también aborda aspectos como verificación microbiológica, análisis de peligros y puntos críticos de control, transporte de carne, normativas ambientales, destrucción de decomisos y sistema de refrigeración de despacho.
Esta medida responde a una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y busca promover la competencia justa y garantizar la calidad y seguridad de los productos cárnicos en el mercado nacional.
