La relatoría independiente solicitada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Dra. Claudia López Hernández y el Secretario de Gobierno Distrital,
Dr. Luís Ernesto Gómez Londoño, esclarece los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020. Esta fue una investigación independiente y autónoma que estuvo acompañada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch, el relator de este informe fue el defensor de derechos humanos Carlos Negret.
Estos son los principales hallazgos del informe:
Los eventos de violencia, abuso y brutalidad policial iniciados en la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros efectivos de la Policía Nacional (PONAL) desencadenaron uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos acontecido en la historia de la ciudad de Bogotá.
La Relatoría documentó las muertes de 14 personas en este contexto de violencia, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación. De las 14 víctimas mortales, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la PONAL.
Lo anterior le permite a la Relatoría llegar a la conclusión de que en el marco de las protestas del 9 y el 10 de septiembre ocurrió una masacre cuya responsabilidad recae en la PONAL.
Otros dos asesinatos ocurrieron como resultado de intervenciones de personas vestidas de civil quienes accionaron armas de fuego en contra de manifestantes y terceros. Uno de ellos, el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, hasta la fecha no ha sido reconocido por las autoridades como parte de los casos ocurridos en el marco de las manifestaciones del 9S.
Durante las jornadas de protestas del 9 y el 10 de septiembre se identificaron y documentaron por esta Relatoría siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género (VBG), estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
Dichas prácticas explican, además de los 14 asesinatos, las lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos a 216 miembros de la PONAL. Asimismo, dan cuenta de los daños provocados a 78 buses del componente troncal (nueve de ellos incinerados), 51 buses del componente zonal (cinco incinerados) y 76 CAI (17 de ellos incendiados y destruidos).
Una de las expresiones ciudadanas de indignación frente a lo ocurrido con Javier Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre fue el uso de la violencia contra bienes públicos y privados, particularmente los que representan a la institución policial, la institucionalidad y el orden. Como consecuencia de esas expresiones murió atropellada la señora María del Carmen Viuvche, cuando un grupo de personas asaltaron un bus del sistema público, arremetieron en contra de su humanidad y le causaron la muerte.
La práctica más representativa y generalizada durante estas jornadas de protestas fue el uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de la PONAL. Esta Relatoría concluye que la PONAL desconoció abiertamente los principios de proporcionalidad y de estricta necesidad.
La Relatoría pudo establecer que pronunciamientos públicos realizados por altos funcionarios del Estado en los que afirmaron que los ataques contra la PONAL y su infraestructura durante las jornadas de protesta del 9 y el 10 de septiembre obedecieron a un plan preconcebido y sistemático para atacar la institución no cuentan con asidero en una investigación criminal, como lo aseguraron en diferentes escenarios. Lo anterior constituye un grave caso de estigmatización de la protesta social con hondos efectos en las garantías de no repetición.
Si bien a un año de los hechos no es posible afirmar que hay dilaciones injustificadas en la investigación de los eventos del 9S de las que se pueda afirmar que los casos transitan hacia la impunidad, sí es factible advertir que de no tomar medidas urgentes para evaluar los hechos de forma integral, donde se analicen de forma comprehensiva y tomando en consideración el contexto institucional donde se tomaron las decisiones que desencadenaron en lo ocurrido, ese va a ser el puerto de llegada.
Tres objetivos tuvo el informe, clarificar y explicar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos en el curso de las jornadas de protesta de los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha; Reconocer las afectaciones derivadas de dichas jornadas a fin de orientar el deber de protección del Estado y los derechos de las víctimas, particularmente, el de acceso a la justicia y esclarecimiento de lo ocurrido con propósitos de dignificación y efectuar recomendaciones institucionales que contribuyan al debate crítico y la pronta adopción de medidas que aseguren coherencia y exhaustividad en la aplicación de los estándares internacionales de promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica.
Las víctimas
Anthony Estrada Espinoza, 28 años
Cristhian, 27 años
Cristian Rodríguez Cano, 21 años
Julián Mauricio González Fory, 27 años
Andrés Felipe Rodríguez, 23 años
Cristian Camilo Hernández Yara, 26 años
Javier Ordóñez, 43 años
Julieth Ramírez Meza, 18 años
Lorwan Stiwen Mendoza Aya, 30 años
María del Carmen Viuvche, 62 años
Angie Paola Baquero Rojas, 29 años
Freddy Mahecha, 20 años
Germán Smith Puentes Valero, 25 años
Jáider Alexánder Fonseca Castillo, 17 años
Informe completo:
Informe-Final-Relatoria-Esclarecimiento-9S-VF-1
