- El excomandante del Batallón ‘La Popa’ fue imputado por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el asesinato de 75 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate en el norte de Cesar y sur de La Guajira
- Por no reconocer su responsabilidad en «falsos positivos» JEP envía al Coronel (R) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP
El pasado 29 de noviembre de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó el traslado del expediente del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, imputado por la Jurisdicción dentro del caso Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado o como son conocidos los «falsos positivos«, a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
La orden de traslado se dio luego de que el excomandante de dicha unidad militar no reconociera su responsabilidad en los hechos que son estudiados por «falsos positivos», subcaso Costa Cribe, que abarca lo ocurrido entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y sur de La Guajira, atribuido a algunos integrantes del Batallón ‘La Popa’ cuando se presentaron como resultados operacionales legítimos los asesinatos y desapariciones forzadas de personas señaladas de pertenecer a las guerrillas, en medio de una alianza criminal entre militares y paramilitares.
Entendiendo que el excomandante del Batallón de Artillería La Popa ha manifestado que no reconoce su responsabilidad por los hechos por los cuales fue imputado, la Sala da por terminada la parte dialógica del proceso y abre la posibilidad de que se inicie un juicio adversarial, en el que el señor Mejía Gutiérrez podrá hacer valer sus argumentos. Será entonces la UIA, la instancia que deberá continuar con el trámite adversarial. De ser vencido en juicio adversarial, el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez podría ser condenado con 20 años de cárcel.
En algunas declaraciones brindadas por Mejía en el mes de septiembre para medios como la W Radio, dijo que era culpable de haber derrotado el terrorismo y que después de más de 15 años, no hay decisión en firme contra él. “Jamás aceptaré responsabilidad por lo que no hice”, “En mi gestión como comandante del Batallón [La Popa], jamás se cometió [sic] falsos positivos. La guerra es de humanos y los humanos cometen errores”, dijo Mejía a la emisora justificando , al parecer, que los soldados que incurrieron en las ejecuciones extrajudiciales lo hicieron en el marco del conflicto. Además dijo que en las audiencias que ha enfrentado en la JEP no ha conocido a sus ‘supuestas’ víctimas.
Luego de haber firmado un acta de compromiso para someterse a la JEP en junio de 2017, el coronel (r) Publio Hernán Mejía ha negado toda su responsabilidad en los hechos imputados y por el contrario ha catalogado los testimonios de los demás testigos y comparecientes del tribunal que lo mencionan como responsable, de ‘mendaces’, ‘descabelladas’ y ‘criminales versiones» que solo faltan a la verdad.
A través del auto 128, emitido el 7 de julio de 2021, la JEP declaró como máximos responsables a 15 miembros del Ejército (dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales) por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Uno de esos 15 imputados fue el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez a quien se le atribuye responsabilidad en 75 asesinatos cometidos por el Batallón La Popa entre enero de 2002 y diciembre de 2003 cuando él era el comandante de dicha unidad militar. Al contrastar la información que hace parte del acervo probatorio, la Sala de Reconocimiento determinó que el coronel (r) Mejía tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial en el diseño y la implementación del plan macrocriminal encontrado por la Sala, por la conformación y dirección de la organización criminal que se creó dentro del Batallón La Popa, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate, y por la alianza establecida con grupos paramilitares de la que se valió dicha organización. Por eso la Sala de Reconocimiento le imputó los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano, que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio. Los mencionados crímenes de lesa humanidad involucraron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos.
Foto: Colprensa
