El fiscal general saliente de Colombia, Francisco Barbosa, está en el ojo de la tormenta tras revelarse que la Fiscalía General de la Nación pagó $180 millones por la impresión de 5.500 libros que abordan su gestión al frente de la entidad. La obra, titulada «Fiscalía en la calle y en los territorios: Francisco Barbosa Delgado», consta de 11 tomos que suman 1.548 páginas, ilustradas con fotografías del propio fiscal.
El contrato interadministrativo número 0029 entre la Fiscalía y la Imprenta Nacional de Colombia ha generado controversia, especialmente por el elevado costo de $181′216.175. Aunque inicialmente se alegó que los libros serían para consulta interna, se ordenó la impresión de 5.500 ejemplares, generando preguntas sobre la necesidad y la justificación de esta cantidad.
El texto revela que la supervisión del contrato estuvo a cargo de Paola Andrea Tovar Niño, directora de comunicaciones de la Fiscalía, y detalla la participación de un equipo de 15 funcionarios públicos, entre comunicadores, fotógrafos y diseñadores, en la elaboración de los libros. Además, se mencionan otros gastos polémicos previos de Barbosa, como el uso de una camioneta blindada para pasear a sus perros y la asignación de empleadas domésticas de la Fiscalía para trabajar en su hogar.
La distribución planeada de los libros, justificada por la existencia de sedes en construcción, ha sido cuestionada, ya que la cantidad de ejemplares superaría significativamente el número de oficinas de la Fiscalía en el país. La Contraloría será la encargada de determinar si este gasto representa un detrimento patrimonial injustificado para la entidad.
Conclusión: La salida del fiscal Barbosa está marcada por la controversia generada en torno a la millonaria producción de libros financiada por la Fiscalía. Este caso se suma a una serie de cuestionamientos anteriores sobre el uso de recursos públicos para gastos personales. La Contraloría deberá esclarecer si este episodio constituye un mal uso de los fondos públicos y si se ajusta a los principios de austeridad que la Fiscalía había afirmado seguir. Este escándalo podría afectar la percepción pública sobre la transparencia y la responsabilidad en el uso de recursos en las instituciones del país.
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