Pobladores del río Anchicayá reclaman justicia a multinacional española y lanzan una nueva alerta temprana.

Hace 21 años, el 21 de julio de 2001, la empresa española Unión Fenosa Distribución, (hoy Grupo Naturgy) dueña de la operadora de la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá llamada Empresa de Energía del Pacífico S.A, más conocida como EPSA, decide la apertura de las compuertas del embalse provocando el derramamiento indiscriminado de más de 500 000 metros cúbicos de lodos podridos en el río Anchicayá afectando drásticamente la fauna acuática y a la comunidad que vive del río. A pesar de la condena de la empresa, ésta decide venderla a la empresa Celsia S.A, quien en vez de pagar la condena y reparar los daños, impugnó el fallo.

Esta tragedia dejó sin agua, sin cultivos y sin medios de transporte a los habitantes, sin mencionar las afectaciones irreparables a la fauna y flora del río Anchicayá. Los habitantes del río alertan que la tragedia puede volver a ocurrir debido a que la represa se encuentra nuevamente colmatada y sus habitantes solicitan actuación inmediata del Ministerio de Ambiente, de Minas y Energía y de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca.

Por otro lado, los liderazgos que se han enfrentado a la justicia se encuentran hoy en día amenazados. El abogado apoderado de este litigio estratégico, Germán Ospina, que ha liderado el caso durante 20 años, se encuentra en exilio en España desde el mes de agosto de 2022.

Mediante este comunicado de prensa emitimos una ALERTA TEMPRANA a los Ministerios y entidades públicas pertinentes sobre la colmatación de la represa y solicitamos revisión del estado de la represa para evitar una nueva tragedia socio-ambiental.

Solicitamos a la Defensoría del pueblo, a la Unidad Nacional de Protección y a la secretaría de Derechos Humanos de Buenaventura garantizar la protección inmediata de la vida de los miembros del Consejo Comunitario y de todas aquellas personas que participan en el proceso jurídico para la conocer la verdad, obtener justicia, reparación y no repetición del desastre ocurrido en el 2001.

Finalmente exigimos a las empresas privadas dueñas actualmente de la represa resarcir ambiental y socialmente a la comunidad del río, cumpliendo las medidas emitidas por el Ministerio de Ambiente en la resolución 809 de 2001 y 0556 de 2002 y ordene el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia de la acción de grupo del 7 de septiembre de 2009.

Desde la campaña #AnchicayaResiste, el colectivo franco-colombiano Human Conet que trabaja por la protección de los y las defensoras de la naturaleza nos unimos a esta causa justa.

Encontrarás una petición destinada a la Corte Constitucional colombiana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con copia al grupo Naturgy y a la empresa Celsia: https://humanconet.org/es/peticion-anchicaya/ – en unos clics podrás enviar esta petición a los correos de manera automaticá y ejercer presión ciudadana.

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