El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, le ordenó al presidente colombiano, Iván Duque, suspender la extradición a EE.UU. de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», máximo jefe del Clan del Golfo, hasta tanto se estudie un recurso presentado por víctimas, informó este viernes ese alto tribunal.
El Consejo ordena al «Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, o a quien corresponda, suspender la ejecución material de la orden de extradición del señor Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, hasta tanto se emita decisión de fondo en este amparo constitucional (tutela)».
Las víctimas aseguran que los testimonios de Dairo Antonio Úsuga recogidos por la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad no son suficientes, por lo que piden se anule la extradición para que el sindicado cuente toda la verdad.
“Ordenar al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, o a quien corresponda, suspender la ejecución material de la orden de extradición del señor Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta tanto se emita decisión de fondo en este amparo constitucional, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, señaló el magistrado César Palomino Cortés.
De acuerdo con el magistrado César Palomino Cortés, ya se han cumplido con todos los trámites legales requeridos en materia de extradición. Según él, lo único que faltaba es el traslado Estados Unidos, país que lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico.
Pero, para el magistrado, esta decisión es de suma importante, pues resulta pertinente emitir esta medida cautelar, mientras se resuelve la demanda de tutela, con el fin de evitar la decisión sobre los derechos fundamentales supuestamente afectados.
Esta acción de tutela, que frena de manera provisional la extradición de alias ‘Otoniel’ fue presentada por: Bernardo Vivas Mosquera y Ana del Carmen Martínez, de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica, CAVIDA; María Ena Castaño Flórez y Uriel Tuberquia, de la Comunidad de las Camelias; Dagoberto Pretel del Consejo Comunitario Cabeceras; Guillermo Peña de la Comunidad de Pichima, Quebrada del Litoral San Juan; Jaime Maheche de ASOAIBA; Dobaybi Sinigui Bailarin del Cabildo Mayor de Murindo; Digna Aurora Castaño de la comunidad de la Larga Tumarado, Carlos Quiro Castaño Sierra de la Comunidad Jiguamiando; Silvia Berrocal de Comupaz y; Manuel Rivas Torres, de la Zona Humanitaria de Camelias.
Tras la decisión, el Consejo de Estado le dio un plazo de dos días a las entidades tuteladas para que presenten un informe con sus respectivos conceptos frente a las pretensiones de las víctimas. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría deberán anexar los documentos pertinentes y relacionados con la solicitud de extradición de Otoniel.
