Más de 233 juristas, abogados, jueces y profesores de Derecho de todo el mundo se han unido a los expertos y relatores de la ONU para calificar jurídicamente de «genocidio» los crímenes cometidos en Gaza y recordar así las obligaciones jurídicas de los Estados. El objetivo de este texto es contribuir a preservar el derecho internacional, que también está amenazado en Gaza, para evitar que se cometan nuevas atrocidades masivas impunes. «La historia nos enseña que no se puede construir una paz duradera sin justicia».
«Nunca más». Al día siguiente de la liberación del campo de Auschwitz, del cual se conmemoran el aniversario número 80, la comunidad internacional estableció normas jurídicas para impedir nuevas atrocidades masivas y exigir responsabilidad y rendición de cuentas a los autores. Sin embargo, «estamos siendo testigos de un genocidio que se desarrolla ante nuestros propios ojos», escribió el 28 de octubre de 2023, Craig Mokhiber, antiguo Director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su carta pública de renuncia.
«Trabajé durante los genocidios contra los Tutsis, los musulmanes bosnios, los Yezidíes y los Rohingyas […]. […] Como Jurista especializado en derechos humanos con más de treinta años de experiencia en este campo, soy muy consciente de que a menudo se ha abusado políticamente del concepto de genocidio. Pero la actual masacre del pueblo palestino […] no deja lugar a dudas ni a debate. […] Se trata de un caso típico de genocidio».
Raz Segal, historiador israelí y director del Programa sobre Holocausto y Genocidio de la Universidad de Stockton, Estados Unidos, lo describe como «un caso de genocidio de escuela». Un gran número de informes e investigaciones de expertos, comités y relatores especiales de las Naciones Unidas corroboran esta conclusión.
Aunque el cese al fuego del mes enero permite vislumbrar el fin de las masacres sistemáticas en Gaza, la historia nos enseña que la paz duradera no se puede construir sin justicia. Por lo tanto, es imperativo no dejar morir tampoco el derecho internacional, empezando por calificar correctamente los crímenes cometidos por Israel según dicho derecho internacional. Decenas de juristas, abogados, jueces y profesores de derecho de todo el mundo se unen a los expertos y a los relatores de la ONU para afirmar en esta tribuna que es conveniente de calificar estos crímenes como genocidio, recordando así, las obligaciones jurídicas de los Estados cuando existe un « serio riesgo » de genocidio.
La Convención para la prevención y la sanción del crimen de Genocidio de 1948, de la que derivan todas las leyes nacionales sobre la materia, define el genocidio como uno o más «actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Estos actos incluyen el asesinato, causar graves daños físicos o mentales e infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo. La comisión de uno solo de estos actos es suficiente para establecer el elemento material del genocidio. Israel ha cometido estos tres actos en conjunto en Gaza, en la que se centrará esta tribuna, aunque los crímenes cometidos contra el pueblo palestino en los demás territorios palestinos ocupados deben tenerse en cuenta para medir su magnitud.
En primer lugar, desde el 8 de octubre de 2023, los ataques israelíes han matado directamente a más de 48 348 personas en Gaza, incluidos más de 14 500 niños/ niñas. El 60% de las víctimas son mujeres, niños/niñas y personas mayores. Miles de personas se encuentran bajo los escombros.
En segundo lugar, además de los asesinatos, se han producido daños físicos y psicológicos considerables: más de 111 761 personas han resultado heridas, muchas de ellas con lesiones graves. Israel ha convertido a Gaza en el territorio con más niños amputados per cápita del mundo. Los palestinos de Gaza sufre traumas psicológicos inimaginables en este clima de terror e impotencia creado por los constantes ataques aéreos y terrestres y el colapso de infraestructuras vitales. «Casi la totalidad de los 1,1 millones de niños/niñas de Gaza necesitan urgentemente protección y apoyo en materia de salud mental». También se ha observado un uso generalizado de la tortura y los malos tratos en los casos de detención.
En tercer lugar, por lo que respecta al acto de «someter a un grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción parcial o total», la jurisprudencia internacional ha precisado que se trata de situaciones en las que se condena a los miembros del grupo «a morir lentamente».
Así entonces, por un lado, desde octubre de 2023, Israel bombardea metódicamente los medios de subsistencia de los palestinos de Gaza, que ya dependen en un 80% de la ayuda humanitaria como consecuencia de la ocupación impuesta en 1967 y del bloqueo ilegal de Gaza. Estos ataques han provocado la destrucción del 92% de sus hogares, de los puntos de acceso al agua, de las tierras de cultivo, del ganado, de las instalaciones sanitarias y eléctricas (provocando cifras récord de infecciones y de enfermedades), y del 84% de las instalaciones de salud, matando a más de 340 profesionales de la salud y condenando a los numerosos heridos a un tratamiento inaccesible.
Israel ha puesto en marcha el desplazamiento forzado y continuo de 1,9 millones de personas, es decir del 90% de la población- a campos desprovistos de todo, que han seguido siendo bombardeados. Las condiciones de hacinamiento y la falta de instalaciones sanitarias de estos campos favorecen además la rápida propagación de enfermedades infecciosas.
Por otra parte, Israel ha bloqueado los camiones que transportan ayuda humanitaria, incluidos los suministros médicos, que sólo entran en Gaza en contadas ocasiones a cuenta gotas. «Esto no se trata sólo negligencia, sino una política deliberada de privación que ha provocado miles de muertes por deshidratación y enfermedades», explica la directora ejecutiva de Human Rights Watch, Tirana Hassan.
«Para que el asedio sea efectivo, debemos impedir que otros lleven ayuda a Gaza […] Hay que decir a la gente que puede elegir entre dos opciones: quedarse y morir de hambre, o marcharse», explicaba en octubre de 2023 Giora Eiland, asesor de Yoav Gallant, antiguo ministro de Defensa israelí hasta finales de noviembre de 2024. Gallant confirmó públicamente que había ordenado «un “completo asedio” de la ciudad de Gaza, que no habría “ni electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible” y que “todo [estaba] cerrado”».
Con el fin de bloquear el acceso de la ayuda humanitaria, Israel ha llegado a bombardear la infraestructura de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), la principal organización de ayuda en Gaza y de la región, matando a más de 258 de sus empleados desde octubre de 2023.
Según cifras de Naciones Unidas, desde el mes marzo de 2024, «el 100% de la población de Gaza [se encontraba] en una situación de grave inseguridad alimentaria (o de hambruna). Era la primera vez que una población entera se clasificaba de este modo». Según UNICEF, la desnutrición aguda «ha alcanzado niveles alarmantes en el norte de la franja, y más de 2.000 niños podrían dejar de recibir tratamiento. Cada día sin atención podría ser fatal para ellos. Si no actuamos de inmediato, corremos el riesgo de perder toda una generación». En julio de 2024, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación afirmó claramente que «Israel está utilizando la hambruna como estrategia en su genocidio en curso contra el pueblo palestino en Gaza». Por lo tanto, estas condiciones conllevan a la «destrucción física total o parcial» de los palestinos de Gaza.
Contrariamente a la idea generalizada, el genocidio no esta supeditado a un número mínimo de víctimas. En noviembre de 2021, por ejemplo, el Tribunal Regional Superior de Fráncfort declaró a un miembro del Estado Islámico culpable de genocidio por los graves daños físicos y psicológicos cometidos contra una mujer Yezidí y su hija, esclavizadas tras ser capturadas durante la masacre de más de 5.000 yezidíes perpetrada por el Estado Islámico en Sinjar en 2014. En marzo de 2016, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia también condenó por genocidio a un miembro de las fuerzas serbias por las masacres de Srebrenica de 1995, que causaron la muerte de al menos 7.000 hombres y niños musulmanes.
En cuanto al elemento intencional del genocidio, la intención genocida no está supeditada a la voluntad de aniquilar a todo un grupo, y puede establecerse si uno de los actos mencionados se cometió con la intención específica de destruir «todo o parte» del grupo.
En cuanto a la «parte» del grupo, la jurisprudencia internacional acepta que puede estar «dentro de un área geográfica específica» y no «en todo el mundo». La jurisprudencia internacional, evalúa así el control y la oportunidad del autor del crimen de genocidio sobre esta zona. Gaza no tiene salida al mar y está bajo el control de Israel, que por tanto tiene la «oportunidad» de aniquilar a su población. En este sentido, Amos Goldberg, historiador israelí especializado en la Shoah, declaró que «lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, porque Gaza ya no existe».
La jurisprudencia también exige que esta parte del grupo sea «sustancial», lo que se evalúa teniendo en cuenta «el elemento cuantitativo, así como la localización geográfica y el lugar que ocupa esta parte dentro del grupo». Los gazatíes representan el 40% de los 5,5 millones de palestinos en los territorios ocupados, es decir, una parte «suficientemente importante como para que su desaparición tenga efectos sobre el conjunto del grupo».
Al cumplirse trágicamente este criterio cuantitativo, la CIJ, el máximo tribunal de justicia encargado de enjuiciar los crímenes internacionales cometidos por los Estados, reconoció en enero de 2024 que se trataba de una parte «sustancial» del grupo, sin que fuera necesario examinar los demás criterios.
Además, la intención genocida (o dolo especial) de Israel de destruir esta parte del grupo puede demostrarse mediante pruebas directas (declaraciones o documentos de autoridades estatales) o deducirse de pruebas indirectas.
En primer lugar, los dirigentes israelíes han publicado declaraciones y documentos que demuestran claramente su intención de destruir a los palestinos de Gaza. Yoav Gallant, por ejemplo, anunció en estos términos el 10 de octubre de 2023 en qué consistía su metódico plan conocido como los «Sables de Hierro»: «Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia […] Gaza no volverá a ser lo que era antes. Lo destruiremos todo. […] Llevará semanas, incluso meses, ningún lugar se nos escapará». Isaac Herzog, Presidente de Israel, añadió dos días después: «toda una nación es responsable […] y lucharemos hasta romperles la columna vertebral».
En noviembre de 2023, treinta y siete (37) expertos y relatores de la ONU se mostraron alarmados por la «retórica descaradamente genocida y deshumanizadora de altos funcionarios israelíes», que pedían la «destrucción total y la desaparición» de Gaza, y la necesidad de «acabar con todos ellos», retórica extendida «en varios sectores de la sociedad israelí».
En segundo lugar, por lo que respecta a las pruebas indirectas de «la existencia de una línea de conducta deliberada» por parte de Israel y de su intención genocida, los expertos ya mencionados sólo pudieron constatar la presencia de un gran número de indicadores tenidos en cuenta por la jurisprudencia internacional, tales como «la amplitud de las atrocidades cometidas, el hecho de apuntar sistemáticamente a determinadas víctimas por su pertenencia a un grupo particular, o la recurrencia de actos destructivos y discriminatorios» ; «las armas utilizadas y la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas, el carácter metódico de la planificación, la naturaleza sistemática del crimen», y «mucho más víctimas y daños de los necesarios desde un punto de vista militar».
Sobre este último punto de las pérdidas desproporcionadas, es necesario recordar que el análisis de los ataques demuestra que Israel atacó a la población civil en lugar de objetivos militares, para arrasar barrios enteros, en clara violación del derecho de los conflictos armados. «Los palestinos fueron asesinados en sus casas o en las camas de los hospitales». Los expertos señalaron que en los primeros meses del ataque, Israel arrojó más de 25.000 toneladas de explosivos, equivalentes a dos bombas nucleares, sobre Gaza, una zona de apenas 41 km de largo y entre 6 y 12 km de ancho, esto siendo un poco menos de la mitad del tamaño de Madrid.
También se observaron métodos de guerra planificados que rara vez se utilizan en tiempo de guerra se emplean, como la privación deliberada de las necesidades básicas; bombardeos incesantes durante 15 meses y el uso de armas de amplio alcance contra edificios residenciales e infraestructuras públicas en barrios densamente poblados, utilizando municiones no guiadas (o «bombas mudas») y principalmente por la noche; los disparos de fuerzas israelíes contra multitudes que acudían a recoger alimentos; ataques contra la carretera utilizada por la población y que había sido evacuada por la fuerza en 24 horas; el desplazamiento repetido de gazatíes a «zonas de seguridad» designadas como campos de refugiados que luego eran bombardeadas; y la destrucción de hospitales y escuelas donde se refugiaban los supervivientes.
La continuación de los crímenes por parte de Israel a pesar de las repetidas advertencias de la ONU, a pesar de las tres órdenes de medidas provisionales de la CIJ que establecían que existía un «riesgo real e inminente» de genocidio y, en consecuencia, a pesar de que los responsables israelíes eran plenamente conscientes del impacto de los crímenes hacia el grupo objetivo, es otro indicador decisivo para calificar el elemento intencional. En enero de 2024, la CIJ ordenó sin éxito a Israel que «adoptara medidas inmediatas y eficaces para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria» y que «cesara inmediatamente todas las operaciones militares».
Por último, Israel no puede invocar el elemento motivo de sus crímenes para justificarlos, ya que la intención genocida puede ser «un método de conducción de hostilidades» para alcanzar otros objetivos militares, como en este caso la erradicación de Hamas. Tampoco puede invocar el derecho a la legítima defensa, ya que Israel no respeta los principios de necesidad y proporcionalidad. En cualquier caso, un Estado ocupante no puede utilizar este derecho para justificar actos genocidas si la amenaza emana del territorio ocupado.
Teniendo en cuenta todos los anteriores elementos, los/las firmantes de esta tribuna instan asi a todos los Estados a respetar las obligaciones del derecho internacional: prevenir todo acto genocida contra los palestinos de Gaza y de los demás territorios palestinos ocupados; hacer todo lo posible para mantener un cese el fuego duradero; imponer un embargo total sobre las armas y sanciones económicas a Israel; cesar toda tipo de ayuda financiera y militar a Israel o cualquier apoyo susceptible de ser calificado como complicidad de genocidio, y suspender los acuerdos de cooperación con Israel ; apoyar la aplicación de las decisiones de la CIJ; detener a los responsables contra los que la Corte Penal Internacional haya dictado una orden de detención; y procesar en sus propios sistemas juridicos a las personas físicas y morales, cómplices de genocidio, en particular en virtud de la jurisdicción universal.
Tribuna « Por el respeto del derecho internacional ».
Apellido, Nombre, Cargo, País donde ejerce :
Refel, Abdul Kadir, abogado, Reino Unido
Abramowitch, Laure, abogado, Francia
Al Subihat, Khaled, abogado, Jordania
Alizada, Hakima, abogado en el exilio, Afganistán
Alonso Merino, Alicia, asesor legal, España
Andersland, Geir Kjell, abogado, Noruega
Angulo Quintana, Laura, abogado, Francia
Appelman, Marga, abogada jubilada, Países Bajos
Arraf, Rawan, abogado, Australia
Atkins, Robert, abogado, Reino Unido
Barrière, Marina, asesora legal, Francia
Bartlam, Ciara, abogado, Inglaterra y Gales
Ben Imran, Hassan, asesor legal e investigador, Irlanda
Bennat, Hadjer, asesora legal, Francia
Bergem, Siri, abogado, Noruega
Blanc, Michèle, abogado, Francia
Bodin, Thomas, abogado, Francia
Boeglin, Nicolas, profesor de derecho internacional público, Facultad de derecho, Universidad de Costa Rica UCR, San José, Costa Rica
Bonaglia, Matteo, abogado, Francia
Boukara, Nohra, abogado, Francia
Boumediene Thiery, Alima, abogado, Francia
Bourgeois, Emmanuelle, abogado, Francia
Bouyer, Bruno, abogado, Francia
Bowring, Bill, abogado, Inglaterra
Braconnier Moreno, Laetitia, doctorado en derecho, Francia
Brahimi, Sarah, asesora legal, Francia
Brel, Julien, abogado en el Colegio de Abogados, Francia
Brengarth, Vincent, abogado en el Colegio de Abogados de París, Francia
Breyer, Lucie, investigadora en derecho, Bélgica
Brion, Fabienne, profesora titular, Bélgica
Brosnan, Leigh, abogado, Irlanda
Bruschi, Myrtho, abogado honorario jubilado, Francia
Brygfjeld, Kjell, abogado de la Corte Suprema, Noruega
Burgos, Osvaldo, abogado, Argentina
Cahen, Nicole, abogada honoraria, Bélgica
Caillet, Marie-Caroline, asesora legal, doctorado en derecho, Francia
Capron, Michel, profesor, Francia
Castiaux, Gérald, abogado, Bélgica
Cebulak, Pola, profesora asistente de derecho, Países Bajos
Chabaud, Alexandra, asesora legal en derecho internacional, Francia
Chada, Raj, abogado, Inglaterra
Chaudhry, Farheen, abogado, Londres, Inglaterra y Gales
Chopard-Hargas, Hélène, jueza, Francia
Christ, Alexander, abogado, doctorado en derecho, Alemania
Christian, Weaver, abogado, Reino Unido
Cloutier, Camille, abogado, Canadá
Cochain, Dominique, abogado, Francia
Cociani, Francesca, abogado, Reino Unido
Corre, Salomé, asesora legal, Francia
Crokart, Hélène, abogado, Bélgica
Crusoé, Lionel, abogado, Francia
Cunha Neto, Marconi, asesor legal, Brasil
Dabed, Emilio, profesor de derecho, Francia/Palestina
Daieff, Guillaume, juez, Francia
Daly, Gary, abogado, Irlanda
Damiano, Mireille, abogado, Francia
Daoud, Emmanuel, abogado en el Colegio de Abogados de París, Francia
De Moerloose, Bénédict, abogado, Suiza
Delwiche, Louise, abogado, Bélgica
Deniz, Ozkil, abogado, Países Bajos
Denolle, Anne-Sophie, profesora investigadora, Francia
Derouet, Sarah, abogada en formación, Francia
Deswaef, Alexis, abogado y vicepresidente de FIDH, Bélgica
Di Meo, Veronique, asesora legal, Francia
Didi, Estelle, abogado, Bélgica
Djata, Nora Dian Diang, abogado, Bélgica
Djinderedjian, Karine, abogado, Francia
Donon, Océane, asesora legal, Francia
Drias, Amira, abogado, Canadá
Dubinsky, Laura, abogado, Reino Unido
Dubois, Dalphée, reportera legal, Francia
Ducos, Saskia, abogado, Francia
Ducuing, Charlotte, investigadora postdoctoral, Bélgica
Dufourcq, William, asesor legal, París
Dupont, Marie, asesora legal, Francia
Dutton, Sophia, abogado, Inglaterra
Einarsen, Terje, profesor de derecho internacional, Noruega
Elborno, Lara, abogado, Francia
Endresen, Bent, abogado de la Corte Suprema, Noruega
Erakat, Noura, profesora, Estados Unidos
Escobar, Sebastian, abogado, Colombia
Fanon Mendes France, Mireille, consultora legal, Francia
Farheen, Farheen, abogado, Reino Unido
Fernández Aransay, Fernando, abogado, España
Finch, Nadine, académica legal, Inglaterra
Fiorini, Benjamin, docente, Francia
Francos, Benjamin, abogado, Francia
Frulli, Micaela, profesora de derecho internacional, Italia
Félim Ó Maolmhána, Félim, abogado, Irlanda
Gaff, Angela, abogado, Reino Unido
Gafsia, Nawel, abogado, Francia
Gagliardini, Pauline, abogado, Francia
Gartland, Rose, abogado, Irlanda
Gavarri, Bruno, asesor legal, Isla de la Reunión
Genot, Madeleine, abogado, Bélgica
Ghosh, Sohinee, abogado, París
Gilot, Alice, abogado, Bélgica
Godel-Rouschmeyer, Thelma, abogado, Francia
Goodman, Tom, abogado, Reino Unido
Goubau, Guerric, abogado, Bélgica
Guedj, Caroline, abogado, Francia
Guiot, Lucie, abogado, Bélgica
Haar Wilderink, Jade, abogado, Australia
Haigar, Lyne, abogado, Francia
Hala, Hala Abu Hijleh, abogado, Australia, Jordania, Naciones Unidas
Hammad, Mura, abogado, Reino Unido
Hayez, Thomas, abogado, Bruselas (Bélgica)
Henry, Nolwenn, asesora legal, Francia
Hurel, Morgane, responsable de la protección de datos, Francia
Hénaut, Florence, asesora legal, Francia
Icard, Philippe, académico, Francia
Jacotin, Salome, asesora legal, Francia
Jain, Meetali, abogado, Estados Unidos
James Henderson, James, investigador, Reino Unido
Jeet, Jamal, abogado, Jordania
Jegou, Guillemette, candidata a doctorado, Francia
Joychild, Frances, abogado, King’s Counsel, Aotearoa Nueva Zelanda
Kamoun, Sara, abogado, Francia
Kay, Sarah, abogado, Irlanda
Kermache, Yasmina, oficial legal, Francia
Kerriou, Philippe, ex secretario del CHSCT, Francia
Khaled, Al Masri, abogado, Derecho
Khawari, Ali Reza, abogado en el exilio, Afganistán
Kikas, Keiu, abogado, Inglaterra
Kobbe, Anne, abogado, Noruega
Kulinowski, Léa, asesora legal, Francia
Kurtoglu, Kenan, traductor judicial, Alemania
Lacassagne, Sabine, abogado, Francia
Lafouge, Marion, abogado, París
Lanoy, Marine, abogado, Bélgica
Lanthier-Veilleux, Annabelle, abogado, Montreal
Larsen, Tonje Lilaas, abogado, Noruega
Lassoie, Olivier, abogado, Bélgica (Bruselas) e Italia (Milán)
Lauriot, Elise, asesora legal, Francia
Leins, Kobi, doctor, Australia
Lenglet, Mathias, abogado, París, Francia
Lesfauries, Valentin, abogado – doctorado en derecho público, Francia
Lewis, Lilian, abogado, Reino Unido
Lidén, Emma, abogado, Suiza
Lino, Maya, abogado, Francia
Linus, Gardell, abogado, Suecia
Lorant, Nicole, magistrado administrativo, Francia
Lowy, Tamara, abogado, Francia
Lutze, Tobias, abogado, Alemania
Lyon, Wendy, abogado, Irlanda
Machover, Daniel, abogado, Inglaterra
Madi, Rania, asesora legal, Suiza
Magis, Noël, asesor legal, Francia
Magnette, Elaine, abogado, Bélgica
Maison, Rafaelle, profesora de derecho internacional, Francia
Marie, Jadoul, candidata a doctorado e invitada a impartir clases en UCLouvain, Bélgica
Marsacq, Loïc, asesor legal, Francia
Martin Cambon, Hélène, abogado, Francia
Masoud, Lucy, abogado, Inglaterra
Mayo, Mélissane, asesora legal, Francia
McKay, Fiona, abogado, Reino Unido e internacional
Meloni, Chantal, asesora legal sénior Ecchr, Berlín
Mena, Kenza, asesora legal, Suiza
Mensous, Chanez, asesora legal, Francia
Meystre, Benoit, abogado, Suiza
Mezzatesta, Vincent, asesor legal, Francia
Millou, Mariama, abogado, Francia
Miyar, Ghazal, doctorado en derecho (derechos humanos), Francia
Mohammad Alaa All Hiyari, Alaa, abogado, Jordania
Molin, Marie-Liesse, asesora legal, Francia
Mommer, Caroline, abogado, Bélgica
Monnier, Laura, abogado, París
Moreau, Juliette, abogado, Bélgica
Mostaert, Maude, abogado, Bélgica
Mostyn, Piers, abogado, Gran Bretaña
Mputu, Babaka, asesor legal, Suiza
Mustin, Léopold, abogado, Bélgica
Müller Ceretti, Florencia, profesora, Argentina
Nawaiseh, Ibrahem, abogado, Jordania
Obeidat, Omar, abogado, Irak
Oette, Lutz, profesor en derecho internacional de los derechos humanos, Londres, Reino Unido
Oner, Merve, abogado, candidata a doctorado, Países Bajos
Ouled, Olfa, abogado, Francia
Owens, Declan, abogado, Irlanda
Oyediran, Joanna, abogado, Inglaterra y Gales
O’Shea, Elizabeth, abogado, Australia
Peden, Helen, abogado, Reino Unido
Peeva, Milena, abogado, Suiza
Pettifer, Wendy, abogado jubilada, Reino Unido
Pin Hamdi, Haïfa, profesora, Francia
Playfair, Emma, abogado, Reino Unido
Poissonnier, Ghislain, magistrado, Francia
Porteilla, Raphaël, profesor de ciencias políticas, Francia
Prieur, Cyril, abogado, Francia
Rajbenbach, Hanna, abogado, Francia
Ralle, Elise, abogado, Francia
Rambolamanana, Vony, asesor legal, Suiza
Ravey, Kathryn, consultora legal, Estados Unidos
Reberteau Gouraud, Clarisse, asesora legal, Francia
Rolin, Xavier, abogado, Bélgica
Roquain, Sylvie, ex abogado, asesora legal, Francia
Rudloff, Constance, abogado, Francia
Saunders, Emma, asesora legal, Reino Unido
Scheer, David, profesor, Bélgica
Schmitt, Daisy, asesora legal, Francia
Schneegans, Vincent, abogado, Francia
Shaheen, Mohammad, abogado, Jordania
Sobiecki, Monica, abogado, Reino Unido
Souron Cosson, Alix, abogado, Francia
Sterckx, Maay, asesora legal, Francia
Strickland, Melanie, abogado, Reino Unido
Sæther, Marit Lomundal, abogado, Noruega
Séguin, Lilia, asesora legal, Francia
Taylor, Mark Beaumont, investigador, Noruega
Tesson, Jeanne, asesora legal, París
Teyssyre, Hélène, abogado, Francia
Tourme Jouannet, Emmanuelle, profesora, Francia
Turgeon, Rodrigue, abogado, Canadá
Uzma Sadaf Bhatti, Uzma Sadaf, consejera general / abogado, Noruega
Vail, Elise, abogado, Francia
Van Beneden, Élise, abogado, Francia
Van Den Broeck, Mieke, abogado – abogado del Colegio de Abogados, Bélgica
Van Der Plancke, Véronique, abogado y profesor, Bélgica
Van Edom, Justine, abogado, Bélgica
Van Vyve, Antoinette, abogado, Bélgica
Vannier, Camille, abogado, Francia
Vaz Semedo, Kelly, oficial legal y litigación Ghett’up, Francia
Verdicchio, Thibault, asesor legal, Francia
Villetard, Jim, abogado, Francia
Von Dewitz, Clivia, jueza, Francia, Alemania
Wangen, Juliette, asesora legal, Francia
Wawanoloath, Alexis, abogado, ex asesor en el Consejo de Abénakis de Odanak y ex diputado de Abitibi-Est, Quebec (Canadá)
Welchman, Lynn, profesor de derecho, Londres – Reino Unido
Welkenhuysen, Simok, abogado, Bélgica
Youchenko, Marlene, abogado, Francia
Younes, Josef Adam, abogado, Noruega
Zahnd, Patrick, profesor, Francia y México
Zongo, Arzouma, investigador, Bélgica
Investigación y redacción:
– Marie-Laure Guislain, abogada especializada en crímenes internacionales en Francia, participante en la demanda por complicidad en crímenes contra la humanidad contra la sociedad Lafarge y en la demanda por complicidad en genocidio contra BNP en Ruanda
– Tamsin Malbrand, abogada especializada en crímenes internacionales en Francia, participante en la demanda por complicidad en genocidio contra BNP en Ruanda.
Colaboradores:
–Joel Bedda, jurista en derecho penal internacional y humanitario
–Yasmina El Moussaid, jurista en derecho internacional
Foto: 2025 UNRWA Foto de Ashraf Amra. Desplazados cruzan al norte de Gaza, enero de 2025.
