Testimonio de una observadora electoral francesa en Colombia, y síntesis del informe final de la Misión de Observación Electoral española del Interparlamentario por la paz en Colombia
En vista de las elecciones presidenciales en Colombia, se montaron en muchos países alrededor del mundo varias misiones de observación electoral, para verificar las condiciones en las cuales se desarrolló el escrutinio.
Tuve la suerte de verme incluida en la Misión de Observación Electoral del Interparlamentario por la Paz en Colombia, compuesta por dieciocho personas del Estado Español, trece de ellas parlamentarias. Fue una emanación del grupo español que se constituyó con el objetivo principal de trabajar para apoyar y facilitar la construcción de paz en este país, con especial atención a la garantía de los Derechos Humanos y a las personas que los defienden. 51 parlamentarios del Congreso de los diputados, del Senado, del Europarlamento y de diferentes Parlamentos autónomos hacen parte de este grupo.
Para prepararnos, en particular para los que, como yo, experimentábamos por primera vez este tipo de misión, nos pudimos beneficiar de varias sesiones de formación a distancia las semanas previas a nuestro viaje. Se trataba de entender el contexto, entre otros, con las plataformas de DDHH y la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, así como el contenido más técnico sobre observación electoral con la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Así fue como en mayo, como voluntaria, viajé a Colombia para observar el proceso electoral, cada uno haciéndose cargo de sus gastos. Agradezco el grupo para la confianza al aceptarme en esta misión, que considero una suerte para seguir aprendiendo de este país que todos valoramos tanto.
La observación se llevo al cabo en más de cincuenta centros de votación, en Bogotá, Cali, Medellin y Buenaventura, después de días de reuniones con el CNE, la MOE, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Comisión de la Verdad, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, ONG, sindicatos y organizaciones sociales, y los alcaldes de todas las ciudades visitadas…
En ninguno de los lugares de votación en que fuimos se detectaron incidentes de seguridad u orden público reseñables. Pero pudimos anotar ciertas anomalías. Entre otros, en pocos sitios se encontraron los equipos para las identificaciones biométricas, una herramienta garantista de prevención de fraude, y cuando estaban, en algunos lugares se constataron problemas de funcionamiento y ralentización del proceso. Se nos reportaron dificultades en la acreditación de algunos testigos, en otras ocasiones, comprobamos que no estaban debidamente identificados.
Algo que nos impacto a todos, fue la falta de privacidad de los cubículos, por su diseño abierto y, en algunos casos, colegios sin accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Se observó fuerte presencia de la fuerza pública, claramente visibles y armados, lo que puede generar un efecto intimidatorio para parte de la población.
Mas allá de todo lo que apuntamos, hubo un contexto. Y este contexto es de pronto lo que más atenta a la expresión del sufragio en las condiciones normales de una democracia. Como lo fue la persistencia de las violencias en contra de los lideres sociales y comunitarios o defensores de derechos humanos, así como personas en proceso de reincorporación de las antiguas FARC, la violencia y la represión ejercida contra militantes de partidos políticos o miembros de organizaciones sociales alternativas y de oposición… Llama la atención el impedimento de los recién desplazados por esta misma violencia de poder acceder a su puesto de votación, las intimidaciones para no ir a votar o no votar por algún de los candidatos u otro, en las zonas en las que el Estado no es el que rige las condiciones de vida sino grupos armados ilegales.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el 2021 hubo un 181% más de personas desplazadas en Colombia, es decir, fueron al menos 73.974 personas, en su mayoría en Valle del Cauca, Magdalena, Arauca, Chocó y Nariño.
Después de las legislativas, la MOE había advertido en un informe de 11 de mayo que “el período preelectoral de los comicios legislativos del 2022 se consolidó como el más violento de los últimos 12 años en Colombia”. El mundo entero vio como el paro armado decretado por el grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) durante cinco días a comienzos de mayo, afectó al menos a 98 municipios, demostrando así su control territorial absoluto en 11 departamentos del país.
La violencia política selectiva se ha mantenido durante el periodo previo a las elecciones presidenciales : actos intimidatorios y amenazantes en contra de candidatos, captura de 32 jóvenes relacionados con las jornadas de protesta e integrantes de las Primeras Líneas, a cuatro días de las elecciones…
Nos llamó la atención las injerencias institucionales, entre otras las declaraciones de representantes de importantes instituciones gubernamentales, como fue el caso del comandante del Ejército Nacional de Colombia, General Eduardo Zapateiro Altamiranda o del presidente Iván Duque Márquez, quien manifestó en repetidas ocasiones críticas de las posiciones del candidato Gustavo Petro.
De un punto de vista del tratamiento de la información, la misión comprobó un desequilibrio informativo (igualmente reseñado por otras misiones, como la del Centro Carter), no solo en términos de tiempo concedido a cada candidatura en los medios, sino en la calidad y veracidad en el manejo de la información. Esta parcialidad se dirigió en mayor medida en detrimento de las candidaturas de la coalición política Pacto Histórico.
Una reforma a la Ley 996 de 2005 -Ley de Garantías- la cual prohíbe a las entidades locales, departamentales o estatales celebrar contratos en la modalidad directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el presidente sea elegido, permitió que el Estado pudiera celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación en 2022. Esto abre la puerta a las prácticas clientelistas, que direccionaran el voto en las regiones. Finalmente, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional el 5 de mayo de 2022. Mientras tanto, el daño estaba hecho, ya que se habían firmado más de 600 mil contratos por un valor aproximado a los 840 millones de dólares.
El informe final de la Misión detalla mucho más cada uno de estos puntos, y otros, además de sacar en conclusión recomendaciones para los futuros escrutinios.
La primera de ella es instar a las autoridades electorales colombianas a atender las recomendaciones hechas públicas por la MOE después de la segunda vuelta. Otra es de promover prácticas de educación y formación ciudadana para fortalecer la cultura electoral, también de facilitar el acceso seguro de la población a los sitios de votación, facilitar la acreditación de testigos electorales por parte de las diferentes candidaturas en lista, mejorar las condiciones de los colegios electorales y garantizar la privacidad del ejercicio del voto, eliminar la presencia de fuerza pública armada en su interior.
Hace falta eliminar la violencia sobre las comunidades y la represión y amenazas hacia las organizaciones sociales y políticas y sus líderes, tal como implementar plenamente el Acuerdo de Paz con las FARC del 2016. Una de las recomendaciones, que es restablecer los diálogos con el ELN está ya en marcha. Y seguramente muchas otras como la de acabar con las prácticas de criminalización y judicialización de la protesta social y de la oposición política o social. Algunas se demorarán más que otras. La búsqueda de una información electoral equilibrada por los grandes medios de comunicación que pertenecen a multinacionales, veraz y alejada de las campañas de odio y de discriminación y la lucha efectiva contra la compra de votos, seguramente, tomaran mas tiempo.