Tras la firma del Acuerdo Final de Paz en el país se han registrado 238 hechos de grave afectación al medio ambiente: en promedio uno por semana. Esta es la cifra que arrojó el informe ‘El ambiente como víctima silenciosa: un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz‘, presentado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Esto en términos de frecuencia significa que cada semana se cometió por lo menos una grave afectación a la naturaleza. Los años de mayor registro de afectaciones fueron 2019 y 2021. Este último año presentó un crecimiento atípico en el número de acciones destructivas.
En términos de cobertura geográfica, la UIA contabilizó afectaciones al medio ambiente natural en 21 departamentos de Colombia. Los departamentos más afectados fueron: Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Santander y Meta
Es por eso, que, desde ese órgano de la JEP visibilizaron las consecuencias graves y extensas que tienen los atentados a la infraestructura petrolera, la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando de madera y la destrucción de ecosistemas estratégicos del sistema de áreas protegidas sobre el ambiente natural durante el posacuerdo.
Sobre la afectación a la infraestructura petrolera la UIA encontró que se han registrado 41 ataques principalmente en Norte de Santander, Arauca y Nariño, la mayor parte de ellos en 2019. La Unidad alerta sobre los daños que estos hechos ejercen sobre las fuentes hídricas en las que se derrama el crudo. Algunos grupos armados usan estos derrames para almacenar el petróleo y venderlo para financiar sus estructuras.
La minería ilegal ha sido el hecho que más afecta el medio ambiente de manera constante en estos años. En el período posterior a la firma del Acuerdo, en 17 departamentos y en 66 municipios se han presentado, al menos, 140 afectaciones a fuentes hídricas, suelos, fauna y flora derivados de esta modalidad criminal. La mayor concentración de estos hechos se da en el Bajo Cauca antioqueño y en Chocó. En 2021 este tipo de afectaciones se disparó, principalmente por el accionar del Clan del Golfo.
La tala masiva e indiscriminada de árboles, actividad que ayuda a soportar las economías ilegales, ha ido en aumento desde la firma del Acuerdo. En 2021, el número de actividades registradas creció en 900% y 2022 ya es el segundo año con mayor cantidad de registros. La deforestación golpea especialmente a la Amazonia, donde se concentró 72% de las afectaciones.
La UIA también hizo un llamado por la delicada situación de violencia que se vive en nueve de los 43 Parques Nacionales Naturales. En estos (20% del total) persisten grupos armados al margen de la ley que, además de cometer acciones directas contra el territorio, también han impedido la labor de funcionarios, líderes y lideresas ambientales. Asimismo, es preocupante las tasas de deforestación en estas zonas, por los intereses de cultivar coca o de impulsar la ganadería extensiva.
Varias razones motivan la emisión de este informe: en primer lugar, la destrucción del medio ambiente constituye una forma de delito pluriofensivo, pues vulnera de forma simultánea los derechos de poblaciones enteras a la vida, el agua, la salud y la vivienda. Regiones como el Catatumbo y el pacífico nariñense, donde la JEP ha priorizado dos de sus macro casos, han sido afectadas significativamente por las constantes voladuras a los oleoductos. Según estimaciones propias, estos atentados a la infraestructura petrolera han puesto en vilo la subsistencia material de por lo menos 76.750 personas.
En segundo lugar, por vía judicial, en más de 17 departamentos y 85 municipios, se ha declarado el medio ambiente como sujeto de derechos. Asimismo, en diferentes jurisdicciones transicionales, como Justicia y Paz, y la JEP, se ha reconocido al medio ambiente como una víctima del conflicto armado con los paramilitares (agrupados en las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia) y la otrora guerrilla de las FARC-EP.
Por su parte, en la Jurisdicción Especial para la Paz se han proferido cuatro fallos que plantean de forma pionera en el mundo, el reconocimiento del territorio como víctima de un conflicto armado. Se trata de los casos del Cxhab Wala Kiwe, el Katsa Su y el Eperera Euja que son territorios ancestrales de los pueblos indígenas Nasa, Awá y Sia respectivamente, así como los consejos comunitarios de Tumaco donde habitan negritudes.
Por consiguiente, el reconocimiento que hizo la JEP del territorio como víctima estuvo fundamentado en la necesidad de otorgarle derechos a la reparación, pues el paradigma orientador es la justicia restaurativa por lo cual se debe sanear y armonizar la naturaleza como fuente dinamizadora de vida para los sujetos individuales y colectivos afectados por la guerra
El ambiente como víctima silenciosa
La valoración de la naturaleza como sujeto de derechos es uno de los avances jurídicos más importantes en materia de protección a los derechos humanos en Colombia. La jurisprudencia emergente de la Corte Constitucional y la JEP muestran que ríos, lagos, páramos y territorios son merecedores de medidas de restauración del daño ocasionado por la acción depredadora humana.
Este reconocimiento jurídico es un acto de reparación en sí mismo, y en la justicia transicional, se considera también como un paso para las garantías de no repetición. Por consiguiente, desde la Unidad de Investigación y Acusación, se propende por el abandono del paradigma antropocéntrico, pues se considera que es el camino razonable para superar los ciclos permanentes de violencia en el país que muchas veces han estado motivados por la explotación de los recursos naturales como fuente de financiación y enriquecimiento personal de los alzados en armas y sus cómplices en la legalidad.
Como medida preventiva, la UIA optó por medir las afectaciones al medio ambiente después de la firma del Acuerdo de Paz. Las razones fueron múltiples: por una parte, visibilizar lo invisibilizado, pues que haya un hecho de destrucción a la biodiversidad cada semana (después de la firma del acuerdo) es un síntoma de la gravedad del fenómeno.
