Matar un río en medio de la crisis climática: Pobladores del río Anchicayá (Buenaventura) invitan a la Manifestación por la Dignidad del Río Anchicayá y de sus Comunidades este 1 de diciembre 2022 para reclamar Justicia frente a la Corte Constitucional en Bogotá.
Los miembros del Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá, ganadores en el año 2021 del Premio Nacional de Derechos Humanos por la defensa del río, se movilizarán hasta la ciudad de Bogotá para: alertar sobre el riesgo de inundación y de una nueva tragedia, pedir a la Corte Constitucional proferir una nueva Sentencia Unificadora en el Caso Anchicayá y declarar al río Anchicayá como Sujeto de Derechos, además de restituir los derechos de la comunidad y la naturaleza e investigar las decisiones de suspender el cumplimiento de la sentencia.
El recorido de la Manifestación Por la Dignidad del Río Anchicayá y de sus Comunidades, es el 1 de diciembre, iniciando en el Ministerio de Ambiente en la ciudad de Bogotá, a las 11:00am, continuarán con una marcha sobre la Carrera Séptima. Su primer parada será en la Defensoría del Pueblo donde continuarán hacia el Congreso de la República y finalizarán la jornada con un plantón y velatón en la Corte Constitucional.
Los desastres de las Multinacionales.
El Anchicayá es un río colombiano, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Nace al oeste de Cali y desemboca en el océano Pacífico, en la bahía de Buenaventura. Con una longitud de 100 Kilómetros, ancho y caudaloso; su agua fue almacenada para la producción de energía eléctrica en dos represas: El primer embalse es el del Bajo Anchicayá y la segunda la Represa de Alto Anchicayá.
Ubicadas en el corazón del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en jurisdicción de los municipios Buenaventura y Dagua, se convirtieron en las que mataron al Río Anchicayá, ahora moribundo y agonizante junto con las comunidades que dependen de él para sobrevivir.
El Consejo comunitario mayor del río Anchicayá, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, está constituido por catorce comunidades afrodescendientes y más de 6000 habitantes que fueron afectados por la contaminación del caudal, el afluente, que era la principal fuente de sostenimiento de la población empezó a morir, empezó el ecocidio.
Las comunidades se quedaron sin sustento, en junio de 2001, la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) abrió las compuertas de su represa y descargó sedimentos allí, más de 500.000 metros cúbicos de lodos podridos fueron lanzados a su cauce; matando los peces y los cultivos a su alrededor, matando el habitat natural, el desarrollo, las tradiciones y desplazando forzosamente a familias enteras, a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Estas comunidades son consideradas un ejemplo de lucha y de resistencia frente a los diferentes tipos de violencia que han tenido que enfrentar en las últimas décadas. Este ha sido un territorio donde la confrontación entre grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y tropas estatales hace parte del cotidiano de la población.
La historia de un Ecocidio
Hace 21 años, el 21 de julio de 2001, la empresa española Unión Fenosa Distribución, (hoy Grupo Naturgy) dueña de la operadora de la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá llamada Empresa de Energía del Pacífico S.A, más conocida como EPSA, decide la apertura de las compuertas del embalse provocando el derramamiento indiscriminado de más de 500.000 metros cúbicos de lodos podridos en el río Anchicayá afectando drásticamente la fauna acuática y a la comunidad que vive del río.
Esta decisión no fue consultada y no tuvo en cuenta cómo afectaría a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, pertenecientes a las etnias afrodescendientes, que dependen en lo absoluto del río para subsistir. Los daños ocasionados a las comunidades y al río Anchicayá son catastróficos, vulneran los derechos del río así como de las comunidades que habitan el territorio y reflejan las malas prácticas de la empresa Unión Fenosa Distribución S.A. En efecto, luego de provocar el desastre, la compañía española vendió la represa a la Empresa de Energía del Pacífico S.A EPSA (hoy conocida como Celsia S.A).
En la Acción de Grupo interpuesta por el Consejo Comunitario en el año 2002 para reclamar la indemnización por los daños ocasionados por este desastre, el Tribunal del Valle condenó en segunda instancia, el 7 de septiembre de 2009, a la empresa de energía del Pacífico S.A EPSA (Celsia S.A) por acción y al Estado colombiano por omisión, por los daños causados en el desastre del 2001.
Del mismo modo, la empresa fue condenada a ejecutar las medidas compensatorias contenidas en la resolución 809 de 2001 y 556 de 2002 proferidas por el Ministerio de Ambiente a favor de las comunidades de Anchicayá. Sin embargo, el Estado colombiano no ha hecho cumplir la sanción, impidiendo implementar los programas de sustitución alimentaria, de fomento piscícola, y de asistencia agropecuaria, contenidos en la resolución, para mitigar, corregir o compensar los impactos causados.
Posteriormente, una sala de decisión del Consejo de Estado profirió la sentencia unificadora SU del 10 de junio del 2021 mediante la cuál, de manera arbitraria e injusta, deja sin efectos la sentencia de segunda instancia de la acción de grupo del año 2009.
Esta anula las pruebas de valoración, anula los censos, criminaliza a las víctimas y líderes de la zona, excluye del proceso a miles de habitantes y rebaja las valoraciones contenidas en los peritajes. Esto generó que personas pertenecientes a grupos violentos al margen de la ley pretendieran que se les incluya en el grupo de víctimas mediante amenazas y actos violentos en contra de los líderes y del apoderado del caso.
En la actualidad, la sala plena de la Corte Constitucional ha decidido asumir la competencia en sede de revisión de tutela (T-8197319 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo) para efectos de estudiar la solicitud con varios motivos: para que se declare el río Anchicayá y sus afluentes como sujetos de Derechos; para que se prevengan los riesgos de colapso de la represa; para que se deje sin efectos la SU del 10 de junio del 2021; para que asuma el trámite de fondo del mecanismo de revisión eventual de la acción de grupo y para que ordene el inmediato cumplimiento de la sentencia de segunda instancia de la acción de grupo del 7 de septiembre del año 2009, entre otros aspectos relevantes.
Este mensaje constituye una alerta temprana debido a que, hoy en día, la amenaza persiste debido a que la represa se encuentra una vez más colmatada de lodos podridos lo que puede conllevar, a la repetición de la tragedia, 21 años después.
