Masacre 58 ocurrida en el 2022: 4 indígenas AWÁ asesinados, entre ellos, una mujer gestante.

En menos de 24 horas, se conocieron 2 masacres en el los departamentos de Nariño y Valle del Cauca.

Este 31 de julio asesinaron a 4 indígenas del pueblo AWÁ y 2 más resultaron heridos en el municipio de Barbacoas, Nariño; además en el mismo departamento asesinan a un comunero Awá, en el Resguardo Piguambi Palangala.

Idelber Gómez Solano, firmante del Acuerdo de Paz asesinado en Puerto Caicedo, Putumayo y 5 personas más asesinadas en La Unión, Valle del Cauca.

María Verónica Pai Cabeza, era lideresa indígena e integrante del resguardo Piguambi Palangala de la comunidad Awá que se ubica en el departamento de Nariño. La líderesa indígena tenía 6 meses de embarazo, su cuerpo fue dejado en la vía pública.

Según lo reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, hombres armados llegaron a un establecimiento público ubicado en el corregimiento de Altaquer, jurisdicción del municipio de Barbacoas, allí atacaron a quienes se encontraban en el lugar, causando la muerte a los cuatro integrantes de la comunidad AWÁ, incluída María Verónica Pai, y dejando a otras más heridas.

Idelber Gómez Solano, era firmante del acuerdo de paz, quien realizaba actualmente su proceso de reincorporación en el departamento de Putumayo; los hechos ocurrieron en un establecimiento público. Con Idelber van 29 firmantes asesinados en 2022 y 335 desde la firma del Acuerdo de Paz.

Las cinco víctimas reportadas en La Unión, Valle del Cauca, fueron asesinadas mientras departían en una vivienda. Aún no se conocen sus identidades.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha dado la instrucción de enviar una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo a la zona de la comunidad AWÁ, para verificar la situación de derechos humanos, acompañar a las familias de las víctimas, a las autoridades y activar las rutas de atención humanitaria.

Pueblo indígena AWÁ

El pasado 18 de julio, diversas organizaciones indígenas de Colombia realizaron un llamado para que el Estado atienda la grave situación humanitaria que vive el Pueblo Awá en el sur de Nariño.

El pueblo binacional inkal Awá, es uno de los 64 pueblos indígenas en Colombia que todavía conserva su lengua nativa, el awapit, y que pervive gracias al esfuerzo de las 25.000 personas que lo hablan.

El lugar en que residen los Awá se denomina Katsa Su, que significa Gran Territorio y representa una compleja red de interacciones entre las personas, los seres no humanos y los espíritus. Para el Pueblo Awá, el Katsa Su solo está bien si las comunidades pueden transitar a través de él y llevar a cabo sus actividades tradicionales.

Este territorio ha estado en disputa por parte de diversos grupos armados, quienes aprovechan esta zona del sur de Nariño para producir y transportar droga, extraer oro, y para robar petróleo del Oleoducto Transandino.

Localización geográfica de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. En azul se observa la zona donde se ubican los resguardos indígenas del territorio y en verde los consejos comunitarios de la zona.

La Sala de Reconocimiento de la JEP prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que afectaron sobre todo a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.

Alertas tempranas

La Defensoría del Pueblo, ha emitido la alerta temprana AT 045-19, en Nariño en la cual señala un factor de riesgo inminente para las autoridades tradicionales, líderes y líderesas indígenas. Estos hechos se relacionan con el ejercicio de gobierno propio.

Los miembros de las comunidades indígenas frecuentemente son intimidadas y amenazadas por actores armados ilegales cuando se oponen o denuncian el desarrollo de actividades ilícitas, participan en procesos de restitución de tierras y/o a la implementación de proyectos del programa de sustitución de cultivos.

También emitió la alerta temprana 004/22, en la Unión, Valle del Cauca, de riesgo electoral, en la que señala el grado de control que los grupos armados ostentan en algunas zonas de la región.

Sus estrategias de incidencia social y eventuales alianzas con poderes locales y regionales que impidan cualquier transformación sustancial en el territorio para dar cabida a asegurar que no haya riesgo en las rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales controladas por los grupos. También se establece el retorno de estructuras armadas pos AUC que desde sus mandos estarían buscando entrar y quedarse con el control de la zona