Entre los procesos hay casos de clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos, deslinde de tierras de la Nación y extinción del derecho de dominio.
Boyacá concentra el 31% de los casos con más de 12.000 procesos. Le siguen los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Santander y Nariño.
La ANT recibió esta orden de la Corte Constitucional que, en la sentencia SU-288, traza la ruta para resolver los procesos de pertenencia sobre la propiedad rural.
Solucionar 37.105 procesos agrarios sobre predios privados y baldíos de la Nación, es uno de los principales desafíos que tiene la Agencia Nacional de Tierras – ANT en cumplimiento de la sentencia SU-288 de la Corte Constitucional, la cual ratificó la competencia de la Agencia en la delimitación, recuperación y adjudicación de baldíos en Colombia.
El 95% de estos procesos agrarios (35.337), corresponden a casos de clarificación de la propiedad en los que la ANT “tiene el compromiso de realizar intervenciones en los procesos de pertenencia que inician los jueces civiles para determinar si el predio es privado o es un baldío de la Nación, y lo debemos hacer de manera rápida”, explicó Julio Cuastumal Madrid, director de la Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia.
Los demás procesos agrarios comprenden 862 casos de recuperación baldíos que han sido indebidamente ocupados, 488 casos de extinción de dominio sobre predios que no cumplen con la función social de la tierra y 418 casos de deslinde en los que la entidad deberá delimitar los terrenos privados de los públicos como es el caso de la Laguna de Tota en el
departamento de Boyacá.
Precisamente, con 12.064 casos, Boyacá es el departamento que más procesos agrarios concentra, seguido de Córdoba con 3.899, Cundinamarca con 3.642, Santander con 2.581 y Nariño con 2.170. Resolver este tipo de procesos implica para la ANT avanzar en la orden 27 de la sentencia SU-288, la cual le exige a la entidad elaborar un inventario nacional de
baldíos y un plan de recuperación.
Ante el desafío de casos, muchos rezagados desde el antiguo Incoder, la ANT designó este año 80.000 millones de pesos para la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de Tierras que “hasta el año pasado, tenía 12.000 millones, los cuales eran insuficientes para cumplir con todos los compromisos que hay respecto a la tenencia de la tierra y los conflictos agrarios en el país”, precisó Cuastumal. La meta en 2023 es intervenir 270 mil hectáreas con procesos agrarios de todo tipo.
