Los desafíos de Colombia en el 2023 para ser Potencia Mundial de la Vida

Balance ambiental 2022 y proyecciones para el año en curso

El 2022 fue un año de nuevas leyes y decretos ambientales en Colombia, muchos de ellos entregados por el gobierno saliente como un esfuerzo por cumplir lo prometido en años anteriores. Las normas, elegantemente registradas en el papel, son un avance en términos de política pública que aportan a los propósitos ambientales del país de cara a la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad. Sin embargo, desarrollar efectivamente los acuerdos promulgados es un trabajo por realizar en el 2023 bajo el liderazgo del nuevo gobierno, que ya se acerca a su primer semestre de mandato.  

Los desafíos para el equipo del presidente Petro y la sociedad colombiana son bastante amplios porque, además, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de conflictos ambientales en el mundo, tal y como lo evidencian plataformas como el Atlas de Justicia Ambiental EJAtlas y el Observatorio de Conflictos Ambientales OCA. Por lo tanto, es necesario atender diversas exigencias y recomendaciones a fin de lograr avanzar en la solución de dificultades heredadas y dar forma a nuevas propuestas, planteadas como sendas necesarias para lograr la sustentabilidad ambiental. 

Antes de presentar los retos ambientales de Colombia para el 2023, es importante hacer un balance del 2022 y señalar algunos de los hitos del escenario ambiental durante el año anterior.

Lo ocurrido en 2022 en cuanto al ambiente en Colombia:

• En marzo de 2022, once años después de haber considerado al hipopótamo en la lista preliminar de especies introducidas e invasoras en Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente lo incluyó oficialmente en la lista de especies invasoras, abriendo posibilidades reales para tratar la presencia de los segundos mamíferos terrestres más grandes de la Tierra como un riesgo para el equilibrio de los ecosistemas de agua dulce del país.

• De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente, durante el primer semestre de 2022 la deforestación en la Amazonía aumento un 11% en relación con el 2021, alcanzando 52.460 hectáreas (ha) sólo para la primera mitad del año. Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia fueron los seis departamentos más afectados por esta problemática.
• Colombia cumplió y superó la meta de tener un 30% de sus áreas marinas protegidas al aumentar en 78% el tamaño del Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí – Malpelo, que alcanzó 9.622.880 ha, y al declarar las Áreas Marinas Protegidas de la Cordillera Beata en el Caribe, y Colinas y Lomas del Pacífico, mediante las resoluciones 671 y 672 del 28 de junio de 2022, zonas que destacan como Áreas Significativas para la Biodiversidad (ABS).

• Tres días antes de dejar la Casa de Nariño, mediante el decreto 1476, Iván Duque modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía con el fin de “adoptar disposiciones dirigidas a promover la innovación, investigación, producción, almacenamiento, distribución y uso del Hidrógeno” como fuente energética en el país.
• En octubre de 2022, por decisión mayoritaria de la Cámara de Representantes, se firmó el Acuerdo de Escazú que había estado esperando su ratificación por parte del gobierno colombiano durante más de dos años.

• Durante el último trimestre entraron en consideración proyectos de energías renovables para la transición energética justa en el país y de la mano, la Comisión Quinta del Senado aprobó en diciembre el primero de cuatro debates sobre el proyecto de ley para la prohibición del fracking.
• En diciembre Colombia firmo el acuerdo global de Kunming-Montreal, centrado en detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

En qué deberíamos centrarnos para el 2023 en materia ambiental:

Aunque los desafíos son enormes, es posible trazar cuatro retos generales para el país que involucran acciones específicas en materia ambiental. Crear e implementar de la mano de diferentes sectores tanto instrumentos como estrategias de política pública viables, efectivas e incluyentes para la puesta en marcha de las leyes e iniciativas de protección del clima y la biodiversidad establecidas en 2022 es la meta global de cada uno de ellos.

1. Protección efectiva de la Biodiversidad y la bioculturalidad:

Proteger la biodiversidad va más allá de conservar la fauna y flora de los ecosistemas del país, esta protección incluye asegurar los modos de vida tradicionales de muchas comunidades humanas que coexisten con los ecosistemas, conservando a la par sus saberes y conocimientos sobre la naturaleza. Por eso la protección de la biodiversidad también es una protección de la bioculturalidad, es decir, tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural intangible. En esa medida, es primordial, ajustar y poner en marcha planes de manejo efectivos tanto para controlar las amenazas que traen las especies invasoras como para conservar las áreas protegidas, de la mano de diferentes sectores sociales y entidades gubernamentales. De manera específica es necesario:

a.) Tomar en cuenta las recomendaciones del Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas para desarrollar las estrategias que permitan controlar y disminuir la reproducción de los hipopótamos en la cuenca del río Magdalena que ha generado, entre otras, fuertes alteraciones en la población de manatíes y en la calidad de vida de las poblaciones ribereñas;

b.) Llevar a cabo las medidas de conservación para las nuevas áreas marítimas protegidas en el 2022, pues además de decretos se requiere la ejecución de un plan de protección y manejo que en adición a los lineamientos técnicos establecidos por Parques Nacionales Naturales involucre la destinación adecuada de recursos económicos. De la misma manera, es importante que el Ministerio de Medio Ambiente continúe los diálogos con el gobierno de Nicaragua a fin de mantener la condición especial de la reserva de biosfera Seaflower para garantizar la riqueza biológica de esta ecorregión y la seguridad alimentaria de los isleños;

c.) Establecer la delimitación definitiva del páramo de Santurbán, ordenado por la Corte Constitucional hace más de cinco años, a fin de proteger el ecosistema de la minería de oro, incluyendo de manera efectiva las consideraciones de las comunidades campesinas, la población del área metropolitana de Bucaramanga y los mineros artesanales. La atención definitiva a la situación de incertidumbre sobre Santurbán permitirá crear un precedente nacional sobre la protección de los ecosistemas fundamentales para el abastecimiento de agua dulce, sin la cual no es posible ser una potencia mundial de la vida.

2. Desarrollo de políticas y apoyo de iniciativas intersectoriales contra la deforestación:

Si bien, desde el 2021 la deforestación es considerada como delito ambiental en el país, la efectiva disminución de esta práctica y las consecuentes medidas de remediación requieren un desarrollo amplio de la Ley  2111, que más allá de llevar a la cárcel a los infractores plantee acciones interinstitucionales a fin de realizar un control territorial adecuado y organizar la distribución de las multas para que estas vayan a un fondo especial dirigido únicamente a estrategias de rehabilitación, revegetalización y reforestación.

a.) De una parte, como lo han mencionado Catalina Oviedo (Cealdes) y Rodrigo Botero (FCDS), es fundamental consolidar el catastro multipropósito que permita conocer la condición de los predios en el país, especialmente en las zonas más alejadas de la presencia estatal, tales como el Amazonas y el Chocó biogeográfico, para tener un control social y político más directo y actualizado sobre los terrenos baldíos, las actividades de ocupación y los responsables en términos administrativos, a fin de comprometer al grueso de la sociedad en la lucha contra a la ganadería extensiva, los cultivos agroindustriales, la expansión de la frontera agrícola y la minería por vía de apropiación ilegal de la tierra;

b.) Así mismo, es necesario garantizar la implementación de herramientas jurídicas que favorezcan una mejor gestión territorial de las zonas de importancia ecológica y permitan adelantar procesos de recuperación de las tierras acaparadas, además es importante modificar la ley 1333 de 2009 para asegurar que las multas captadas por deforestación se dirijan a planes de conservación y rehabilitación de suelos;

c. ) De otra parte, se requiere trabajar mancomunadamente con la academia y las comunidades para que se adelanten tanto procesos de protección y restauración a través de tecnologías de Información Geográfica Voluntaria – IGV que puedan favorecen la actualización permanente de la información catastral como apoyar de  manera directa estrategias tipo 80×25, liderada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, orientada a promover el compromiso de proteger el 80% de la Amazonía al 2025;

d.) Finalmente, el Gobierno debe revisar con lupa estrategias que ha considerado implementar tales como el pago por servicios ambientales y la economía forestal para que éstas no deriven en nuevas formas de explotación de la naturaleza que en lugar de promover su sustentabilidad generan impactos directos en zonas con alta importancia ecológica, así como aumento de la fragmentación social y la dependencia económica de iniciativas de terceros por parte de las comunidades tradicionales.

3. Establecimiento de estrategias acordes con el contexto nacional para la transición energética justa:

La mitigación del cambio climático mediante la apropiación de estrategias que mantengan el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5°C, como lo estableció el acuerdo de Paris, es la mayor responsabilidad de cualquier nación en la actualidad. Si bien, la protección de la biodiversidad y la lucha contra la deforestación aportan a este propósito mundial, la estrategia más apremiante es la transición energética hacia fuentes renovables que no generen Gases de Efecto Invernadero, como los originados por los combustibles fósiles. En este sentido, el reto más apremiante para Colombia está en establecer la hoja de ruta para la transición energética que el Ministerio de Energía ha asegurado será publicada el 10 de mayo de 2023.

En medio de las desavenencias que el tema ha generado al interior del gobierno, la recomendación es pensarse una transición consciente y consensuada desde la sabiduría de considerar todas las dimensiones que involucran una transición justa ambiental, económica y socialmente, en lugar de presionar una transformación inconveniente de la matriz energética sin alternativas suficientes para la diversificación productiva y laboral. Así las cosas, es fundamental:

a.) Revisar la constitucionalidad, real viabilidad y eficiencia de las leyes aprobadas para el plan de transición energética (Dec. 1476 sobre hidrógeno, conpes 4075 de transición energética) en Colombia a fin de evitar afectar y violentar a nuevas comunidades y territorios del país;

b.) Planear no solo desde el componente técnico sino, fundamentalmente, desde el componente social la implementación de comunidades energéticas desde las que sea posible una democratización real de la energía donde las comunidades lideren el acceso, producción y distribución de la energía;

c.) Definir de manera estructurada el futuro de la matriz energética del país y los planes de cara a la explotación de recursos fósiles dando prelación fundamental al manejo de pasivos ambientales y los planes de cierres mineros progresivos que garanticen procesos de restauración y escenarios de diversificación económica y desarrollo territorial, principalmente en los departamentos del Caribe colombiano, históricamente afectados por la destrucción y contaminación de sus ecosistemas de bosque seco, ciénagas y sabanas.

4. Garantizar la participación y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por proyectos de explotación de la naturaleza y de desarrollo económico tradicional:

La firma del acuerdo de Escazú innegablemente marca un avance en relación con el reconocimiento de los defensores ambientales y la protección de sus derechos. Sin embargo, para garantizar los derechos humanos en uno de los países que encabeza los crímenes hacia los líderes ambientales en el mundo es fundamental:

a.) Fortalecer el compromiso social y político hacia la protección de la vida, tanto de comunidades humanas como de los ecosistemas, mediante la implementación de la paz total;

b.) Brindar mayores espacios de participación democrática en materia ambiental especialmente a los campesinos y las comunidades étnicas en la ruralidad, respetando a cabalidad el derecho a la consulta previa en cada proyecto y considerar el principio de precaución ante iniciativas extractivas que han generado cuestionamientos y oposición de la población, tales como, el desvío y detrimento de fuente hídricas para el beneficio de empresas mineras (caso arroyo Bruno) o creación de hidroeléctricas (Hidrohituango) y la extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales (fracking);

c.) Establecer y robustecer una política de manejo de información ambiental y conflictos ambientales de libre acceso como estrategia de acompañamiento a defensores ambientales en conjunto con la academia, las ONG y las autoridades ambientales

d.) Favorecer la protección de semillas criollas, así como los mercados agroecológicos y agroalimentarios locales para apoyar las condiciones de vida tradicionales mientras se reduce la contaminación de suelos y agua al disminuir la dependencia de agroinsumos químicos. Esta estrategia debe trabajarse a la par con el ministerio de agricultura para aumentar la seguridad alimentaria aprovechando el potencial que tiene Colombia para generar sus propios agroinsumos y reducir su dependencia de las importaciones desde Europa. El desarrollo de políticas y programas adecuados, así como de infraestructura permitiría que el país además de mejorar su producción agrícola, lo hiciera desde tecnologías limpias agroecológicas que le permitieran competir en el mercado internacional.

Los desafíos presentados dependen, sin duda, de una férrea voluntad política, encaminada a promover transformaciones socioambientales adecuadas para Colombia a través de planes y acciones efectivas para ejecutar las leyes existentes y evitar que queden solamente en el discurso. Sin embargo, la construcción de las soluciones sustentables a largo plazo implica un involucramiento directo de diferentes sectores que más allá de defender sus intereses particulares, integren sus visiones a la construcción colectiva del país que necesita la sociedad colombiana de cara a ser potencia mundial de la vida, desde la responsabilidad que tenemos ante el mundo como poseedores de características ambientales imprescindibles para el equilibrio ecológico de múltiples regiones a diferentes escalas.