Información que conduzca al hallazgo e identificación de sus familiares, esclarecer por qué los asesinaron, que los comparecientes reconozcan su responsabilidad en la participación de los crímenes y que se restaure el buen nombre de las familias y de las víctimas, fueron algunas de las demandas que expusieron 26 víctimas que participaron en la audiencia pública de observaciones que se llevó a cabo en Villavicencio (Meta) el 23 y 24 de febrero.
Las demandas de verdad y reconocimiento que se dieron en el marco del caso que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, «falsos positivos», se hicieron dentro del Subcaso Meta después de conocer las versiones que han entregado 68 integrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’, estructura militar priorizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad por 71 hechos documentados por la JEP entre los años 2002 y 2007.
Durante la diligencia los familiares de las víctimas acreditadas detallaron cuáles fueron las afectaciones que sufrieron, señalaron lo que esperan del proceso judicial en la JEP y se refirieron a lo que han dicho los comparecientes en sus versiones. “Estas observaciones serán incluidas en el expediente. Queremos develar la existencia de patrones criminales e identificar a los máximos responsables. Este proceso no está completo sin la verdad de las víctimas sobre lo ocurrido y la valoración de lo que dijeron o han omitido los comparecientes.”, manifestó el magistrado Alejandro Ramelli, relator del Subcaso Meta.
“Hoy la voz la tenemos las víctimas. Llegó la hora de que nos escuchen. Esperamos que tengan en cuenta nuestras solicitudes y exigencias porque tenemos la esperanza puesta en ustedes”, empezó diciendo en su intervención Nubia Ortiz ante la JEP y agregó: “Queremos contarles lo que hemos vivido. Hablar de quienes debían protegernos y no lo hicieron. Nos quitaron a nuestros familiares (…), los seguimos llorando y aún esperamos que se conozca la verdad”, señaló la hermana del menor Miller Ortiz González.
Lina Rozo, hija de Clara Patricia Suárez Valencia, fue otra de las víctimas que tomó la palabra: “Arrasaron con toda clase de oportunidades. Quedamos a merced de que fuéramos juzgados y discriminados por las personas que no sabían nada del dolor que sentíamos (…). Queremos pedirles verdad, honor y justicia. Nosotras, siendo niñas, quedamos huérfanas. Pido que limpien y brinden honor a mi familia. Especialmente a mi mamá y a mi tía. Pero no solamente a ella, sino a todas las víctimas”, manifestó tras relatar que su madre fue asesinada en 2006 por “buscar documentos para que le entregaran el cuerpo de mi tía Luz Marina asesinada en 2002”.
Otras víctimas interpelaron a los comparecientes y comentaron lo que han dicho en sus versiones que les resultan “falsas” o “incompletas”. “El acta de defunción que tiene el batallón tiene la firma de él”, le dijo Dúver, hijo de Jesús Darío Deaza, al teniente coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya de León, comandante del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ para el momento de los hechos, sobre la búsqueda que ha emprendido en estos 21 años de vida para encontrar verdad, justicia y reparación. Otro de ellos, Ferney Mejía, les dijo: “Hasta el momento no hemos escuchado ‘yo fui’” y Germán Gonzales insistió “ellos murieron al pie de la escuela de una vereda que se llama Guapaya Medio”.
Cada uno de los testimonios entregados por las víctimas durante la audiencia de observaciones será contrastado por la Sala e incluido en el expediente judicial con el fin de determinar los hechos y conductas de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate atribuidas a miembros y exmiembros del batallón.
Precisamente, a partir del proceso de escucha, y para ahondar en la información suministrada por las víctimas, la Sala de Reconocimiento ordenó a Medicina Legal que informe detalladamente el alcance del proceso de identificación y entrega de una de las víctimas: Yahn André Correa Palacios.
Asimismo, le ordenó al Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ que haga una búsqueda exhaustiva de todos los documentos de identidad que reposen en sus instalaciones de quienes fueron reportados como muertes en combate y, finalmente, la magistratura le solicitó a la Unidad de Víctimas que, al término de un mes, informe sobre el estado en que se encuentran los procesos de reparación de las víctimas acreditadas en el Subcaso Meta, ya que algunas de ellas reportaron que pese haber sido acreditadas por la JEP, no han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas. “Si nosotros no aparecemos en el registro como víctimas a pesar de todo lo que nos ha sucedido, entonces, ¿quiénes son las víctimas?”, preguntó Javier, hermano de Eider Quiguanas Rumique, en la audiencia.
