El día 06 de abril se hizo publicó el pronunciamiento de la misión de verificación sobre el operativo militar adelantado por el Ejército Nacional en la vereda El Remanso de Puerto Leguizamo, Putumayo. Entre las organizaciones que hacen parte de la Misión se encuentran Organizaciones de la Sociedad Civil de la Mesa Territorial de Garantías, Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Asociación Minga, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Alianza de Organizaciones para la Cooperación Internacional, Plataforma Derechos Democracia y Desarrollo y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; este último quien publicó la siguiente información:
El 2 de abril, la Mesa Territorial de Garantías de Putumayo convocó una Misión de Verificación a la vereda El Remanso, con acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales y medios de comunicación. Luego de escuchar atentamente los testimonios de la comunidad y haciendo un contexto y recuento de los diferentes relatos, la misión de verificación concluye que:
El 28 de marzo, último día del bazar, cerca de las 7:00am, se desarrolló una Ejecución Extrajudicial, en la que al menos 11 personas fueron asesinadas y la cual pretendió ser presentada por el Ministerio de Defensa como un exitoso operativo con blancos legítimos.
La Misión de Verificación desmiente la narrativa del Ejército y evidencia con gran preocupación que los actos relatados por víctimas sobrevivientes han constituido una práctica violatoria de DD.HH por parte de las fuerzas militares en contra comunidades de Putumayo.
Como lo hemos expuesto, El Alto Remanso es una vereda cuya comunidad está organizada en torno a una Junta de Acción Comunal con reconocimiento por parte de la Secretaría de Gobierno de Puerto Leguízamo, comunidad que además existe en el municipio con una lógica multicultural, por la alta e importante presencia de comunidades y pueblos indígenas, con los cuales se convive y comparte; «En nuestra Misión constatamos que donde ocurrió la masacre es una comunidad de campesin@s, madres con hij@s menores de edad, personas de la tercera edad, pobladores que se dedican a la pesca, al trabajo de la tierra, y presencia de pueblos indígenas.» agregaron en su comunicado
Efectivamente hubo una incursión armada, que dejó en su resultado habitantes comunales e indígenas, directivos comunales y autoridad indígena asesinadas, así como otras personas heridas y desaparecidas, contabilizándose varios menores de edad, lo cual es reiterativo en este tipo de acciones armadas. Estos hechos dan cuenta de una masacre desarrollada en el marco de un operativo del Ejército Nacional, que obliga a la comunidad, familias y pueblo indígena a desplazarse y que infringe el DIH y el DIDH.
Entre las personas identificadas como ejecutadas en esta acción militar, se encuentran, el presidente de la JAC El Remanso, el Gobernador Kiwcha, un menor de edad y una mujer embarazada. También, se identificó que quedaron niñas y niños huérfanos.
Hemos establecido igualmente, que ha habido otras agresiones a los derechos humanos, tales como: el maltrato físico y sicológico, el confinamiento, los allanamientos ilegales, la estigmatización y el desplazamiento de un centenar de familias; además de la configuración de otros delitos tales como hurto de bienes de la comunidad y personales, además de obstrucción a la justicia.
En términos de los procedimientos posteriores, fueron cometidas una serie de irregularidades que reflejan la intención de acomodar los hechos a la versión oficial, como el de los cuerpos ( de acuerdo a relatos de la comunidad, ubicó los cuerpos en el polideportivo, les puso chalecos militares y fusiles, les tomó fotos, los cubrió y cargó en el helicóptero) o la tardía presencia de la Fiscalía, quien inició las investigaciones cinco días después de lo sucedido, días en los que hubo presencia permanente del Ejército y lluvias constantes, dejando en riesgo la recolección de información sin poder determinar tiempo, modo y lugar de los hechos y materializando la posible impunidad de los mismos.
El CTI no hizo el levantamiento de los cadáveres en el lugar de los hechos y la @FiscaliaCol llegó 5 días después. Hubo presencia permanente del Ejército y lluvias constantes, lo cual pudo contribuir a la intimidación de testigos y a la alteración de la escena del crimen.
⬇️ pic.twitter.com/6FwCk2yKI6— ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) April 6, 2022
El Ejercito Nacional ha señalado a comunidades como cómplices de los grupos ilegales para evadir su responsabilidad. Por el contrario, se concluye una clara violación del principio de distinción de la población civil, conforme se establece en el DIH en escenarios de conflicto armado. La protección del derecho a la vida no puede ser suspendida en ningún caso y en ese sentido, insistimos que, más allá de la versión y reinterpretación del DIH expuesta por el Ministerio de Defensa, urge investigar con la debida diligencia en la comisión de graves violaciones a los DD.HH.
El operativo fue presentado como una supuesta operación contra el jefe de las disidencias, alias “Bruno”, quien no aparece entre las personas fallecidas, ni capturadas.
Según Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch, «Aquí la Fiscalia confirma lo dicho: no hubo capturados durante el operativo en Puerto Leguízamo (Putumayo). El ministro Diego Molano, le debe una explicación a los colombianos. Y una disculpa a las personas que tildó injustamente de “criminales”.»
Pobladores que participaron en el bazar, fueron víctimas de múltiples violaciones a los DD.HH, afectaciones en contra de la vida y dignidad humana, actos de discriminación, violencia de género, violación derechos de personas con especial protección constitucional y niños.
Urge un Acuerdo Humanitario para garantizar el goce efectivo de los derechos del pueblo putumayense. Exigimos la retractación del alto gobierno de señalamientos y estigmatizaciones contra estas comunidades.
En conclusión:
A todas luces los relatos recogidos dan cuenta de que las Fuerzas Militares violaron flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), argumentando el desarrollo de un operativo que sacrificó vidas de habitantes comunales e indígenas.
En la vereda El Remanso se vivió la violación contra el Derecho a la Vida de manera amplia y general, y la Protección del Derecho a la Vida no puede ser suspendido por ninguno caso o circunstancia tal como lo establece los Pactos, Tratados y Convenios internacionales. En ese sentido, insistimos que, más allá de la posible presencia de actores armados ilegales en la comunidad, nada justifica el perverso operativo militar que se llevó a cabo y desencadenó el vil asesinato de miembros de la comunidad campesina e indígena.
Esta ejecución extrajudicial contra la población de El Remanso y las comunidades vecinas que participaban del bazar, también fue dirigida contra grupos humanos altamente protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como los pueblos indígenas, los líderes y lideresas sociales y los menores de edad, quienes cayeron asesinados en el hecho. Cabe resaltar que estas prácticas son de gran preocupación para la Misión teniendo en cuenta que son sistemáticas y que responden a los mismos patrones de comportamiento ya investigados en otras épocas en el territorio.
La Misión de Verificación elaborará un informe más detallado, sustentado el contexto y los hechos que allí ocurrieron, el cual daremos a conocer en los próximos días.
Finalmente solicitamos:
– Al Ministro de Defensa y al gobierno nacional, rectificar los calificativos con los que han mancillado la dignidad de las comunidades de este sector de Puerto Leguízamo y reconocer, por el contrario, sus JAC constituidas por ley. El reconocimiento también de los pueblos indígenas y sus entidades, y el cese también del exterminio físico y cultural contra los pueblos indígenas, lo cual constituye un etnocidio, un crimen de lesa humanidad.
– Que la Fiscalía y especialmente la Unidad Especial de Investigaciones realice una investigación imparcial, autónoma y efectiva. Que los testimonios no sean recogidos con la presencia de los militares quienes fueron los agresores.
– Que se activen los mecanismos y herramientas de prevención, protección y garantías de no repetición hacia la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
– Se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente de personas dadas por desaparecidas, toda vez que, de acuerdo con los relatos, habría personas desaparecidas posterior a la incursión del Ejército el día que ocurrieron los hechos.
– A la Procuraduría General de la Nación, de la unidad especializada de los Derechos Humanos, iniciar investigación disciplinaria en contra de integrantes del Ejército Nacional involucrados en la operación militar, dirigida en perjuicio de la población civil de la comunidad el Remanso.
– A la comunidad internacional acompañar esta comunidad y aportarle ayuda humanitaria dada la crisis humanitaria que viven producto del desplazamiento y las imposibilidades de trabajar.
La Misión acoge la propuesta de la Mesa Territorial de Garantías de llamar a la construcción de un Acuerdo Humanitario que aporte a la erradicación de la violencia y permita en convivencia la materialización del goce efectivo de los Derechos, la preservación de la vida y la estabilidad social y política del Territorio, en la urgente invitación de las comunidades campesinas, indígenas, comunales y afrodescendientes para que continuemos el camino hacia la PAZ COMPLETA YLA JUSTICIA SOCIAL.
Fotografía de Fundación Liderazgo y Paz
