El pasado 21 de julio de 2022, se llevó acabo el conversatorio sobre el Informe del Encuentro de París para la Paz: Una reflexión sobre el estado de implementación del Acuerdo Final de Paz y la cooperación europea para la paz 2021, este Informe ha sido elaborado en el marco del Encuentro de París, una iniciativa conformada en 2018 por la sociedad civil y académica de Colombia y Europa; y presenta un balance analítico de la implementación del Acuerdo Final de Paz, desde su firma hasta junio de 2022.
Este Informe se construye a partir de la Conferencia del Encuentro de París 2021, del que hizo parte un panel de especialistas: Iván Cepeda, Pastor Alape, Bertha Lucía Fríes, Adam Isaacson (WOLA) y Clara Ramírez (CINEP). Igualmente el Informe comprueba y desarrolla los análisis con una recopilación de informes producidos por instituciones de seguimiento al Acuerdo Final de Paz y por la sociedad civil, así como con un trabajo de campo realizado en Bogotá y Cali entre junio y septiembre de 2021.
Firmado en el 2016, el Acuerdo Final de Paz, se tiene que ejecutar para el 2026. Sin embargo, para julio 2021, el 52% no se ha implementado o presenta avances mínimos; y el gobierno nacional invierte actualmente 0,8% del PIB nacional, lejos del 10% exigido. El gobierno de Duque obstruyó la implementación de las reformas estructurales del Acuerdo Final, que buscan una transformación en la sociedad y en el territorio, en particular: el desarrollo equitativo del campo; la apertura y el fortalecimiento democrático; así como la inclusión de poblaciones históricamente excluidas como la étnica, LGBTIQ+, mujeres, y víctimas. Esto se realizó a través de: el bloqueo de normas claves del Acuerdo Final, la creación de instituciones y políticas paralelas a él, y el desfinanciamiento de sus reformas. Así, a pesar de las medidas legales para blindar el Acuerdo Final, las configuraciones políticas han logrado impedir la implementación de las reformas más importantes, generando una paz fragmentada en los territorios.
El informe evidencia, entre otros, la responsabilidad del gobierno de Iván Duque en el estancamiento del proceso de paz y en la perpetuación de una lógica de guerra en la política colombiana.
INFORME_ENCUENTRO_PARIS_COLOMBIA-2Dentro de las reformas que buscan democratizar el acceso a la tierra y llevar el Estado a los territorios históricamente abandonados por él, la Reforma Rural Integral (RRI) es el objetivo más ambicioso y costoso del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, aún carece de un marco normativo y está desfinanciada. En particular, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que priorizan el Acuerdo Final en las zonas más afectadas, representan el 72% del costo de la RRI: sin embargo, cada año el gobierno ejecuta en promedio sólo el 1,89% de lo necesario. En consecuencia, a cuatro años del fin del Acuerdo Final, el 69% de la RRI no se ha implementado.
Esta situación afecta al Acuerdo Final en su totalidad: por ejemplo, deja sin piso la Sustitución de Cultivos Ilícitos, que necesita la construcción de una presencia estatal en los territorios, capaz de garantizar los derechos socioeconómicos y desarrollar alternativas económicas. Igualmente afecta al derecho de las víctimas a la reparación en el territorio, que ya se ve fragilizado por una restitución de tierras casi inexistente, y perjudica desproporcionadamente a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y a las mujeres. Así, el gobierno nacional no ha tenido interés en implementar las reformas del Acuerdo Final que buscan construir un Estado más allá de lo militar, y remediar las desigualdades históricas en los territorios que llevaron al conflicto armado.
Por otro lado, el Acuerdo Final busca crear una democracia capaz de pasar “de las armas al diálogo”, para romper con una de las causas del conflicto armado, que reside en un sistema político excluyente. Sin embargo, el 72% del Punto sobre Participación Política no ha sido implementado o presenta avances mínimos. En particular, el gobierno cambió el Sistema Integral de Seguridad del Acuerdo Final por una política paralela, que según la Corte Constitucional llevó a “vaciar de contenido los mandatos incorporados en el Acuerdo Final”. Como resultado, desde la firma de la paz, 315 firmantes han sido asesinad.os.as, y 2020 ha sido el año más sangriento, con 310 líderes.as sociales asesinad.os.as.
En la misma línea, durante el mandato de Iván Duque, las normas del Acuerdo Final para la participación ciudadana y para garantizar la protesta pacífica no han sido formuladas. Al contrario, las fallas sistemáticas del gobierno y de la policía nacional en su gestión de las movilizaciones, que la Corte Suprema evidenció en 2020, se repitieron en el paro nacional de 2021: según la ONU y la CIDH, el gobierno actuó con prácticas bélicas, ilegítimas sino ilegales, como el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza, la estigmatización y la criminalización de la protesta. Así, el gobierno de Iván Duque fue en contra del principio del diálogo estipulado en el Acuerdo Final, y siguió categorizando la movilización ciudadana como un “enemigo interno”, en una lógica del conflicto armado.
Estos hechos demuestran cómo el Estado colombiano hasta el día de hoy sigue actuando como parte íntegra del conflicto armado: sin embargo, mientras no se hayan reconocido las razones estructurales y el conjunto de actores en él, no será posible construir paz y satisfacer los derechos de las víctimas. En este marco, como evidencia el Informe de la Comisión de la Verdad, el Estado tiene el deber de reconocer sus relaciones con grupos paramilitares e implementar una política estructural de desmantelamiento de organizaciones criminales y de lucha contra la impunidad.
En un contexto de paz extremadamente frágil, la cooperación internacional para la paz disminuyó de USD 259 millones en 2017 a USD 69 millones en 2021, quitando recursos a un presupuesto ya debilitado por el gobierno nacional. Preocupa esta tendencia, pues la comunidad internacional es garante del Acuerdo Final.
