El pasado el 7 de diciembre fue publicado el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021: la paradoja de la desigualdad en Colombia, del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, el informe se centró en los resultados de Colombia particularmente en los relacionados con las percepciones de desigualdad.
La encuesta de opinión pública que permite indagar sobre las percepciones, actitudes, comportamientos y valores de la población en 18 países de América Latina acerca de diferente temas socioeconómicos y políticos, arrojó los siguientes resultados:
En materia de desigualdad en Colombia, las medidas objetivas y subjetivas nos cuentan historias diferentes. Según el GINI, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y el Caribe, situación que se ve mínimamente corregida por el sistema tributario del país y por las políticas de transferencias monetarias. Como se puede ver en la gráfica 1, mientras que en Europa la desigualdad medida por el GINI cae cerca de 35% ajustado por estas variables, en Colombia este cambio es casi nulo, muy por debajo incluso de otros países de la región como Argentina, Uruguay y México.
Adicionalmente, esto se suma a la baja posibilidad en Colombia de que personas que nacen en condiciones de relativa pobreza puedan acceder a mejores condiciones de vida. Según el Índice de Movilidad social del Foro Económico Internacional del 2020[1], el cual mide la probabilidad de que todas las personas, independientemente de su contexto socioeconómico, puedan alcanzar todo su potencial, Colombia ocupó el puesto 65 entre 82 países evaluados, ubicándose incluso por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (ver gráfica 2).
Este panorama, resulta relevante, ya que, a la luz de estas medidas, Colombia es un país profundamente desigual y con mecanismos poco efectivos de redistribución tributaria y de generación de oportunidades para los más vulnerables. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, a pesar de ello la percepción de las personas en Colombia frente a estos problemas y sus soluciones, distan de esta realidad, resultando en una paradoja de alta desigualdad y sentido de injusticia, pero baja aceptación de políticas redistributivas y políticas sociales asistencialistas.
En Colombia hay aún menos conocimiento de la distribución de riqueza que en América Latina.
Utilizando la más reciente edición de la encuesta Latinobarómetro, en la cual se incluyeron preguntas adicionales de desigualdad y cómo combatirla[2], se observa que, en general, la población en América Latina no tiene un conocimiento claro de cómo está distribuida la riqueza entre las diferentes clases sociales. Particularmente, se encuentra que tienden a sobreestimar la proporción de ingreso que realmente tienen los segmentos poblacionales más pobres. Sin embargo, la población en Colombia no solo sobreestima los ingresos de los más pobres, atribuyéndole dos veces más ingresos del que realmente tienen (ver gráfica 3), sino que adicionalmente subestiman la proporción de ingreso que realmente capturan los más ricos (en aproximadamente 10% menos).
Ahora bien, a pesar de esta marcada distorsión en la percepción de desigualdad en el país, la gente sigue considerándola injusta. Según la encuesta, el 85% de las personas encuestadas consideran que la distribución de la riqueza en Colombia es injusta, 4 p.p. más que el promedio en América Latina, y séptimo país con mayor proporción de personas con ese pensamiento entre los 17 evaluados por la encuesta. Sin embargo, estos resultados siguen siendo llamativos, pues se esperarían mayores niveles de descontento en un país que tiene el tercer GINI más alto entre los países encuestados (ver gráfica 4).
Si expandimos este análisis a otras dimensiones relevantes, se encuentra una tendencia similar, en el que, en promedio, en Colombia se percibe de manera general una injusticia mayor o igual, o una falta de garantías, en todas las dimensiones analizadas con respecto a América Latina (ver gráfica 5). Sin embargo, analizando esta información por niveles de ingreso, se encuentra que, relativo al promedio de la región, Colombia cierra brechas en dimensiones como justicia, educación e ingresos, debido a una mayor percepción relativa de injusticia en los grupos de mayores ingresos que en la región. No obstante, se amplían otras, como en salud, y especialmente, en oportunidades, donde en Colombia, relativo al promedio de la región, 10 p.p. menos personas del grupo más rico y 3 p.p. más del grupo más pobre piensan que la igualdad de oportunidades no está garantizada.
Los anteriores resultados, muestran una contradicción evidente, en el que, a pesar de que en Colombia incluso los niveles de ingreso más altos perciben mayor injusticia o falta de garantías que en América Latina en derechos básicos como la educación y la justicia, hay una mayor proporción relativa de estas personas opinan que sí hay igualdad de oportunidades en el país.
De esta manera, sabemos que existe desigualdad, no solo por las medidas objetivas expuestas en el inicio de esta entrada, sino, a grandes rasgos, también lo percibe el país. Adicionalmente, consideramos que esto es injusto no solo a nivel de ingresos, pero también a nivel de derechos y servicios básicos para el desarrollo de una vida que tenemos razones para valorar[3]. Pero ¿Esto se ve trasladado proporcionalmente a una mayor demanda de política social y redistributiva en el país relativo a América Latina?
La paradoja de la desigualdad
Si analizamos la apertura de la población colombiana frente medidas de redistribución de ingresos a través de impuestos, y políticas sociales de asistencia a los más pobres y vulnerables, encontramos que la distorsión identificada anteriormente en la percepción de la distribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades se ve reflejada en estos resultados. Como se puede ver en la gráfica 6, el 42% de las personas encuestadas del grupo más rico de ingresos considera que todos deberían pagar el mismo nivel de impuestos, esto es 8 p.p. más que el promedio de América Latina. De manera similar, solo el 43% de los encuestados considera que se debería dar acceso a bienes y servicios de manera gratuita o subsidiada a los grupos más pobres, esto es 12 p.p. menos que el promedio de la región para el grupo de mayores ingresos y 13 p.p. menos que el grupo de menores ingresos.
Este panorama resulta, cuanto menos, alarmante. Denota una paradoja clara en los síntomas de desigualdad en el país. Donde a pesar de ser uno de los países más desiguales de la región, con unos niveles de movilidad social menores que el promedio de la región y con un sistema tributario mínimamente redistributivo, la realidad percibida por los colombianos resulta diferente. Una realidad distorsionada, donde una importante parte de la población aun ve con buenos ojos un sistema tributario regresivo y donde las políticas sociales de gratuidad y subsidios a los más pobres no deberían ejecutarse.
Esta “tiranía de la meritocracia”[4], como la llama Michael Sandel, puede ser muy peligrosa, en un contexto de profunda desigualdad como el de Colombia. Esto debido a que, si aquellos que están arriba continúan atribuyendo su éxito exclusivamente al esfuerzo y al mérito, y no son conscientes de la gran influencia de la “lotería de la cuna”[5] en estos logros, esta visión ira en detrimento del bien común, desconociendo la importancia de políticas sociales que nivelen el campo de juego en favor de aquellos que no tuvieron la fortuna de nacer en condiciones privilegiadas.
Y es que, a pesar de que la movilidad social en Colombia ha mejorado con los años, aún sigue estando por debajo de los niveles de la región. Según un estudio de la universidad de los Andes, en Colombia quienes nacen en un hogar cuyos padres tuvieron una alta educación, y por ende altos niveles de riqueza, cuentan con una alta probabilidad de mantenerse en esas condiciones económicas. En contraste, quienes nacen en un hogar cuyos padres cuentan con un bajo nivel educativo, y por ende de riqueza, es casi inalcanzable alcanzar estas mismas condiciones.
¿Qué queda?
Actualmente Colombia se encuentra en una posición determinante en su historia. Existe la oportunidad de pactar un nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad, uno que no deje a nadie atrás, que permita que todos los segmentos poblaciones en el país logren acceder a las mismas oportunidades y herramientas que les permitan construir una vida que tienen razones para valorar. Para ello, es necesario partir desde lo más básico, es decir, de reconocer la realidad del país, una realidad que ahora es aún más compleja dados los retrocesos recientes en materia socioeconómica por la crisis reciente. Solo partiendo de esta realidad compartida, podremos demandar las políticas sociales y económicas que favorezcan el bien común y fortalezcan ese sentido de empatía que tanta falta hace en estos tiempos de polarización. Tal vez así, tengamos más razones para ser más optimistas de lo que actualmente somos sobre nuestro porvenir.
