La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó el Informe «Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el nuevo gobieno» donde resaltó las graves afectaciones territoriales, analiza el impacto del incremento de la violencia y las recomendaciones principales de acción para el nuevo gobierno.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), los homicidios con ocasión del conflicto, pasaron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 2016. Sin embargo, en los últimos dos años la Oficina ha observado que diversos grupos armados no estatales y organizaciones criminales han expandido su presencia en varias regiones del país, particularmente en aquellas donde se desmovilizaron las FARC-EP.
Según el Informe los municipios con el impacto más crítico de violencia son San Ándres de Tumaco en Nariño, Argelia en Cauca y Roberto Payan en Nariño; seguidos por Buenaventura y Tuluá en el Valle del Cauca, Santander de Quilichao en Cauca, Puerto Leguizamo en Putumayo y Murindó en Antioquia que presentan un nivel muy alto de impacto de la violencia.
A pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan. Además, la debilidad del estado de derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia ha exacerbado la situación.
Según el informe las comunidades afectadas denuncian un abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades estatales civiles para enfrentar esta situación. En varios territorios, la desconfianza en el Estado crece y en algunos casos se han denunciado hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales.
recomendaciones
Con el fin de proteger los derechos humanos y combatir la expansión violenta de los grupos, la Oficina recomienda tres ejes principales de acción al Gobierno
1. La implementación de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos; ii) la adopción de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como previsto en el Acuerdo de Paz; iii) la implementación de una estrategia estatal de protección de civiles; y iv) considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos.2. Priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la reforma rural integral, consolidar la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con la participación de las comunidades afectadas, y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)
3. Consolidar el estado de derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de control en los territorios. Así mismo reforzar las capacidades de los gobiernos locales y de los gobiernos propios de los pueblos afrodescendientes e indígenas en estos territorios
Algunas recomendaciones adicionales que hace la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia son: una reforma del sector de seguridad; la modernización de las doctrinas de defensa y de seguridad pública; abandonar la noción de enemigo interno y la estigmatización de comunidades y pueblos; mejorar la adopción y articulación de medidas de prevención y respuesta rápida a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; combatir la violencia sexual y basada en género e investigarla con base en estándares internacionales.
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