Bogotá, 11 de febrero de 2021. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 03, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», ordenó al Mayor General (R) Guillermo Quiñones Quiroz rendir versión dentro de este proceso.
La diligencia se iniciará este 12 de febrero y se desarrollará por medios virtuales, garantizando la participación de las víctimas, que se ha podido mantener y ampliar en medio de la pandemia.
En el Caso 03, conocido como el de “falsos positivos», se han acreditado 720 víctimas y se han desarrollado 419 versiones con 330 comparecientes. Un total de 51 víctimas directas podrán seguir la transmisión de la diligencia y ocho abogados representantes de diversas organizaciones de víctimas estarán interviniendo en la versión, de acuerdo con las reglas establecidas en el Auto 080 para el Caso 03.
Con esta versión, la Sala de Reconocimiento avanza en la instrucción de los hechos sucedidos en la región de Casanare, en el que se están estudiando 197 presuntas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de la Brigada XVI, que habrían ocurrido entre 2005 y 2008 en municipios de Casanare; Pisba, Pajarito y Labranzagrande, en Boyacá; Tame, en Arauca; Barranca de Upía, Meta, y Paratebueno, Cundinamarca.
Sobre esos hechos la Sala deberá determinar la responsabilidad después de la contrastación, imputar y llamar a reconocer a aquellos que tuvieron las máximas responsabilidades. Durante este periodo, el entonces coronel Quiñones Quiroz se desempeñó como comandante de la Cuarta División, unidad jerárquica superior de la Brigada XVI.
El Mayor General (R) Guillermo Quiñones Quiroz es el noveno oficial de esta alta graduación que es llamado a rendir su versión ante la JEP. Como lo había informado la Jurisdicción previamente, ha podido escuchar a generales en retiro, excomandantes del Ejército Nacional, de la Segunda División del Ejército, de la Brigada XVI, de la Brigada 30; a un exjefe de estado mayor de la Brigada XVI, y a ejecutivos y segundos comandantes del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes) y del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’.
– PERFIL DEL CASO –
La apertura del caso 03 se dio a partir del informe número 5 –con el mismo nombre del caso 03– de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional aportó 10 listados que incluyen a 1.944 miembros de la fuerza pública que manifestaron su voluntad de comparecer ante la JEP y que están involucrados en estos hechos.
Según el informe de la Fiscalía, el fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a integrantes de las fuerzas militares con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.
Las víctimas de este delito fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle y en condición de discapacidad.
El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) aportó a manera de informe las Revistas Noche y Niebla, en las que se cuentan al menos 1.741 casos de “ejecuciones extrajudiciales”, presentadas como muertes en combate entre 1984 y 2011. Asimismo, la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, entregó a la Secretaría Ejecutiva de la JEP una base de datos que registra cerca de 1.257 víctimas de “falsos positivos” ocurridos en su mayoría entre 2006 y 2008. A su vez, la Fiscalía General de la Nación identificó 2.248 víctimas de “ejecuciones extrajudiciales» entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 por ciento fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años.
Después de depurar las bases de datos e informes entregados, la JEP ha identificado 4.439 víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2008.
El caso 03 tiene una particularidad y es su carácter nacional. A partir de la contrastación de los informes recibidos, la Sala de Reconocimiento ha priorizado, en una primera fase de investigación, los siguientes territorios críticos, en función al número de hechos, de víctimas, y del potencial ilustrativo de esas prácticas criminales: Antioquia, Meta, Cesar, Norte de Santander, Casanare y Huila.
En estos territorios la Sala se ha concentrado en las siguientes unidades militares:
- Catatumbo: Brigada Móvil no. 15 y Batallón de Infantería no. 15 “General Santander»; Brigada 30, Segunda División.
- Norte del Cesar: Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, Primera División.
- Casanare: Brigada 16. Cuarta División.
- Antioquia: Batallón de Artillería N°4. Jorge Eduardo Sánchez; Cuarta Brigada, Séptima División y Brigada Móvil N°11 Séptima División.
- Meta: Batallón de Infantería N° 21 “Batalla del Pantano de Vargas”, Cuarta División.
- Huila: Batallón de Infantería N° 27 “Magdalena y Batallón Cacique Pigoanza –Quinta División.
La Sala de Reconocimiento avanza en un intenso proceso de acreditación de víctimas que a la fecha registra la acreditación de 397 de ellas. Esta labor continúa y podrá hacerse en cualquier de las etapas que adelanta la JEP. A las víctimas acreditadas se les traslada la versión de los comparecientes, pueden hacer observaciones y solicitar nuevas pruebas. Además tienen derecho a solicitar representación jurídica y apoyo psicológico.
En el desarrollo de este caso se han realizado 220 versiones. De estas, 172 han sido presenciales y 48 escritas. Dentro de estas diligencias varios generales han rendido versión: el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército; el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez» (Bajes) y el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.
La Sala de Reconocimiento de la JEP también ordenó las versiones de otros cuatro generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército y del general en retiro Guillermo Quiñónez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército.
Además de los generales que ya están compareciendo ante la JEP, han rendido versión 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de Coronel.
Participación de las víctimas
Al atender el llamado de las víctimas y sus representantes, para este caso la Sala de Reconocimiento permitió que las víctimas participaran en las versiones rendidas por los comparecientes. (Ver Auto aquí).
Las víctimas han tenido la posibilidad de observar las diligencias en tiempo real en las salas paralelas que fueron acondicionadas para este propósito. Al terminar, sus representantes legales han podido contrapreguntar y solicitar aclaraciones al compareciente. Esto constituye un gran paso para garantizar la satisfacción del derecho a la verdad plena que tienen las víctimas.
A quienes por algún motivo no pudieron participar de las versiones, se les trasladó su grabación y a partir de ellas han podido hacer observaciones. Así, el 17 de octubre de 2019 se realizó la primera audiencia pública en la que los familiares de las víctimas de Soacha presentaron observaciones a 31 versiones rendidas por comparecientes de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander».
Por solicitud de las víctimas, el 14 de noviembre de 2019, en San Juan del Cesar, La Guajira, las autoridades del pueblo indígena Wiwa y los familiares de tres víctimas pertenecientes a este pueblo, también presentaron sus observaciones a las versiones rendidas hasta el momento por tres miembros del Batallón la Popa.
Por su parte, el 21 de enero de 2020, en Atanquez, Cesar, las autoridades del pueblo kankuamo y familiares de ocho víctimas, que provenían de esta comunidad, presentaron sus observaciones a las versiones rendidas por 20 comparecientes.
Estas dos últimas diligencias estuvieron enmarcadas en un ejercicio de diálogo intercultural e interjurisdiccional con las autoridades étnicas de estos pueblos.
La primera identificación en Dabeiba
Gracias a los avances del caso 03, por la versión de uno de los miembros de la fuerza pública que fue contrastada judicialmente, la JEP logró exhumar 54 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia) que presuntamente habrían sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado.
Las labores de exhumación fueron realizadas por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y permitieron la identificación y entrega digna del cuerpo de Edison Lexander Lezcano Hurtado, a quien su familia había buscado durante 18 años.
Este proceso fue apoyado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la comunidad internacional.
Informe de: https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/03.html
