Bogotá, 8 de abril de 2025. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional de Colombia por su responsabilidad en al menos 604 ejecuciones extrajudiciales —conocidas como ‘falsos positivos’— ocurridas entre 2002 y 2008 en la Costa Caribe. Entre los imputados se encuentran tres mayores generales, dos brigadieres generales, siete coroneles y otros 16 oficiales y suboficiales.
La imputación, contenida en el segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) del Subcaso Costa Caribe (Caso 03), revela la existencia de un patrón macrocriminal sistemático, ejecutado por al menos 19 unidades militares en los siete departamentos que conforman la región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP analizó 796 muertes reportadas como “bajas en combate” y determinó que el 76% de estos reportes eran falsos. Las víctimas fueron ejecutadas fuera de combate y presentadas como resultados operacionales en un intento por inflar cifras y mostrar supuestos avances en la lucha contra grupos armados ilegales. Este patrón criminal se habría originado en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa y se extendió progresivamente a otras unidades de la región.
Entre los oficiales de más alto rango señalados como máximos responsables se encuentran los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, así como los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez. La JEP los acusa de liderar y permitir la propagación de estas prácticas criminales mientras estuvieron al mando de unidades como la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 y el Batallón La Popa.
La investigación reveló que esta estructura criminal operó con base en una lógica de incentivos, presiones y recompensas dentro del Ejército, dirigida a obtener “resultados operacionales” traducidos en bajas enemigas. Se implementó un sistema de presiones a los subordinados, que incluía sanciones para quienes no presentaban muertos y recompensas o ascensos para quienes reportaban bajas, sin importar su legalidad.
La magnitud del daño es profunda. Entre las 604 víctimas documentadas hay 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 menores de edad y 14 mujeres, una de ellas embarazada. A la fecha, 122 víctimas aún no han sido identificadas. Además, se han documentado 13 ejecuciones adicionales cometidas fuera del período priorizado, incluida la de un adolescente asesinado en 1995 a quien le fue detonada una granada en la cabeza para simular un combate.
Estos crímenes generaron consecuencias devastadoras: desplazamientos forzados, desarraigo territorial, ruptura del tejido social y afectaciones a la seguridad alimentaria de comunidades indígenas. Para las familias, la prioridad sigue siendo la búsqueda de sus seres queridos. En este proceso, 14 cuerpos han sido recuperados, identificados y entregados de forma digna.
La JEP ha emitido medidas cautelares sobre sitios clave para la búsqueda de personas desaparecidas, como el cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira, identificado como lugar de interés forense.
Este octavo auto dentro del Caso 03 refuerza el hallazgo de un patrón macrocriminal ya documentado en otras regiones como Norte de Santander, Huila, Casanare, Antioquia y el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Hasta la fecha, se han imputado delitos de lesa humanidad a 148 comparecientes, de los cuales 91 han reconocido su responsabilidad en audiencias públicas con participación de víctimas.
La investigación se sustenta en un extenso acervo probatorio: 27 informes de organizaciones, 246 versiones voluntarias, más de 300.000 folios de documentos militares, y 160 aportes de verdad presentados por comparecientes. Esta documentación permitió a la JEP reconstruir la existencia de una estructura criminal compleja, organizada y jerárquica, enquistada en el interior del Ejército Nacional durante el auge de la política de seguridad democrática.
Ahora, la JEP deberá determinar si hubo responsabilidades a nivel nacional. Las víctimas, por su parte, siguen exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición. Este fallo marca un nuevo hito en el largo camino hacia la verdad y la reparación integral por uno de los crímenes más dolorosos del conflicto armado colombiano.
Presión e incentivos por resultados: engranaje del patrón macrocriminal
El Batallón Santa Bárbara, creado el 27 de junio de 2005 con funciones de apoyo logístico y protección aérea en La Guajira, ejemplifica cómo unidades sin misión de combate terminaron involucradas en el patrón criminal. Entre diciembre de 2005 y agosto de 2008, reportó 20 supuestos combates y 28 bajas, de las cuales más de la mitad fueron ejecuciones ilegítimas. Este giro respondió a la presión del entonces comandante del CCON1, quien, tras una visita a finales de 2005, exigió resultados en forma de bajas, bajo amenaza de relevar a quienes no cumplieran.
Por su parte, el Gaula Córdoba (Gacor) funcionó como un nodo criminal altamente estructurado. En reuniones entre comandantes, se implementaron rankings por número de bajas, lo que llevó a que unidades creadas para combatir secuestros y extorsiones —como los Gaula Cesar, Guajira y Córdoba— actuaran como batallones de combate. A cambio de “resultados”, los militares recibían permisos, premios y objetos como bicicletas, electrodomésticos, ropa o almuerzos especiales.
La operación fue financiada con fondos reservados para la compra de armas e información. Durante la comandancia del entonces mayor Julio César Parga Rivas, se usaron al menos 91 millones de pesos para pagar reclutadores y justificar asesinatos a través de actas falsas firmadas por supuestos informantes —algunos de ellos, incluso, familiares de los propios miembros del Gaula.
La presión para “dar resultados” fue sistemática. Los altos mandos del Ejército incentivaban a las tropas con mensajes como: “Soldado no se le puede negar su permiso (…) si da resultados” o “Incentivar a las tropas con premios por resultados operacionales”. Al mismo tiempo, se degradaba a quienes no los alcanzaban, con frases como: “Es preocupante que hayan contraguerrillas que después de 10 meses no tengan ninguna baja” o “O damos resultados o nos vamos del Ejército”.
La JEP halló que esta dinámica se consolidó tras la desmovilización paramilitar, que rompió la alianza entre miembros del Ejército —especialmente del Batallón La Popa— y los grupos armados ilegales, aumentando la presión por producir “enemigos muertos” para demostrar eficacia militar. A partir de 2004, con la creación de la X Brigada Blindada y el Comando Conjunto Caribe, este sistema se intensificó.
Aunque la práctica continuó hasta 2008, en octubre de ese año se registró una drástica caída en los reportes de bajas, coincidiendo con la desarticulación de la estructura criminal. Por ejemplo, las unidades tácticas de la II y X Brigada pasaron de reportar 286 bajas en 2007 a 140 en 2008, de las cuales solo 2 ocurrieron en noviembre. La XI Brigada redujo sus cifras de 163 a 53 bajas, una disminución de más del 65%.
26 niñas y niños asesinados
Entre las víctimas hay 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 niños y niñas y 14 mujeres, incluida una mujer embarazada. Aún hoy, 122 de ellas no han sido identificadas.
Hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha acreditado a 4.271 víctimas para participar en el proceso judicial del Caso 03. De este total, 903 víctimas corresponden a los departamentos analizados en esta segunda fase del Subcaso Costa Caribe: 423 del Cesar, 283 de La Guajira, 76 de Córdoba, 53 de Magdalena, 52 de Sucre, 14 de Bolívar y dos del Atlántico.
La JEP documentó el asesinato de 20 niños y seis niñas que fueron presentados falsamente como bajas en combate. Las víctimas incluyen una niña indígena Wiwa, un niño indígena Wayúu, un adolescente de 16 años que se había rendido y fue ejecutado, así como dos hermanos de 13 y 15 años que fueron engañados y asesinados.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Elibeth Vega Izquierdo, joven indígena Wiwa de 16 años, asesinada el 23 de agosto de 2005 junto a Claribel Rodríguez Sierra y Claudia Patricia Peña. Las tres habían desertado del Frente 59 de las FARC-EP y fueron entregadas a una unidad militar por las AUC. Luego, fueron presentadas como bajas en combate en San Juan del Cesar, La Guajira. Sus cuerpos fueron identificados en diciembre de 2024 y entregados de forma digna durante el primer trimestre de 2025.
Afectaciones a la población indígena
De las 604 víctimas identificadas, 31 pertenecían a pueblos indígenas: 19 Wayúu, 10 Wiwa y 2 Kankuamo. Las ejecuciones causaron daños profundos en su estructura social, autonomía y espiritualidad. La estigmatización como supuestos colaboradores de grupos armados y el desplazamiento forzado pusieron en riesgo su existencia misma.
En comunidades como el Pueblo Wiwa, la desaparición de mujeres como Yajaira Cristina Nieves Oñate —asesinada embarazada y a cargo de tres hijos— dejó un impacto colectivo desproporcionado.
Además, la manipulación de escenas del crimen y la desaparición de cuerpos afectaron profundamente los rituales funerarios, especialmente para los Wayúu, impidiendo el cierre espiritual y cultural del duelo.
Otros hallazgos
Muchas víctimas eran jóvenes entre los 16 y los 35 años, engañados con falsas promesas de empleo. El daño alcanzó también a sus familias, quienes enfrentaron estigmatización, persecución y profundos efectos emocionales y materiales. Los hijos huérfanos asumieron roles desproporcionados y muchas madres siguen buscando a sus seres queridos, como en el caso de la hija de María Elena Pertuz y Kennedy Enrique Pedrozo, asesinados en 2007, cuyo paradero aún se desconoce.
Entregas dignas
La JEP ha ordenado medidas cautelares para proteger cementerios donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada. Hasta la fecha, se han recuperado 67 cuerpos y se han identificado 14, de los cuales 13 corresponden a víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región Caribe.
La primera entrega digna fue la de Óscar Alexander Morales Tejada, desaparecido en diciembre de 2007 y asesinado junto a otras dos personas. Su madre, integrante de las Madres de Soacha, recibió sus restos el 18 de junio de 2024.
¿Qué sigue en la investigación?
Los 28 imputados tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si aceptan, habrá audiencia pública ante las víctimas. Si no, sus casos serán remitidos a juicio ante el Tribunal para la Paz, con penas que podrían alcanzar los 20 años de cárcel.
