En un momento crucial para la historia de Colombia, el pueblo y el gobierno del Cambio se encuentran en la imperiosa necesidad de promover la escogencia en la figura del Fiscal General para restablecer las herramientas constitucionales contra la corrupción y el crimen, otorgadas por la Constitución de 1991.
En la terna presentada por el Presidente Gustavo Petro para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, las candidatas Ángela María Buitrago Ruíz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra están altamente calificadas, con la experiencia e idoneidad que contribuirán significativamente al avance de la administración de justicia en nuesto país.
En Colombia, la representación histórica de las mujeres en cargos del Poder Judicial ha sido un desafío persistente. Este fenómeno se acentúa en el ámbito del Ente Acusatorio, donde las cuestiones penales a menudo son percibidas como una esfera masculina, excluyendo a las mujeres de su participación activa. La Ley 581, conocida como la Ley de Cuotas, destinada a promover la igualdad de género en la ocupación de cargos públicos, ha sido ignorada y subestimada en años anteriores. Sin embargo, es trascendental destacar que, en esta ocasión, se presenta una oportunidad, ya que por primera vez se garantiza que una mujer pueda acceder al cargo de Fiscal General de la Nación por un periodo completo. Esto representa un paso significativo hacia la inclusión en un espacio tradicionalmente dominado por hombres.
La elección de una mujer para liderar la Fiscalía General no solo rompe con la inercia de la subrepresentación, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la diversidad en la administración de la justicia. La necesidad de una perspectiva de género en la toma de decisiones en temas penales es innegable, y la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo fortalecerá la capacidad del sistema judicial para abordar eficazmente los desafíos que enfrenta nuestra sociedad.
Es fundamental reconocer que, una vez elegida por la Corte Suprema, tarea que se defenirá el próximo 25 de enero, si nada lo impide, la futura Fiscal General desempeñará un papel crucial en la colaboración armoniosa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Este aspecto adquiere especial relevancia dada la paulatina ruptura de este vínculo ocasionada por el actual fiscal, Francisco Barbosa.
Las declaraciones desacertadas y despectivas del actual Fiscal General, realizadas en medios de comunicación y eventos privados no solo generan discordia en el ámbito nacional, sino que se convierten en comentarios irresponsables que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de los y las firmantes de paz, así como de las delegaciones del Gobierno Nacional y del Comité Nacional de Participación en la Mesa de Diálogos de Paz.
Recordemos que estas delegaciones incluyen a representantes de la sociedad civil que están comprometidos con la construcción de la paz, se han dedicado incansablemente a avanzar en un proceso vital para la reconciliación y la estabilidad del país. Por tanto, se convierte en una exigencia de la sociedad que el Fiscal General, ponga un alto a las declaraciones irresponsables que amenazan el frágil equilibrio alcanzado en la búsqueda de una paz duradera en Colombia.
Finalmente, la sociedad civil deposita la confianza en la Corte Suprema de Justicia para que realice la selección de la nueva Fiscal General, esperando que este proceso garantice la administración de justicia eficiente y representa la oportunidad de avanzar hacia un sistema judicial en sintonía con las necesidades de la sociedad colombiana.
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