Esta es parte de la verdadera historia que explicaría el porqué la Corte Suprema no ha elegido Fiscal General, pero también porque medios de comunicación tradicionales la han emprendido en contra de Gregorio Oviedo esposo de Amelia Pérez la mujer ternada más cerca de la posibilidad de ser la nueva Fiscal General de la Nación.
El 30 de abril de 1998, un equipo del CTI y la Fiscalía encontró en Medellín un parqueadero repleto de documentos que detallaban la contabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), un grupo paramilitar liderado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño.
Entre los hallazgos se encontraban listados de integrantes del grupo armado ilegal, así como un seguimiento detallado de giros, cheques y movimientos de dinero que fluían hacia y desde las ACCU. Financiar a paramilitares en Colombia, como lo ratificó la Fiscalía el 12 de diciembre de 2016, es un delito de lesa humanidad.
En el Parqueadero Padilla se encontraron evidencias de al menos 495 cuentas bancarias que estaban involucradas en transacciones con las autodefensas, así como 40,000 transacciones y una extensa lista de empresas privadas y personas naturales que aportaban recursos a los paramilitares. También se descubrieron comunicaciones que demostraban la estrecha relación entre paramilitares y altos mandos militares de la región.
Con toda esta información, la justicia podría haber desmantelado la compleja red de financiación de las ACCU, tanto en Medellín como en otras regiones de Colombia. Este golpe a la financiación del grupo armado podría haber frenado su expansión sangrienta y tenebrosa a finales de los 90 y principios de los 2000.
Sin embargo, nada de esto sucedió. Por el contrario, hubo una ola de asesinatos de miembros del CTI y la Fiscalía en Medellín, se perdió parte de la documentación encontrada, el proceso fue trasladado a la Fiscalía de Bogotá, donde quedó prácticamente estancado durante años, y el paramilitar capturado el mismo día del allanamiento se fugó de la cárcel. En resumen, el caso del Parqueadero Padilla fue silenciado poco a poco hasta que prácticamente nadie más habló de él.
En 1997, se produjeron significativos cambios en los cargos de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) en la capital antioqueña. Iván Velásquez, quien hasta entonces se desempeñaba como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, fue designado para la regional de Medellín. Mientras tanto, Gregorio Oviedo Oviedo, quien ocupaba el cargo de fiscal en Bogotá, fue nombrado director del CTI en esa ciudad.
En un artículo publicado en 2013 por Universo Centro, un medio de comunicación independiente antioqueño, Velásquez afirma que con la llegada tanto de Oviedo como la suya, se impulsó un renovado impulso institucional para perseguir y llevar ante la justicia a los paramilitares. Narra que en 1998 lograron interceptar las comunicaciones de un jefe de rango medio de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lo que les permitió descubrir múltiples planes del grupo armado.
Entre esos planes, Velásquez relata el intento de enviar un camión lleno de uniformes camuflados hacia el municipio de Sopetrán, en el noroccidente de Medellín, donde operaba un bloque paramilitar liderado por alias ‘Memín’ (Luis Arnulfo Tuberquia). El envío fue interceptado y detenido, proporcionando además la dirección de la presunta fábrica de camuflados, ubicada en un parqueadero a menos de quinientos metros de La Alpujarra, la sede de la Fiscalía Regional y centro administrativo del departamento y la ciudad.
Al allanar el lugar, esperaban encontrar la fábrica de camuflados, pero el hallazgo fue mucho más significativo. En la dirección señalada, en la Clle 45ª # 54 – 57 en Medellín, Oviedo y otro agente del CTI, Sergio Humberto Parra, descubrieron un parqueadero de motos donde encontraron a dos secretarias y un paramilitar destruyendo desesperadamente evidencia. En el Parqueadero Padilla, descubrieron que se llevaba la contabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Se tarda aproximadamente quince minutos en llegar desde La Alpujarra, sede de la Fiscalía en Medellín, hasta el Parqueadero Padilla, ubicado a pocas cuadras al nororiente, en El Hueco, el San Andresito de la capital antioqueña. Es sorprendente cómo, ante los ojos de las autoridades, se escondía una gran cantidad de información sobre la relación económica entre paramilitares y empresas privadas en la región desde 1995 hasta el primer semestre de 1998, así como detalles sobre los sueldos de los paramilitares y los métodos utilizados para lavar activos del narcotráfico.
Rutas del Conflicto
Se descubrió que las ACCU estaban recibiendo financiación, planeando, y apoyando logísticamente masacres como las de El Aro en Ituango, Antioquia, en 1997, y Pichilín en Morroa, Sucre, en 1996. Alias ‘Lucas’, el contador del grupo paramilitar en expansión más poderoso del país en ese momento, fue capturado aquel 30 de abril de 1998. Pero su posterior fuga de la cárcel y su desmovilización en 2003, sin que ninguna autoridad le reclamara por sus crímenes, dejó en evidencia la impunidad que rodeaba el caso.
Las órdenes de Carlos Castaño se cumplieron al pie de la letra, lo que llevó a una ola de asesinatos de miembros del CTI y la Fiscalía en Medellín y zonas cercanas. Incluso el proceso fue trasladado a Bogotá, lo que significaba que la investigación ya no estaba en la región donde los agentes de la ley estaban siendo asesinados.
En el camino hacia Bogotá, parte de las evidencias recogidas en el Parqueadero Padilla se perdieron, lo que dificultó aún más el avance del caso. A pesar de algunos avances en la identificación de cuentas bancarias y empresas involucradas en la financiación de las ACCU, como la Convivir El Cóndor, la investigación no ha llevado a acciones judiciales significativas contra los responsables.
Veintiseis años después, el caso del Parqueadero Padilla sigue sin resolverse completamente. Sin embargo, la coyuntura nacional ha puesto nuevamente el tema de la responsabilidad de terceros y agentes estatales no integrantes de la fuerza pública en el conflicto en primer plano. La JEP ha priorizado la investigación y procesamiento de aquellos que contribuyeron directa o indirectamente a la comisión de delitos, lo que podría finalmente arrojar luz sobre la verdad detrás del caso del Parqueadero Padilla y llevar a la rendición de cuentas que tanto se necesita.
Nadie podría haber anticipado que el parqueadero Padilla volvería del pasado, revivido por los trinos del único sobreviviente de aquellos valerosos investigadores que estuvieron a cargo de aquel operativo. Sí, me refiero a Gregorio Oviedo. Los otros 14 agentes del CTI y la fiscalía fueron asesinados entre 1998 y 1999 por orden directa de Carlos Castaño en complicidad con el estado. Ellos tampoco pudieron imaginar que el único superviviente sería el esposo de quien, 26 años en el futuro, se convertiría en la candidata más sólida para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación.
Vamos comprendiendo entonces «por dónde va el agua al molino», como decían los abuelos. La derecha narcotraficante y paramilitar de Colombia está consciente de lo que le espera si finalmente una fiscal íntegra y honesta asume la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Lo verdaderamente peligroso no son los trinos de Gregorio Oviedo, como insinúa la prensa tradicional. Para ellos, lo peligroso es que sea elegida una fiscal que los conoce y que tiene la capacidad de llevarlos ante la justicia.
