El presidente Iván Duque designó este miércoles al Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, como alcalde encargado del Distrito de Medellín, luego de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de suspender al alcalde, Daniel Quintero, quién fue apartado durante 3 meses de su puesto por la investigación por su supuesta participación en política.
Así como lo define el portal Pacifista, en su columna de investigación del 24 de mayo de 2021,» Juan Camilo Restrepo: de benefactor del uribismo y defensor de las Convivir a Alto Comisionado para la Paz», ahora a alcalde ad hoc en Medellín.
Juan Camilo Restrepo, hoy alto comisionado para la Paz, se desempeñó anteriormente como viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, fue subalterno en el Ministerio del Interior, fungió como asesor legislativo del Ministerio de Defensa y también fue presidente de Augura, la Asociación de Bananeros de Colombia.
El portal Verdad Abierta reveló en 2016 que cuando Restrepo fue director de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), ese gremio aportó 33 millones de pesos a la campaña del No, en el plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc, en la entrevista con dicho portal aseveró como vocero de esta agremiación que “Los aportes fueron en aras de fortalecer la democracia”
Pero no fue el único aporte que hizo Augura para el uribismo mientras Restrepo fue su presidente. Según la investigación de PACIFISTA!, en el portal oficial Cuentas Claras, las donaciones a varios candidatos del Centro Democrático y encontramos que varios fueron beneficiados por esa organización gremial, en las elecciones legislativas de 2018:
Paola Holguín, férrea opositora al Acuerdo de Paz, recibió 30 millones y llegó al Senado; a la campaña del senador huilense Ernesto Macías donaron 15 millones; María Fernanda Cabal, quien ha intentado reformar la Ley de Restitución de Tierras, recibió 20 millones. En la campaña a la Cámara de representantes, el dinero de Augura benefició a Amador Caycedo Mena, exalcalde de Chigorodó (Antioquia), a quien le dieron 10 millones, pero se «quemó».
No está de más decir que varios asociados de Augura han tenido que devolver tierras despojadas tras ser derrotados en procesos judiciales. Aún con esos antecedentes, en la entrevista que Restrepo le concedió a Verdad Abierta dijo: “los gremios y sus presidentes no pueden ser voceros desde el punto de vista ideológico ni político en las contiendas de la democracia Colombia”.
Augura, Asociación de Bananeros de Colombia, además, ha sido cuestionada presuntamente por haber financiado grupos paramilitares en Urabá, entre mediados de los 90 y 2004. Ese gremio participó activamente en la financiación de la Convivir Papagayo, cooperativa que se conoció por su razón social como «Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá«, pero que fue fundada y controlada por los paramilitares.
Juan Camilo Restrepo, en entrevista para Verdad Abierta, señaló que «es público el aporte que en su momento el sector bananero le daba a una institución que estaba cobijada bajo el amparo del Estado, de las empresas de vigilancia y seguridad y servicios especiales, y contablemente las empresas bananeras le otorgaban unos recursos a estos servicios especiales o como se conoce con el término de Convivir.»
Actas dan cuenta de que decenas de asociados de Augura aceptaron descontar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada para financiar los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, nombre que adquirió la Papagayo. Gabriel Harry Hinestroza, líder histórico de Augura, le aseguró a El Espectador que fueron 325 fincas las que hacían esos aportes. Raúl Hasbún, dijo que ese era el monto que industriales aportaban al grupo armado ilegal.
Hebert Veloza, excomandante de las AUC, contó que las Convivir de Urabá se crearon para “recaudar unos fondos de forma legal para que las empresas no tuvieran problemas jurídicos, que pudieran sacar de sus cuentas y que fuera legal la salida de esos dineros”.
Un acta, del 9 de marzo de 2003, da cuenta de una asamblea ordinaria de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá
Ese día entraron nuevos asociados, entre los que figuran Fabio Arango, expresidente de Asociación de Ganaderos del Urabá Grande, y Jaime Sierra, que correspondería al empresario palmero y ganadero Gabriel Jaime Sierra Moreno, suplente en la junta directiva de esta organización gremial Sierra fue condenado a diez años de cárcel por participar en un plan criminal de los hermanos Castaño para despojar a comunidades negras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó).
Otra acta, del 12 de julio de 2004, relaciona los radios de telecomunicaciones que tenía la Asociación. Siete dispositivos marca Yaesu, Icom y Motorola estaban en poder de Ganaderías de Urabá E.U. Según una declaración que dio Hasbún a la Fiscalía 103 especializada, adscrita a la Unidad de DD.HH y Derecho Internacional Humanitario, desde que los Castaño y él decidieron formar un grupo paramilitar en Urabá contaron con el apoyo de bananeros, ganaderos y comerciantes.
La Fiscalía declaró la financiación de los empresarios bananeros a los paramilitares como un crimen de lesa humanidad. “Ese dinero aportado por aquellos bananeros que financiaron el grupo paramilitar no solo se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado al margen de la ley en la zona, sino que con dichos recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda suerte de delitos”, aseveró el ente investigativo. A la fecha hay diez directivos de Chiquita Brands en juicio, pero no hay condenas contra los empresarios que se asociaron en Papagayo y poco se habla del papel de los dirigentes ganaderos. “Aquí hay un concierto (para delinquir) y el único condenado soy yo”, dijo Hasbún en 2012 y su frase sigue vigente.
Lea este artículo de El Espetador aquí: La participación ganadera en una Convivir de los paramilitares en Urabá
