La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno Garavito en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, e insta a las autoridades colombianas a investigar los hechos, así como a juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del homicidio tomando en consideración la labor periodística como un posible móvil del crimen.
Rafael Emiro Moreno Garavito es el tercer periodista asesinado en Colombia durante 2022 y, según información pública, sería el primer periodista en ser asesinado bajo la protección del Estado. Por lo anterior, la Relatoría urge al Estado de Colombia a indagar exhaustivamente sobre el funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas con respecto a su caso, tanto en la evaluación del riesgo, como en el funcionamiento de las medidas vigentes para el momento del crimen.
De acuerdo con la información disponible, en la noche del pasado 16 de octubre, dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta habrían abordado y disparado al periodista Rafael Emiro Moreno Garavito cuando se encontraba en un establecimiento comercial de su propiedad, localizado en la calle 4 del barrio 27 de julio, en el municipio de Montelíbano, al sur del departamento de Córdoba. Según fue reportado a esta Oficina, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le habría asignado al periodista un esquema de protección a raíz de reiteradas amenazas recibidas desde 2019. También se ha señalado que estas amenazas estarían relacionadas con sus investigaciones periodísticas sobre corrupción y grupos armados, particularmente en los municipios cordobeses de San José de Uré, Ayapel, Buenavista, Puerto Libertador y Montelíbano, donde fue asesinado. Según informan organizaciones de periodistas, durante este año se habrían presentado por lo menos siete amenazas contra periodistas en el departamento de Córdoba, de las cuales seis serían en el mismo municipio donde fue asesinado Moreno Garavito.
Rafael Emiro Moreno Garavito era el director del medio de comunicación Voces de Córdoba y un activo líder social en el departamento de Córdoba con amplio reconocimiento en la región. Adicionalmente, el comunicador también fue candidato a la curul de paz en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Transitoria de Paz (CITREP) número 14. Por sus denuncias sobre corrupción y grupos ilegales armados, Moreno Garavito habría recibido dos nuevas amenazas en julio de 2022 que habrían sido reportadas a las autoridades. Indicó la CIDH que a pesar de estas nuevas amenazas y de que el periodista había manifestado la necesidad de un refuerzo en su esquema de seguridad, las autoridades habrían decidido mantener las medidas existentes.
La Relatoría, al igual que en su último comunicado de prensa sobre el asesinato de los periodistas Leiner Enrique Montero Orga y Dilia Contreras Cantillo en el departamento de Magdalena, Colombia, reitera que el asesinato de comunicadores por motivos que podrían relacionarse con su labor periodística constituye la violación más severa del derecho a la libertad de expresión. La violencia contra periodistas no solo vulnera el derecho fundamental a la vida, sino que también genera un ambiente amedrentador y de silenciamiento contra la prensa, minando el derecho de las y los periodistas a investigar e informar libremente sobre temas de interés público. En este sentido, la CIDH también recalca que la violencia contra la prensa afecta gravemente la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión al vulnerar el acceso de las sociedades a la información, razón por la cual este tipo de ataques no pueden ser tolerados ni dejados impunes en sociedades democráticas.
La Relatoría valora que las autoridades locales hayan condenado pública y oportunamente el asesinato de Rafael Emiro Moreno Garavito, solicitando una «exhaustiva investigación que permita esclarecer el hecho e identificar a los autores de este crimen.» Asimismo, la Relatoría destaca que otros órganos del Estado, como la Defensoría del Pueblo, realicen seguimiento al asesinato y se unan al llamado colectivo de celeridad en las investigaciones. En particular, esta Oficina fue informada de que el Departamento de Policía Córdoba (DECOR) estaría desplegando agentes, en coordinación con la Fiscalía General, para adelantar la recolección de elementos materiales probatorios, videos y entrevistas que contribuyan a esclarecer los hechos. Además de continuar las investigaciones de forma oportuna y completa, la Relatoría insiste en que la falta de sanción de los delitos contra la prensa fomenta la reiteración de violencias y el silenciamiento, por lo que urge a que el esclarecimiento de los hechos conduzca a que se juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales del asesinato.
Finalmente, la Oficina de la CIDH llama al Estado colombiano a redoblar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra periodistas y la impunidad de estos crímenes. Esta obligación se acentúa cuando las autoridades han sido alertadas sobre amenazas existentes y, en este caso, cuando se proveen esquemas de seguridad. Por tratarse de un periodista asesinado bajo la protección del Estado, la Relatoría insta a las autoridades a precisar con urgencia las razones por las que el esquema de seguridad no habría sido efectivo, así como el motivo por el que, a pesar de alertas sobre un incremento en amenazas, no se consideró fortalecer las medidas de seguridad asignadas al periodista.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
