- Se trata de dos predios en Norte de Santander donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada, que fueron mencionados por el exjefe paramilitar en la Audiencia Única de Aporte a la Verdad.
- Las fosas comunes y hornos crematorios que utilizaron los grupos paramilitares para inhumar y desaparecer víctimas del conflicto armado están ubicados en dos municipios de Norte de Santander: Villa del Rosario y Puerto Santander.
- La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó la práctica de pruebas y el envío de información.
La JEP inició el estudio de la solicitud de medidas cautelares para proteger los puntos de interés forense que fueron señalados por Salvatore Mancuso en la Audiencia Única de Verdad ante la JEP. Se trata de dos predios ubicados en dos municipios de Norte de Santander, en donde estarían las fosas comunes y hornos crematorios que utilizaron los grupos paramilitares para inhumar y desaparecer víctimas del conflicto armado.
La decisión que adoptó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en respuesta a las medidas solicitadas por un grupo de víctimas de Norte de Santander, la Cancillería y hasta el mismo Salvatore Mancuso, cobija dos predios señalados en la diligencia judicial por el exjefe paramilitar y que se encuentran en el corregimiento de Juan Frío, en Villa del Rosario, y el corregimiento Banco de Arenas, en Puerto Santander.
En el primero de ellos estarían ubicados los conocidos ‘hornos de la infamia’ que eran utilizados por el Bloque Catatumbo para desaparecer las víctimas de asesinato. Según la solicitud de las víctimas, que han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva, es necesaria y urgente “la preservación inmediata, protección y vigilancia del predio».
De acuerdo con Mancuso, en el predio ‘Pacolandia’, ubicado en Puerto Santander, municipio fronterizo con Venezuela, también habría hornos crematorios y fosas comunes en los que podrían hallarse restos, prendas de vestir y objetos que permitirían la identificación de personas asesinadas y desaparecidas entre 2001 a 2004.
Las víctimas, provenientes de Cúcuta, Los Patios, Chinácota, Pamplona y El Zulia, entre otros municipios, habrían sido desaparecidas como una estrategia para ocultar el aumento de muertes en el conflicto armado, lo cual podría estar relacionado con la posible omisión de miembros de la Fuerza Pública.
Aunque la orden de desaparición presuntamente se emanaba de parte de la Fuerza Pública, quienes la llevaban a cabo eran los integrantes de los grupos paramilitares. Esto, según dijo Mancuso en la audiencia pública, demostraría el accionar conjunto entre las fuerzas militares y los grupos al margen de la ley durante los años 2000.
La información hace parte de los aportes a la verdad que entregó el exjefe paramilitar en mayo cuando se presentó ante la JEP para evaluar su rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública.
Finalmente, las medidas cautelares buscan proteger los derechos de los participantes en los procesos judiciales. Algunas de ellas se adoptan cuando se advierten circunstancias graves y urgentes que requieren atención inmediata para proteger los fines del proceso y los derechos que en él se están discutiendo o para contrarrestar el riesgo que proviene de fuentes externas.
