- La Sala les imputó los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad como asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, por hechos ocurridos en Tolima, Huila y Quindío.
- Esta estructura de las antiguas Farc-EP adoptó la política de financiarse a través de los secuestros. A través de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz se creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado.
- Comparecientes de las antiguas Farc-EP reconocieron en versiones que el fin del secuestro con fines económicos era financiar el aparato militar para cumplir con el propósito de tomarse la capital del país y ganar la guerra.
- Es la primera de siete imputaciones regionales que se darán en el marco del Caso 01.
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos. Esta es la segunda imputación, y la primera regional, que se realiza del Caso 01. La primera fue contra el último Secretariado de las Farc-EP por la política nacional. En esta se llama a reconocer responsabilidad a quienes comandaron la estructura que operó en el sur del Tolima, Quindío y Huila.
Los imputados por la Sala de Reconocimiento son Luis Eduardo Rayo, conocido como ‘Marlon’; Enoc Capera Trujillo, ‘Giovanni’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, ‘Armando Pipas’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’; Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’. La JEP determinó que son máximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González que componían el Comando Conjunto Central. Así mismo, la Sala determinó que Álvaro Henner López, conocido como ‘J.J’ o ‘Jhon Jairo Paz Guevara’ y Gustavo Bocanegra Ortegón, ‘Donald’, son máximos responsables por su participación. Aunque no tuvieran mando sobre las estructuras del Comando Conjunto Central son responsables de hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima.
En esta segunda imputación dentro del Caso 01, y primera imputación regional, la Sala de Reconocimiento determinó que estos antiguos miembros del Comando Conjunto Central materializaron las políticas trazadas por el antiguo Secretariado en torno al secuestro y que se clasifican en tres tipos: secuestros para financiar la organización, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial.
Hechos y conductas no amnistiables determinados por la Sala
Con las imputaciones regionales la JEP ahonda en el esclarecimiento de los secuestros cometidos por las Farc-EP en las distintas regiones del país y las diferencias y similitudes en la forma de operar. El Comando Conjunto aglutinaba los Frentes 21, 25, 17, 50, Frente Joselo Losada y Frente Tulio Varón, las Columnas Móviles Héroes de Marquetalia, Daniel Aldana, y Jacobo Prías Alape, así como varias compañías y comisiones especializadas. Operó en el departamento del Tolima y en el norte del Huila, y en su máxima expansión en municipios colindantes de los departamentos del Quindío, y Cundinamarca.
En su máximo periodo de expansión el Comando Conjunto Central llegó a tener 1.180 miembros, siendo la más pequeño de las estructuras regionales de las Farc-EP. Comparativamente el Bloque Sur estuvo conformado por aproximadamente 2.300 hombres en armas y el Bloque Oriental por 7.100. Esta variación numérica llevó a la Sala a determinar que el porcentaje de secuestros que cometió el Comando Conjunto Central es incluso menor a su tamaño proporcional.
Así, de 5.219 víctimas únicas de secuestro reportadas en los registros del Sistema de Justicia y Paz, conocido como SIJYP, la base de datos más completa aportada a la JEP, 111 víctimas, que corresponden al 2% del total, señalan directamente al Comando Conjunto Central como la estructura responsable. Por estos secuestros se encuentran acreditadas en el Caso No.01 155 víctimas, de 3.422 víctimas acreditadas en el Caso 01.
La gran mayoría de los hechos reportados por las víctimas acreditadas en el Caso 01 sucedió en el Tolima (87%) y el resto en el norte del Huila (13%). La mayor cantidad de víctimas fueron secuestradas por el Frente 21, que controlaba el Cañón de las Hermosas en el suroccidente del Tolima. Este frente 21 fue el responsable del 38% de los secuestros cometidos por el Comando Conjunto Central, seguido por el frente 25, en el suroriente del Tolima y norte del Huila, fue el segundo frente que más secuestró, con el 13,3%.
A pesar de su tamaño menor frente a otras estructuras, el Comando Conjunto Central jugó un papel importante en la manera como la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros. En esta estructura funcionó la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un complejo sistema de financiamiento por medio de “nóminas» de extorsión enfocado en sectores de la región: arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa, o ser secuestrados como penalidad.
Fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, el Comando Conjunto no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al Secretariado. Para financiarse esta antigua estructura guerrillera desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro: cuando las víctimas no pagaban las cuotas o cuando necesitaban más dinero, recurrían a privarlas de la libertad y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades e incluso ponían explosivos en sus lugares de residencia o de trabajo para presionar el pago.
El Comando Conjunto Central jugó un papel importante en la manera como la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros. En esta estructura funcionó la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un sofisticado sistema de extorsión por medio de “nóminas» de extorsión enfocado en sectores de la región: transporte, café, petrolero, contratación y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa o ser secuestrados como penalidad. Sus técnicas fueron emuladas por otras unidades y replicadas en la organización guerrillera. Este modelo fue retomado por toda la organización armada en las órdenes conocidas como la “Ley 02.»
El Comando Conjunto Central secuestró personas que residían en la zona que ya venían siendo extorsionadas, en Tolima y Huila, que contaban con prósperos centros agrícolas por el cultivo del café, el arroz, así como por la ganadería y el comercio. La mayoría de los secuestros con fines económicos fueron reportados en los municipios de Murillo, Ortega y Venadillo. También secuestró a personas que procedía de Bogotá, Ibagué y Neiva y viajaban con frecuencia a fincas de descanso en Tolima y el norte del Huila. Sobresalen los secuestros cometidos en zonas vacacionales en torno a la represa de Prado y el eje Girardot-Melgar.
El Comando Conjunto Central también realizó privaciones de la libertad con fines de control territorial, especialmente en los municipios de Ortega, Chaparral, Coyaima, Planadas, Ataco y Rioblanco, áreas históricamente controladas por unidades de las Farc-EP en el sur de ese departamento. Su presencia y control sobre la zona del suroccidente del Tolima, especialmente en el Cañón de las Hermosas, caracterizó su despliegue territorial en la década de los noventa fue notorio su dominio en el suroccidente del Tolima, zona de origen histórico de las FARC-EP en Marquetalia. Incluso al Frente 21 se le llegó a conocer como el “juzgado 21″ por impartir justicia guerrillera en el suroccidente del Tolima.
En tres casos también privaron de la libertad a miembros de la fuerza pública para forzar un canje por guerrilleros presos, y lo entregaron a otros Bloques.
¿Cómo operó el Comando Conjunto Central?
El Comando Conjunto Central fue una de las siete estructuras creadas en 1993 por la VIII Conferencia Nacional Guerrillera para cumplir el Plan Estratégico, que era la toma del poder cercando y dominando la capital del país, Bogotá. Guillermo León Sáenz, conocido como ‘Alfonso Cano’, fue el integrante que el Secretariado designó para coordinar el Comando Conjunto Central, así como el Comando Conjunto de Occidente que operó en el sur de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. A diferencia del Comando Conjunto de Occidente, que se convirtió en el Bloque Occidental, el Comando Conjunto Central tuvo un número reducido de estructuras y de integrantes, lo que no le permitió configurarse como Bloque.
Si bien la guerrilla de las FARC se originó con campesinos desplazados del Tolima, estos fueron expulsados de la zona al terminar La Violencia y se ubicaron en zonas de colonización en el Cauca y en el piedemonte de la Cordillera Oriental. Regresan al Tolima luego de tomar la decisión de tomarse el poder y expandirse en el territorio nacional en la VII Conferencia Nacional Guerrillera de 1982. Durante la VIII Conferencia Nacional Guerrillera Conferencia, los frentes que funcionaban en el sur del Tolima fueron agrupados como Comando Conjunto Central se le encargó contribuir a la toma de la capital del país. Para ello, era necesario controlar las carreteras principales del alto Magdalena que comunicaban Bogotá con Ibagué y, de allí, con Armenia y Cali, por vías como La Línea, que conducen al hacia el suroccidente de Colombia. Como parte de esta tarea, al Comando Conjunto además le dieron la responsabilidad de conseguir varios millones de dólares para cumplir con su misión.
Bajo la comandancia de Alfonso Cano y de Adán Izquierdo en la década de los años noventa el Comando Conjunto Central se convirtió en una estructura comparativamente pequeña, pero en constante crecimiento militar y lo financiero. Contaba con diez estructuras en funcionamiento, entre frentes y columnas. y presencia en los departamentos del Tolima, Huila y Quindío. Además, había logrado confrontar con éxito militar a las organizaciones paramilitares que les habían enfrentado, en particular al Bloque Tolima.
El Comando Conjunto operaba en dos áreas de despliegue: el suroccidente del Tolima, expandiéndose por la cordillera Central hacia el Quindío, y en el suroriente de ese departamento, expandiéndose por la cordillera Oriental hacia el Sumapaz. Al mantener el control territorial de las dos cordilleras, y garantizar los pasos de una a otra, el Comando Conjunto Central formó parte integral del cerco a Bogotá, principal objetivo de las extintas Farc-EP. Como parte de esta estrategia hicieron presencia en las carreteras nacionales que comunican a la capital con el sur y el suroccidente del país.
Las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), fue el periodo de máxima expansión, por el apoyo logístico y político que recibían de las unidades en la Zona de Distensión. Las condiciones del área despejada de la Zona de Distensión le permitieron a las Farc-EP elaborar allí una infraestructura donde mantuvo en cautiverio a los civiles, policías y militares que estuvieron privados de la libertad en los periodos más largos registrados en la investigación del Caso 01. Ese periodo de los diálogos y de vigencia de la Zona de Distensión también coincide con el lapso en que el Comando Conjunto Central cometió el mayor número de secuestros.
A partir de 2002, con el gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) y luego el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) el Comando Conjunto enfrentó a una Fuerza Pública fortalecida. Entre el 2003 y el 2015 las operaciones conjuntas de la fuerza pública resultaron en la muerte, desmovilización o captura de la mayoría de sus integrantes, y la pérdida del territorio que controlaban en el sur del Tolima, incluyendo el Cañón de las Hermosas. Muerto Adán Izquierdo en el 2000, el comando quedó hasta el 2011 bajo la comandancia de Alfonso Cano y Jerónimo Galeano, enfrentando sucesivas operaciones del Ejército. Los secuestros disminuyen notablemente en este embate por la pérdida del control territorial. Muertos Alfonso Cano y Jerónimo Galeano en el 2011, queda bajo la coordinación de Pablo Catatumbo y de Luis Eduardo Rayo, conocido como Marlon. Para entonces el Comando Conjunto ya entró en una fuerte etapa de repliegue y declive que culminó con su desarticulación total en el 2015.
La mayoría de comandantes de los años 90 de los diferentes frentes, compañías y columnas del Comando Conjunto Central murieron en operaciones militares. Del total de integrantes del Comando Conjunto Central, apenas 150 sobrevivieron al conflicto armado y llegaron vivos a la firma del Acuerdo Final de Paz. Con excepción de algunos comandantes financieros, quienes sobreviven, y comparecen actualmente ante la JEP comandantes que para la época en que se reportó la mayor cantidad de hechos victimizantes ostentaban cargos de menor responsabilidad. Son estos quienes asumen su comparecencia ante la JEP, a quienes se les imputan estos graves crímenes, y quienes deben aportar verdad a las víctimas sobre los hechos que destruyeron sus vidas.
La Comisión Financiera Manuelita Sáenz
Los antiguos comandantes de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz han reconocido su responsabilidad en versión voluntaria, y han aportado mayor información sobre su funcionamiento que es coherente con la información brindada por la Fiscalía en sus informes. La Comisión, que fue creada en 1995 bajo el mando de Hollman Calderón, ‘Alirio Chicharrón’, se dedicaba a recoger dinero para el Comando a través de secuestros y extorsiones a empresas petroleras, a agricultores y comerciantes de café, así como a cobrar porcentajes de los contratos públicos. Posteriormente, el mando lo llevó Víctor Hugo Silva ‘Erick’ o ‘el Chivo’, capturado en 2013, siendo el segundo Raúl Agudelo Medina conocido como Olivo Saldaña.
Las fuentes contrastadas por la JEP señalan que la Comisión Financiera Manuelita Sáenz estuvo integrada por alrededor de 40 personas ubicadas en pueblos del Tolima y del Huila y en la capital de Ibagué. En la versión colectiva ante la JEP, el compareciente Víctor Hugo Silva ‘Erick’ o ‘el Chivo’, uno de los imputados en esta decisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconoció que la cuota para el Secretariado llegó a ser de 2.000 millones de pesos al año de esa época. Para tratar de cumplir con esa meta le cobraban a la minería ilegal un gramaje en oro y que era entregado directamente al Secretariado.
Esta presión por resultados del Secretariado, de conseguir dinero para financiar las operaciones militares de las antiguas Farc-EP, y de esta manera ganar la guerra, fue comparada por el comandante de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz con las ejecuciones extrajudiciales (´falsos positivos´) cometidas por miembros de la fuerza pública, práctica criminal que buscaba dar la sensación de que se estaba ganando la guerra en el campo militar; el muerto en combate era el resultado más importante. Así lo ha señado la Sala de Reconocimiento en el Caso 03.
En el caso de la Comisión Financiera, la presión era por conseguir dinero para financiar la guerra a como diera lugar, en particular cuando se agotaron las rentas de la amapola, sin que estos ingresos se reemplazaran con dinero del tráfico de pasta base de coca. Los comparecientes reportaron que Alfonso Cano prefería “los tributos» (extorsión) a la coca, e incluso al secuestro, y por eso con la Comisión Financiera intentó organizar estas extorsiones a la economía legal de manera eficiente y por sectores: sector transporte, sector café, sector petrolero, sector contratación, sector de la energía, tasas a la cerveza y a la gasolina. Esto les permitió identificar todas las empresas del área y cobrarles sumas de dinero de manera sistemática, manejando complejas nóminas de extorsión exclusivas de la Comisión. El secuestro era usado como presión para pagar la extorsión, o para ampliar los ingresos incluso contra personas que pagaban la extorsión. Los comparecientes proveyeron descripciones de esta operación.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Como parte del trámite judicial y su obligación de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva, y de reparar a las víctimas, la JEP espera la ampliación de la información entregada por los comparecientes frente a hechos concretos, como entregar información de personas que habrían sido secuestradas y luego desaparecidas. En ese sentido, los 10 comparecientes imputados tienen 30 días hábiles para entregar información ante la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas que conduzca a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas.
La Sala, además, fijó un término de 30 días hábiles para que los comparecientes reconozcan o no su responsabilidad en los hechos e identifiquen la participación de las milicias en la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad. Quienes reconozcan su responsabilidad podrían recibir una sanción propia y quienes no su proceso será remitido a la UIA para que inicie un juicio adversarial donde podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
¿Quiénes son los imputados?
Luis Eduardo Rayo, ‘Marlon’: Fue miembro del Estado Mayor del frente 21 entre 1997 y 2011. Allí se desempeñó como reemplazante (segundo al mando) del frente 21 (1997-1998) y comandante de esta misma estructura desde 1998 hasta 2011, y en 2015. A su vez, entre 2011 y 2015 fue Coordinador del Comando Conjunto Central.
Enoc Capera Trujillo, ‘Giovanni’: Fue miembro del Estado Mayor del frente 21 entre 2002 y 2014. Siendo reemplazante de esta estructura desde 2006 hasta 2011, además comandante del frente 21 entre los años 2011 y 2014.
Jhon Jairo Oliveros Grisales, ‘Armando Pipas’: Fue miembro del Estado Mayor del frente 21 entre 2006 y 2015, así como comandante financiero entre 2008 y 2015. También fue reemplazante del frente entre el 2011 y 2015, además de su comandante en 2015.
Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’: Fue miembro del Estado Mayor del frente 50 entre 1993 y 1994 y comandante Frente Tulio Varón entre el año 1994 y 1997.
Víctor Hugo Silva Soto, ‘Erick’ o ‘el Chivo’: Fue miembro del Estado Mayor frente 17 en 1997. Ejerció el rol de comandante financiero y comandante de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz entre 1998 y 2013.
Wilson Ramírez Guzmán, ‘Teófilo’: Fue nombrado comandante de la Compañía Alfredo González en 2002 y tuvo ese mando hasta el 2012. Ese fue designado comandante de la Columna Héroes de Marquetalia hasta el 2014.
Nelson Antonio Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’: Fue miembro del Estado Mayor del Frente 25 entre 1997 y 2010, en donde desempeñó el rol de comandante entre 2008 y 2010.
Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’: Fue el tercer comandante de la estructura urbana del Frente 21, de las Farc-EP entre los años 1991 y 1995, así como segundo comandante de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz entre 1998 y 2003.
Álvaro Henner López ‘JJ’: Fue miembro del Estado Mayor Frente Tulio Varón entre 1999 y 2004, encargado de aspectos ideológicos, políticos y de organización de masas.
Gustavo Bocanegra ‘Donald’: Estuvo a encargado de funciones de organización política y de masas en el Frente 21 entre los años 1998 y 2006, así como e 2012 al 2015. Fue integrante de la Unidad Cajamarca entre 2007 y 2010.
Por otra parte, la Sala indicó que no ha dado con el paradero y la identidad de algunos comandantes del Comando Conjunto Central. Por esta razón, ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que determine su ubicación. En caso de que no comparezcan en el término provisto, procederá al respectivo incidente de incumplimiento cuya consecuencia final es la expulsión de la JEP.
