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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció hoy la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 integrantes del Ejército Nacional, incluyendo a Jaime Lasprilla Villamizar y otros cuatro generales, en relación con 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.
Los militares, vinculados al Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’, a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada, son acusados de ejecutar un plan criminal que pretendía presentar homicidios como resultados operacionales legítimos en combates simulados. Este macabro propósito tenía como objetivo ofrecer una falsa sensación de seguridad a la población civil y obtener beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional.
La JEP ha señalado como máximos responsables al mayor general Miguel Pérez Guarnizo, al general (r) Jaime Lasprilla Villamizar y al brigadier general William Pérez Laiseca. Además, como coautores, a los mayores generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
La investigación reveló que, de las 264 muertes reportadas entre 2005 y 2008, 192 fueron homicidios cometidos contra personas fuera de combate. La JEP destacó la responsabilidad de los generales imputados, argumentando que, desde sus posiciones de mando, fueron permisivos, laxos en los controles y no cumplieron con sus obligaciones constitucionales de prevención, investigación y sanción.
La Sala de Reconocimiento de Verdad hizo un llamado a reconocer públicamente su responsabilidad a los 35 comparecientes, entre ellos, los coroneles retirados Carlos Yair Salamanca Robles y Mario Hernán Duarte Méndez, así como a los tenientes coroneles (r) Leonardo Ayala Remolina y Martín Orlando Galindo Páez.
Además de la responsabilidad penal individual, la JEP observa una falla sistémica de las instituciones, tanto militares como civiles, encargadas de proteger a la población en Huila. Los mecanismos de control fueron insuficientes, y las medidas solo se adoptaron cuando las atrocidades se hicieron públicas.
El subcaso Huila, dentro del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, destaca la conexión entre los seis subcasos priorizados. A pesar de la distancia geográfica, los responsables cometieron crímenes similares, apuntando a una estrategia de guerra donde se privilegiaban las muertes sobre cualquier otro resultado operacional.
La imputación se basa en un extenso acervo probatorio, que incluye informes de entidades estatales, testimonios de más de 120 integrantes de la fuerza pública, más de 100,000 folios de expedientes digitales y documentos oficiales del Ministerio de Defensa.
Este sombrío capítulo en la historia de Huila espera ahora el reconocimiento de responsabilidad y la definición de situaciones jurídicas por parte de los implicados, mientras la JEP sigue su labor en busca de verdad y justicia.
Revelación de patrones Criminales en Huila: JEP detalla responsabilidades y estrategias militares
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha presentado hallazgos impactantes tras analizar detalladamente informes de víctimas, documentos estatales y pruebas recopiladas en el Subcaso Huila, vinculado al Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas entre 2005 y 2008.
La evidencia judicial respalda la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 comparecientes, señalando que los homicidios, tentativas de homicidio y desapariciones forzadas formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, violando las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Entre 2005 y 2008, la región de Huila experimentó un aumento significativo de actos victimizantes documentados por la JEP, correlacionado con casos similares en otras partes del país.
La investigación destaca la existencia de tres patrones macrocriminales en el Subcaso Huila, revelando estrategias militares donde se privilegiaban las muertes como único resultado operacional válido. Estos patrones, a diferencia de otros casos, no mostraron variaciones temporales sustanciales ni estuvieron vinculados a la desmovilización de las AUC.
El primer patrón identificado es la estigmatización de víctimas mediante señalamientos arbitrarios de pertenecer a grupos armados. Este patrón, ejecutado con alto nivel de planificación, buscaba la percepción de ‘debilitamiento del enemigo’. Se destaca un caso ilustrativo donde un civil fue asesinado y presentado como miliciano de las Farc-EP.
El segundo patrón implica el engaño de personas vulnerables, atrayéndolas desde zonas como Garzón, Pitalito o Neiva para ser asesinadas. Este método se utilizó para obtener resultados operacionales contra las Farc-EP, como se evidenció en los homicidios de Miller Andrés Blandón Álvarez, Juan Diego Martínez y Álvaro Hernando Ramírez.
El tercer patrón involucra acciones contra supuesta delincuencia común y/o milicias de las Farc-EP en contravía de normas internacionales y doctrina militar. Algunas acciones eran denunciadas por la comunidad, y las unidades militares respondían asesinando a civiles falsamente señalados.
La imputación se basa en un sólido acervo probatorio, incluyendo informes de entidades estatales, testimonios de más de 120 integrantes de la fuerza pública, expedientes digitales, observaciones de víctimas y del Ministerio Público, así como documentos oficiales del Ministerio de Defensa.
Este revelador informe de la JEP arroja luz sobre prácticas criminales ocultas durante años en Huila y destaca la necesidad de reconocimiento de responsabilidad por parte de los implicados.
Estrategias de los Máximos Responsables:
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha desentrañado los patrones que facilitaron la ejecución de asesinatos y desapariciones forzadas en el Subcaso Huila, señalando a los máximos responsables de operar estas prácticas criminales.
Los patrones identificados incluyeron la presión por presentar muertes en combate, la competencia entre unidades tácticas, incentivos formales e informales para perpetradores, creación de grupos especiales, uso de fondos reservados para actividades delictivas y la laxitud de controles y permisividad de superiores.
La Sala concluyó que factores como el afán de obtener beneficios personales y profesionales, la presión por resultados, la estigmatización de la población en áreas de influencia de las Farc-EP, la desprotección de las víctimas, la laxitud de controles y la percepción de «guerra jurídica» contribuyeron a estos actos.
La creación de unidades «especiales» en Huila, con privilegios y condiciones favorables, permitió la incidencia directa de los oficiales, motivando la participación de sus subordinados en los crímenes. La manipulación de procedimientos militares, documentación falsa y declaraciones amañadas ocultaron las acciones delictivas.
Los hechos buscaban aliviar la presión por resultados y mostrar operatividad en zonas sin control territorial. La Sala estableció que el 73% de los resultados operacionales reportados eran falsos, con un uso desproporcionado de la fuerza letal desde la planificación de las operaciones.
En cuanto a los daños causados, los asesinatos y desapariciones generaron impactos en diversas esferas de la vida de las víctimas, sus familias y comunidades. La estigmatización mediática exacerbó estos daños, afectando el buen nombre, relaciones, bienestar, ciudadanía, proyectos y empleo.
Las víctimas reclaman el papel de los medios de comunicación, que replicaron versiones oficiales sin contrastar, amplificando la estigmatización. Ahora, los 35 imputados tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar su responsabilidad. La JEP decidirá sobre la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, donde las víctimas participarán activamente. En caso de negación, el caso se remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
