La renuncia del fiscal delegado marca un momento crucial en la investigación contra Álvaro Uribe, dejando a la Fiscalía en una encrucijada que podría definir el rumbo del proceso judicial.
En un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación el día de ayer, se anunció la renuncia del Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, junto con un cambio en la asignación de la investigación relacionada con el expresidente Álvaro Uribe. Según el comunicado, esta medida tiene como objetivo dar continuidad a la actividad investigativa en el proceso por fraude procesal y soborno a testigos, tras la renuncia del expresidente a su curul en el Senado de la República.
Iván Cepeda Castro, quien se encuentra en calidad de víctima y representante de víctima en este caso, ha expresado su posición ante la opinión pública. En primer lugar, Cepeda recuerda que en 2012, Álvaro Uribe presentó una denuncia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 2018, el Alto Tribunal se inhibió de abrir una investigación formal contra Cepeda, pero, por el contrario, compulsó copias contra el expresidente por presunta manipulación de testigos. Estos hechos marcaron el inicio de la investigación que ahora se sigue contra Uribe Vélez.
Después de dos intentos fallidos de preclusión, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, asignó la actuación procesal al fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema, Andrés Alberto Palencia Fajardo, el 13 de octubre de 2023. Palencia dispuso la realización de «actos de investigación complementarios» por un plazo de noventa días, que concluyó el 10 de enero de 2024.
Cepeda destaca que el término para los actos de investigación no es personal y, por lo tanto, la renuncia de Palencia no debería permitir a la Fiscalía atribuirse términos adicionales para las actividades investigativas. Ante esta situación, el comunicado señala que la Fiscalía General de la Nación debería presentar de inmediato un escrito de acusación contra Álvaro Uribe Vélez, basándose en el robusto material probatorio acumulado durante los dos años de investigación en la Corte Suprema y los más de tres años en la Fiscalía.
Cepeda advierte que la falta de presentación de un escrito de acusación podría conducir a un escenario de impunidad a favor de Uribe, allanando el camino hacia la prescripción de los cargos. En última instancia, el comunicado indica que, dado que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está en proceso de revisar la solicitud de amparo presentada contra la Fiscalía por vulneración de derechos fundamentales, se informará al Alto Tribunal sobre esta nueva situación para su consideración en el fallo de tutela de segunda instancia.
Fotografía: Facebook Iván Cepeda Castro
