• “Habrá mecanismos con base en el Derecho Internacional Humanitario, que van a posibilitar que los retornos puedan ser durables, estables y eviten desplazamientos y confinamientos”, destacó el Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda.
• Explicó que “los alivios humanitarios fundamentalmente son unas normas prácticas y concretas de alivio a la población que está afectada” por “confinamientos y dinámicas de violencia armada, que han generado el desplazamiento forzoso”.
• “Nosotros nos encargaremos de una intervención con el conjunto de los Ministerios que tienen responsabilidades en la aplicación de política pública para la atención a la población desplazada”, manifestó.
Tras concluir el primer ciclo de trabajos de la Mesa de Diálogos de Paz, el Gobierno del Cambio y el Eln acordaron implementar a partir de enero del 2023 un sistema de alivios humanitarios para garantizar el retorno de población desplazada y poner fin a situaciones de confinamiento generados por condiciones de violencia en las regiones del Medio Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó).
El Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, indicó que para poner en práctica este acuerdo logrado con el Eln y dado a conocer esta semana en el punto 3 del comunicado revelado a la opinión pública, se pondrán en práctica los mecanismos que brinda el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Hay un acuerdo concertado con la delegación de paz del Eln de que habrá una intervención institucional, en la que jugará un rol todo el Estado colombiano. Habrá mecanismos con base en el Derecho Internacional Humanitario, que van a posibilitar que los retornos puedan ser durables, estables y eviten desplazamientos y confinamientos”, destacó Rueda.
Al respecto, explicó que “los alivios humanitarios fundamentalmente son unas normas prácticas y concretas de alivio a la población que está afectada, en este caso en el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Chocó, con confinamientos y dinámicas de violencia armada que han generado el desplazamiento forzoso”.
El Comisionado agregó que algunas de estas comunidades ya llevan más de un año fuera de sus territorios y, por lo tanto, el objetivo es que la intervención institucional permita generar las garantías de retorno de esta población con compromisos específicos del Eln.
“En el mecanismo participa el Gobierno Nacional, a través de la Oficina (del Alto Comisionado) de Paz, las partes, a través de los gestores de paz, en el caso del Eln, y nosotros nos encargaremos de una intervención con el conjunto de los Ministerios que tienen responsabilidades en la aplicación de política pública para la atención a la población desplazada”, manifestó.
Prevalece el principio de la vida
El Alto Comisionado fue enfático en decir que para concretar este acuerdo el Gobierno tuvo en cuenta que el principio de la vida prevalece sobre todo.
“La decisión es una construcción colectiva y desde el Gobierno Nacional siempre el principio ha sido la vida, y la vida digna, y cualquier proceso de construcción de paz pasa por ahí, y esto es una decisión en concreto de posibilitar garantías para que se inicie un proceso de restablecimiento de derechos de vida digna de la población confinada y/o desplazada”, resaltó.
En el mismo contexto, sostuvo que en la zona donde se va a implementar este mecanismo “hay operaciones de tensión permanente entre el Ejército de Liberación Nacional y las llamadas AGC. Esas operaciones sostenidas vienen desarrollándose desde hace cerca de año y medio, y justo en esos escenarios de conflictividades la construcción de paz se requiere y se hace necesaria”.
Aseveró, asimismo, que en el mecanismo también participarán la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la iglesia católica y se desarrollará un acompañamiento permanente en esos territorios.
De hecho, el Jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, resaltó que hay una gran conciencia del Gobierno y de la delegación del Eln, en el sentido de “que se tienen que dar resultados concretos a la brevedad, dada la situación que tiene el país en algunos de sus territorios, que hay que generar desde ya alivios humanitarios a las comunidades que están afectadas en eso territorios”.
Sobre el papel fundamental de Naciones Unidas en el proceso, recalcó que el organismo “estará acompañando esos esfuerzos, nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacer esos acompañamientos, junto con la iglesia católica colombiana, para estar ahí en los territorios, haciendo un acompañamiento con las comunidades”.
Finalmente, afirmó que el mecanismo de los alivios humanitarios se podría extender a otros territorios: “Vamos a aprender de cara al futuro para, ojalá, extenderla en otros lugares del territorio colombiano y como dijeron en la propia conferencia de prensa, también buscar en el futuro algún tipo de cese más amplio, que pueda beneficiar de manera más amplia a diferentes sectores de la población”.
