La Franja de Gaza atraviesa una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XXI. Según las últimas cifras publicadas por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, más de 61.700 palestinos han sido asesinados y 123.308 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023. De ellos, al menos una tercera parte eran niños, el 70% de las víctimas son mujeres y más de 16.000, son menores de edad.
Solo desde la ruptura del alto el fuego el 18 de marzo, se han registrado al menos 1.309 niños muertos y 3.738 heridos. Según datos recopilados por Anadolu Ajansı, al menos 17.881 niños han fallecido, entre ellos 214 recién nacidos, y más de 38.000 han quedado huérfanos.
UNICEF denuncia una “implacable matanza” de menores y la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales para la infancia, como escuelas, hospitales y sistemas de agua y saneamiento, lo que agrava aún más la crisis humanitaria que enfrentan los niños en Gaza.
El acceso a derechos básicos como la alimentación, el agua potable y la salud ha colapsado. Según agencias de Naciones Unidas, el 93% de la población gazatí, es decir, más de 2 millones de personas, padece inseguridad alimentaria severa, mientras que 244.000 están oficialmente en fase 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), lo que equivale a condiciones de hambruna total.
La situación alimentaria es crítica. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF advierten que 71.000 niños y más de 17.000 madres están amenazados por desnutrición aguda. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido que la población enfrenta el riesgo de inanición masiva si no se levanta inmediatamente el bloqueo impuesto por Israel.
Además, UNICEF ha alertado que más de 335.000 niños menores de cinco años están al borde de la muerte por alto riesgo de desnutrición severa y muerte prevenible debido a la inseguridad alimentaria. El acceso al agua potable también se ha colapsado, afectando gravemente la salud pública: un 65% de la población no tiene acceso a agua segura para consumo humano.
Mientras la situación humanitaria se deteriora, Israel ha intensificado sus ataques aéreos y terrestres. En las últimas 24 horas, al menos 23 personas murieron en bombardeos en Khan Yunis y Rafah, entre ellos niños, mujeres y ancianos que buscaban refugio en campos improvisados.
El derecho a la vida, a la salud, a la protección de la infancia, al refugio y al auxilio humanitario están siendo vulnerados de forma sistemática y continuada. La destrucción de los corredores humanitarios y los ataques a personal médico y trabajadores de ayuda internacional —más de 300 asesinados hasta la fecha— reflejan un desprecio alarmante por las normas básicas de humanidad.
Esta semana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció el asesinato de dos de sus trabajadores en un ataque israelí, calificando el hecho como “una grave violación del derecho internacional humanitario”. A esto se suman más de 150 periodistas muertos, muchos de ellos mientras cubrían los bombardeos o refugiados en instalaciones de prensa.
El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró hoy su llamado urgente a un alto el fuego inmediato, al acceso sin restricciones de ayuda humanitaria y a una investigación internacional independiente sobre los crímenes de guerra cometidos en Gaza. “El sufrimiento del pueblo palestino es insoportable. No podemos mirar hacia otro lado mientras se comete una masacre a plena luz del día”, afirmó.
Varios países como España, Irlanda y Noruega han pedido sanciones internacionales contra Israel si no cesa su ofensiva, y han anunciado que reconocerán formalmente al Estado palestino como un paso hacia una solución política y duradera.
Hoy, la comunidad internacional tiene la obligación legal y moral de actuar. No basta con declaraciones de condena. Es imperativo proteger a la población civil, garantizar la entrada de ayuda humanitaria, exigir rendición de cuentas, atender las solicitudes de la Corte Penal Internacional (CPI) y detener de inmediato el suministro de armas a quienes están cometiendo crímenes de guerra.
