Entre la represión y el olvido del Estado surgen voces de resistencia y de inconformidad en Colombia, país que la autora califica como uno de los más desiguales del mundo. «Nos quieren sacar los ojos porque ya los abrimos.»
FUSILES BLANCOS CONTRA PIEDRAS ROJAS
6402 veces
Aquiles habría devuelto el cadáver de Héctor a Príamo.
Otros tiempos
Otros domadores de caballos
Otros tiempos de tal dignidad nunca han existido en Colombia en las esferas gubernamentales. La desigualdad promovida por las clases poderosas ha llegado a ser una fosa alimentada por la corrupción y por las políticas de Gobierno que se han tornado escandalosas desde que Álvaro Uribe Vélez llegó al poder en 2002, con el patrocinio de los narcotraficantes a los que él mismo otorgó licencias para sacar la droga del país cuando fue director de la Aeronáutica Civil. Esto es un secreto a voces, como todo su prontuario, en el que descuella el hecho de haber matado a 6402 jóvenes inocentes, reclutados bajo engaño, para asesinarlos y hacerlos pasar por cifras de bajas guerrilleras en combate.
La Constitución de 1991 habla de un Estado Social de Derecho que solo está en las letras. En realidad, en Colombia, los únicos amparados por la Ley son los ciudadanos amigos de Uribe, los ciudadanos autodenominados de bien, los ciudadanos de la clase alta y los ciudadanos colombianos que no viven en este país.
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. En el mismo territorio sobreviven quienes no cuentan con luz y alcantarillado y personas que se encuentran entre los más millonarios del planeta y que siempre han manejado el poder económico y político, sin tener en cuenta a quién perjudican con sus acciones. Esta situación de paro nacional se desencadenó por una crisis social profunda que se acrecentó con el gobierno uribista. Un gobierno que declaró al pueblo como objetivo militar y que se ampara en el uso bochornoso del lenguaje que desde las plataformas de las redes maneja descaradamente Álvaro Uribe para dar órdenes a las fuerzas militares. En Colombia, el lema del gobierno parecería dictado por Kalle, el personaje de Brecht en Diálogos de Refugiados: Una seriedad que no sea sangrienta, no es tal.
En casi un mes de paro hay un registro de 47 muertos y un número desconocido de desaparecidos y de detenidos arbitrariamente. La plataforma Grita de la ONG temblores reportó cifras de violencia que superan las de cualquier dictadura de la Historia. Los jóvenes han sido las principales víctimas. Estos jóvenes son la población digna del país. Crecieron entre la represión y el olvido del Estado y aguantan una situación que, aunada a la pandemia, se tornó insostenible, como lo ha sido para otras generaciones que simplemente nos quedamos callados por miedo a perder empleos mal pagos o porque simplemente nos acostumbramos a que la dignidad no se reclama.
La militarización de la protesta social y la decisión política avalada por el ministro de defensa Diego Molano Aponte y el presidente Iván Duque Márquez, ambos bajo la orden del gran asesino de nuestra historia, Álvaro Uribe Vélez, ha sido la característica que ha hecho de esta protesta algo abominable en términos de desigualdad y de crueldad. Molano ha justificado su accionar durante la protesta con trinos desafortunados, amparados en un concepto eufemístico pero peligrosísimo con el que se ha referido a los jóvenes manifestantes: terroristas de baja intensidad. Sumado a esto, nuestra canciller y vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez (hermana de un narcotraficante) ha negado la entrada a nuestro país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque, según ella, hay que permitir que las Instituciones encargadas de la veeduría y de la salvaguardia de los derechos humanos del país (Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del pueblo y otras entidades que no van a evidenciar estas atrocidades porque pertenecen al gobierno y a la élite corrupta) hagan su trabajo sin presiones externas.
En este momento está en curso la moción de censura contra el ministro de Defensa. El mismo que propuso que debería construirse un protestódromo. Sí. Un recinto para que los inconformes, ya excluidos, se excluyeran aún más y protestaran en un sitio aislado donde nadie los escuchara, y donde no causaran molestias. Porque en Colombia la protesta es molesta para quienes tienen empleo y no saben lo que es no tener para el arriendo ni para el mercado y mucho menos, para una educación de calidad. En Colombia parece que los privilegios nublan la razón y acaban con la empatía. Qué buen terreno para un gobierno corrupto y que tiene en el abandono a quienes no devengamos salarios de lujo. El ministro de Defensa, cumpliendo órdenes de Uribe y de Duque, se ha encargado de estigmatizar y de señalar a nuestros jóvenes y a nuestros indígenas como enemigos (manifestantes), vándalos (manifestantes), delincuentes (manifestantes), terroristas (manifestantes) y criminales (manifestantes). En cualquier país democrático, la protesta es un derecho social, pero en Colombia ha sido calificada como un acto de guerra y, en esa medida, ha sido reprimida con armas igualmente de guerra e instrumentos letales. El mundo debe saber que en Colombia, los verdaderos enemigos, vándalos, delincuentes, terroristas y criminales tienen cuello blanco y son los responsables de desfalcos billonarios al Estado como Reficar, Odebrecht, Hidroituango, Interbolsa y Saludcoop entre muchos otros.
La llamada gente de bien de este país es una deformación de la raza humana que se ha enriquecido a través de medios ilícitos o deshonrosos como el narcotráfico y la compra de votos, y que goza de los privilegios a los que el pueblo jamás podrá aspirar. La anuencia del gobierno ha iniciado una matanza de jóvenes cuyas muertes, sabemos, quedarán impunes. En Colombia ser gente de bien es garantía para no ser puesto jamás en manos de la justicia. Esta narrativa racista y elitista está enmarcada en un período colonial que no hemos superado y que es el móvil de los civiles que han tomado las armas por su cuenta y de nuevo con el patrocinio del Gobierno. Una ciudad como Cali, antiguo foco de uno de los carteles del narcotráfico, que aloja en sus barrios de estratos altos, testaferros o ciudadanos que se enriquecieron ilegalmente y que hoy, gracias a las oportunidades que da el dinero, han mantenido sus fortunas y bienes en franco aumento, son nuestros actuales colonizadores y son quienes se hacen llamar gente de bien. La gente de bien, muy bien vestida, todos con camisas impecablemente blancas, utilizó el pasado 9 de mayo armas contra la Minga y la Guardia indígena, disparadas desde elegantes camionetas de color, por supuesto, blanco. El blanqueo lo quieren a todo nivel: quieren que la población trabajadora se convierta en esclava y en una mano de obra regalada que garantice la perpetuidad de su enriquecimiento.
Una población civil inerme, cansada del desempleo, de los trabajos mal pagos, de impuestos cada vez más altos para los pobres y con más exenciones para los grandes empresarios y terratenientes, está siendo acribillada por la Policía Nacional y por paramilitares. Entre las víctimas se cuentan mujeres violadas, asesinadas, jóvenes y adultos con lesiones corporales que van desde las laceraciones hasta las mutilaciones oculares o la muerte.
La fuerza pública democrática no existe para los ciudadanos del común. Sólo el silencio. Un silencio arbitrario que opera bien sea porque los poderosos callan, o porque hacen que los débiles callen. Nosotros no callaremos y seguiremos, desde nuestra invisibilidad, denunciando con esta, nuestra única arma que es el lenguaje. Uno de los carteles del paro rezaba: Nos quieren sacar los ojos porque ya los abrimos. Y nos los han abierto de tal manera que logramos que los gritos de gol, quién lo creyera, fueran rechazados por primera vez en este, uno de los países más futboleros del mundo. Dijimos no a la Copa América en Colombia, porque si no hay pan, ni paz, no puede haber circo.
En este conflicto se derrota al manifestante que hace parte de una generación que no tiene nada que perder porque en este país no hay futuro. La primera línea resiste porque las posibilidades de acceder a una educación gratuita y de calidad que suponga una mejora social es nula. Hay rabia, hay resentimiento y ahora también hay miedo. Pero entendimos que es ya o nunca y que la gente de bien no es tal en este país.
Blanqueo (A Fredy Chikangana)
Lo que no sirve
que no estorbe
decía mi abuela
lo que no sirve se desecha
Wiñay Mailla
la raíz que permanece en el tiempo
ha estado resistiéndose
y será arrancada
para dar paso a la gente (de) bien armada
a la gente (de) bien blanca
como sus camisas
sus Toyotas
y su coca
Bogotá, 26 de mayo de 2021.
Marcela Sepúlveda Rueda
Nació en Bucaramanga (Colombia) en 1974. Es literata de la universidad de Los Andes y médica especialista en medicina del deporte de las universidades Industrial de Santander y El Bosque respectivamente. Actualmente es estudiante de la maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, en la línea de poesía.
