En la primera audiencia de reconocimiento sobre Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP, siete exintegrantes del secretariado de las Farc-EP asumieron responsabilidad por el secuestro de policías, militares y políticos para forzar el intercambio por guerrilleros presos. También asumieron su responsabilidad de mando por los homicidios, desapariciones forzadas, casos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado que se presentaron con algunos secuestros.
– A diferencia del caso sobre falsos positivos, en este caso se empezó investigando a los altos mandos, quienes dictaron las directrices que impulsaron el secuestro y quienes no tomaron medidas para evitar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometieron sus subalternos con las víctimas.
– La Sala de Reconocimiento prepara varias diligencias en las cuales se imputarán a los mandos medios y en las cuales se abordará lo ocurrido en casos puntuales en varias regiones del país.
Se trata de los comparecientes Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar quienes comparecieron en la diligencia, que se llevó a cabo en la biblioteca Virgilio Barco, y en la que en su primera jornada se abordó uno de los tres patrones encontrados por la JEP en este Caso: secuestro de policías, militares y políticos para forzar el intercambio por guerrilleros presos.
La audiencia inició con un relato de contexto realizado por parte de la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento y relatora del Caso 01, quien explicó que los exjefes de las Farc-EP fueron imputados del crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes y de otros crímenes concurrentes con motivo del secuestro. La magistrada señaló, por ejemplo, que tienen responsabilidad de mando, por omisión, por asesinatos, desapariciones, desplazamientos y “malos tratos que, si bien los comparecientes no ordenaron, tampoco previnieron ni castigaron, pudiendo hacerlo y teniendo la responsabilidad de hacerlo».
La Sala de Reconocimiento determinó que, desde el final de la década de los noventa, la guerrilla adoptó la política de privar de la libertad a civiles, así como a militares y policías puestos fuera de combate, para forzar un intercambio por guerrilleros presos. Especialmente, destacó que, en un pleno de 1997, se tomó la decisión de mantener a oficiales y suboficiales privados de la libertad, impidiéndoles participar en las liberaciones masivas que se dieron.
Hubo reconocimiento
Frente a las imputaciones de la sala y a los relatos y solicitudes de verdad hechos por las víctimas, los comparecientes asumieron su responsabilidad. El primero en hacerlo fue Rodrigo Londoño Echeverry, último máximo comandante de las Farc-EP. “Venimos como último secretariado a reconocer nuestra responsabilidad individual y colectiva en una práctica que fueron crímenes de guerra iban en contra de nuestros principios y valores, por cosificar a una persona, por tratarlo como mercancía, generando en su familia una incertidumbre que acabó con sus proyectos de vida».
Asimismo, Pablo Catatumbo Torres manifestó: “Me presento aceptando mi responsabilidad pública y libremente por haber sido partícipe en la elaboración y la política de privar de la libertad a civiles y militares fuera de combate para forzar un intercambio o un canje por guerrilleros que estaban en las cárceles».
Sus reconocimientos fueron escuchados por una audiencia conformada por representantes de diversos sectores de la sociedad civil, de la comunidad internacional, pero principalmente por víctimas acreditadas en este caso. En representación de ellas, habló el exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, quien exigió a los exmiembros de las Farc-EP ampliar la verdad que están ofreciendo y brindar información sobre el paradero de los secuestrados desaparecidos.
Este tema volvió abordarse en horas de la tarde, cuando algunos de los familiares de los secuestrados desaparecidos hicieron diversas demandas de verdad a los comparecientes. Una de ellas fue Yoleni Peña, hermana del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, quien desarrolló una enfermedad mental en el cautiverio, fue separado de sus compañeros y del que no se volvió a saber nada.
Peña contó que el intendente fue secuestrado en la toma de Mitú, cuando apenas tenía 26 años, y describió algunos de los escritos que encontraron en sus diarios de cautiverio. “Era amenazado, un día ‘Patequeso’ le apuntó con un arma y le dijo que si se seguía haciendo el loco lo iba a matar».
Frente a su caso, los comparecientes Jaime Alberto Parra y Pastor Álape informaron: “Hemos venido avanzando en el caso de Peña y sabemos que fue ejecutado por una orden de la dirección. Estamos ubicando la zona donde estaría su cuerpo en los Llanos del Yarí. Este es un compromiso que tenemos con las víctimas y el país, pero va a requerir tiempo».
La audiencia también fue un escenario para que los comparecientes reconocieran su responsabilidad en privaciones de la libertad de militares y policías, a los que no les brindaron un trato humanitario, cuya libertad estuvo condicionada a una ley de canje y cuyo cautiverio estuvo marcado por otros crímenes como homicidios, torturas, violencia sexual y desaparición forzada.
Frente a esto, el compareciente Pastor Álape afirmó: “Reconocemos todo lo que implica el proceso de deshumanización que se ha narrado (…). En este proceso hemos descubierto que debajo de los uniformes de los militares que secuestramos, debajo del fusil, había seres humanos, hijos de gente pobre. Eso duele, y por eso venimos aquí convencidos de que debemos trabajar seriamente con hechos concretos, con actos reales para poder sanar a Colombia«.
El sufrimiento de las familias de los policías y militares secuestrados fue descrito por Ányela Sierra, hija de agente Víctor Julio Sierra, quien fue secuestrado y posteriormente desaparecido. “¿Ustedes sabían que cuando a un policía lo secuestran le quitan el sueldo a su familia? Mi mamá era ama de casa y quedó con cuatro hijos. Tuvo que lavar ropa para pagar la cuota de la casa en la que vivíamos, pero no nos alcanzaba para la comida«, afirmó.
Frente a su caso, Rodrigo Londoño se comprometió a seguir trabajando para averiguar el paradero de los restos de su padre. De la misma manera Milton Toncel reconoció: “En los años que estuvimos en la guerra nunca nos paramos a pensar en las familias que estaban viviendo bajo la impotencia de lo irreparable, por el daño causado por la ausencia. Yo como comandante debí apersonarme para evitar que esto pasara, ponerme el frente, pero reitero mi compromiso para responder las preguntas de las víctimas«, afirmó Toncel.
Las demandas de verdad de las víctimas
Pese a los reconocimientos por parte de los exintegrantes del secretariado de las Farc-EP, las víctimas que participaron en la audiencia hicieron muchas preguntas a los comparecientes que todavía no reciben respuestas. Por ejemplo, el exparlamentario Orlando Beltrán indagó por la participación de terceros en la orden de su secuestro. “Es muy extraño que solo nos hayan secuestrado a los tres del Partido Liberal», afirmó.
Asimismo, Gloria Narváez, hermana de Juan Carlos Navaez, uno de los diputados de la Asamblea del Valle asesinados en cautiverio, dijo: “El sentir de las familias es que se conocen solo las verdades a medias, hay desánimo y agotamiento. Nosotros como hermanos y hermanas tenemos preguntas para ustedes, ¿Quiénes fueron los que dispararon a nuestros hermanos? ¿Cómo fueron sus últimos momentos?».
Frente a este mismo caso, Sigifredo López, único sobreviviente de los diputados de la Asamblea del Valle que fueron secuestrados, preguntó al secretariado: “¿Quiénes planearon el secuestro de los diputados? ¿Quiénes fueron sus cómplices dentro y fuera de la Asamblea? ¿Qué tuvo que ver la clase política de la región en este secuestro?«.
Frente a estas preguntas los exjefes de las Farc-EP todavía no han dado respuestas satisfactorias. Sin embargo, la magistrada Lemaitre informó que en los próximos días se llevará a cabo una serie de diligencias regionales que permitirían que los mandos medios que participaron de estos hechos den respuestas más concretas.
La magistrada Lemaitre cerró la jornada con el compromiso de la JEP, como representante del Estado, de seguir trabajando e indagando para encontrar a las personas que fueron desaparecidas.
