La política de Paz Total del presidente Colombiano Gustavo Petro atraviesa su momento más crítico. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la presión de Estados Unidos sobre Colombia ha aumentado, y la reciente solicitud de extradición de Geovany Andrés Rojas, alias «Araña», ha encendido las alarmas. Este episodio no solo pone en jaque los acuerdos con los grupos armados al margen de la ley, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz en el país.
Un proceso de paz en riesgo
La captura de «Araña» en un hotel de Bogotá, justo después de participar en una reunión de diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, deja en evidencia la fragilidad del proceso.
Señalado como el máximo líder de los Comandos de la Frontera, fue detenido el 12 de febrero de 2025 en virtud de una orden internacional de Interpol. Su captura, ejecutada bajo una circular roja emitida por una corte del Distrito Sur de California, responde a acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.
Aunque el Gobierno colombiano había suspendido temporalmente las órdenes de captura contra Rojas mediante la Resolución 0-0139 del 12 de abril de 2024, esta medida no tenía efecto sobre órdenes de detención internacionales. La Fiscalía General de la Nación explicó que la retención de alias Araña responde a compromisos internacionales que Colombia debe cumplir en materia de cooperación judicial. Ahora, su extradición está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que este mecanismo podría detenerse si los grupos armados muestran avances reales en el desmantelamiento de economías ilícitas y el respeto a los derechos humanos.
Este mensaje plantea un dilema para otros actores armados, como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Clan del Golfo. La analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, advierte que la falta de garantías claras por parte del Gobierno colombiano podría llevar a estos grupos a abandonar las negociaciones por temor a ser arrestados.
«Las garantías judiciales no son como se esperaban y eso complica las cosas. Puede ser difícil convencer a otros negociadores de sentarse a la mesa si están expuestos a órdenes de extradición», declaró Dickinson a The Associated Press.
Trump y la amenaza de las extradiciones
Con Trump de vuelta en el poder, su estrategia de «mano dura» contra el narcotráfico ha retomado protagonismo. Su política de designar carteles y grupos armados como organizaciones terroristas podría cambiar por completo el panorama en Colombia.
El Clan del Golfo, por ejemplo, está en la mira de Washington y podría ser catalogado como grupo terrorista, lo que dificultaría cualquier intento de negociación. Si eso ocurre, sus líderes perderían incentivos para acogerse a la justicia y, en cambio, reforzarían su actividad criminal, alimentando aún más el conflicto armado.
Impacto en la relación bilateral.
El Gobierno colombiano camina sobre una delgada línea entre cumplir con los compromisos de extradición y mantener a flote la Paz Total. Además, la decisión de Trump de reincorporar a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo ha sumado otro obstáculo. La isla ha sido clave como garante en los diálogos con el ELN, y esta medida podría afectar su papel en las negociaciones de paz que adelanta Colombia.
Para empeorar el panorama, Washington ha reducido el financiamiento a programas clave de seguridad y antinarcóticos en Colombia, debilitando la capacidad del Estado para controlar los territorios dejados por los grupos desmovilizados. Es una paradoja: mientras endurecen su postura contra el narcotráfico, restan apoyo a los mecanismos de seguridad que podrían contener su expansión.
Si la Corte Suprema aprueba la extradición de «Araña» y otros líderes insurgentes, las negociaciones podrían colapsar y la violencia aumentar. En Putumayo, ya hay indicios de un recrudecimiento del conflicto tras la captura de Geovany Andrés Rojas.
Alias Araña emergió como figura clave dentro de los Comandos de la Frontera, una disidencia armada que opera en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Este grupo, surgido tras la ruptura con la Segunda Marquetalia —liderada por alias Iván Márquez—, tomó un rumbo propio al entablar conversaciones de paz con el Estado colombiano.
Su papel como negociador había sido crucial en los esfuerzos por alcanzar un cese al fuego y una eventual desmovilización.
El gran dilema es si Petro podrá mantener el diálogo abierto con los grupos armados sin desafiar abiertamente a Washington. La Paz Total está en una encrucijada: si logra consolidarse, podría redefinir la política de seguridad en el país. Si fracasa, Colombia podría entrar en un nuevo ciclo de violencia e incertidumbre.
En un momento en que Colombia busca consolidar la paz, la comunidad internacional y los actores del proceso deben redoblar esfuerzos para garantizar que los diálogos con las disidencias no se vean afectados por medidas judiciales externas. La captura de alias Araña es un recordatorio de las complejidades del conflicto colombiano y de la necesidad de soluciones integrales que aborden tanto la justicia como la reconciliación.
