Tras las manifestaciones del 8 de febrero en el Palacio de Justicia y las posteriores versiones sobre agresiones a magistrados, el Consejo Superior de la Judicatura y la Policía Nacional desmienten tales reportes.
En medio de la controversia generada por las movilizaciones del pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Bogotá, se han desatado diversas versiones sobre supuestas agresiones físicas a magistrados durante las manifestaciones. Sin embargo, tanto el Consejo Superior de la Judicatura como la Policía Nacional han desmentido contundentemente tales alegaciones.
Según declaraciones del Consejo Superior de la Judicatura, no existe ningún reporte oficial que respalde la afirmación de que el magistrado Aurelio Enrique Rodríguez haya sido agredido físicamente. A pesar de los relatos que circulan, ningún documento oficial respalda estas acusaciones. La única voz oficial hasta el momento, la de la presidenta Diana Remolina, no ha mencionado ningún ataque físico a los magistrados.
Asimismo, tras consultar con fuentes de la Policía Nacional, se confirmó que no hay ningún reporte o denuncia que respalde las afirmaciones de agresión física a los magistrados. Incluso, se destacó que el componente policial dentro del Palacio de Justicia era significativamente superior en número y capacidad en comparación con los alrededores, y en ningún momento se informó de una situación de peligro para los funcionarios judiciales.
El general William René Salamanca, director de la Policía, quien estuvo presente en el lugar durante los disturbios, ratificó que en ningún momento estuvo en riesgo la vida o integridad de ningún funcionario del Palacio de Justicia. Señaló que se estableció una ruta segura para permitir la salida de los magistrados y que las operaciones policiales se llevaron a cabo con el máximo cuidado para evitar incidentes.
Ante la falta de evidencia concreta que respalde las acusaciones de agresión física, se espera que estas informaciones contribuyan a esclarecer la situación y a disipar cualquier tipo de especulación o desinformación que pueda surgir en torno a los eventos ocurridos en el Palacio de Justicia el pasado 8 de febrero.
