Congresistas demandan artículo del presupuesto que sustituye la Ley de Garantías

Los senadores Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Gustavo Bolívar, Alexander López, Wilson Arias y Alberto Castilla, junto con las representantes, Ángela María Robledo y María José Pizarro radicaron una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional para tumbar el artículo 124 que modificó la Ley de Garantías.

Los congresistas le han pedido al Tribunal declarar inexequible esta reforma, por violar el principio de unidad de materia y la reserva de ley estatutaria.

Luego de que un juez le ordenara al Presidente Iván Duque suspender los efectos de dicho artículo hasta que pasara por revisión y concepto de la Corte Constitucional, el primer mandatario sancionó la ley.

Duque señaló que un «juez no puede ordenarle al presidente qué objetar y qué no. Eso sería violar la Constitución. Nosotros firmamos la Ley y la firmamos con ese artículo”, enfatizó aclarando que el objetivo es priorizar la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo.

Este artículo pretende la suspensión del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, con el objetivo de que las entidades del orden nacional y territorial puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Este es el articulo 125, que modifica la ley de garantías, por lo que se podrán celebrar contratos meses antes de las elecciones del próximo año y lo que podría servir para que dineros del sector público financien de manera corrupta campañas electorales en diferentes regiones del país.

Los Congresistas que demandan este proyecto agregan, que en el caso concreto sobre la suspensión provisional del artículo demandado -como medida cautelar- la solicitud se sustenta en el marco de una interpretación sistemática de varias disposiciones de la Constitución, en especial, en el artículo 153 que dispone que “el trámite de una Ley Estatutaria comprenderá la revisión previa por parte de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del proyecto antes de que el mismo sea sancionado y entre en vigencia”.

Los autores de la demanda esperan que la Corte deje sin efectos jurídicos los convenios interadministrativos y demás actos jurídicos que llegaran a firmarse desde el pasado viernes, cuando entró en vigencia la ley, hasta la fecha en que la institución judicial emita la decisión de fondo.

La demanda fue radicada este martes.