La administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra el derecho de protesta en los campus universitarios de Estados Unidos. En una carta enviada a 60 instituciones de educación superior, el gobierno advirtió que podrían perder fondos federales si no garantizan la seguridad de los estudiantes judíos.
La medida se inscribe en un patrón de acciones represivas tras las protestas propalestinas de 2024, que llevaron a la cancelación de subvenciones millonarias y al arresto de activistas.
La sombra de Columbia y la represión a la protesta
El precedente más inmediato de esta escalada fue la sanción contra la Universidad de Columbia, que perdió 400 millones de dólares en subvenciones federales tras ser señalada por presuntamente permitir un ambiente hostil para los estudiantes judíos. Además, el estudiante palestino Mahmoud Khalil fue arrestado por agentes de inmigración bajo cargos de haber liderado manifestaciones propalestinas en el campus. Pese a residir legalmente en el país, Khalil enfrenta un proceso de deportación que ha generado protestas de organizaciones de derechos humanos.
Según la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, liderada por Linda McMahon, las universidades deben garantizar el acceso ininterrumpido a sus instalaciones y proteger a los estudiantes judíos de lo que la administración describe como «hostigamiento y discriminación».
Sectores progresistas y organizaciones de derechos civiles sostienen que se trata de un ataque directo contra la disidencia política y la defensa de los derechos de los palestinos. «Estamos viendo una criminalización de la protesta sin precedentes», señaló un portavoz de la American Civil Liberties Union (ACLU).
Harvard y la amenaza de recortes millonarios
La ofensiva del gobierno también ha puesto en la mira a la Universidad de Harvard, cuya financiación de 9.000 millones de dólares está bajo revisión por acusaciones de «antisemitismo». El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que más de 300 estudiantes han visto revocados sus visados por participar en las manifestaciones propalestinas.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, justificó la posible suspensión de fondos asegurando que Harvard «ha fallado en proteger a sus estudiantes». En respuesta, el rector de la universidad, Alan Garner, alertó sobre las graves consecuencias de estas medidas: «Si se detiene esta financiación, se paralizarán investigaciones que salvan vidas y se pondrá en peligro la innovación científica».
En un correo dirigido a estudiantes y profesores, Garber enfatizó que, “aunque Harvard ha trabajado para combatir el antisemitismo con iniciativas de sensibilización y normas más estrictas, cualquier reducción presupuestaria afectaría áreas clave de investigación e innovación”. Sus declaraciones llegan en un momento crítico, cuando el gobierno federal endurece su postura frente a instituciones que permiten o promueven protestas propalestinas en sus campus, lo que ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad académica y la autonomía universitaria.
El anuncio de Garber coincidió con una carta firmada por 94 profesores de la Facultad de Derecho de Harvard, quienes denunciaron lo que consideran una erosión del estado de derecho bajo la administración Trump.
“Estamos unidos en nuestra condena de las tácticas de intimidación, la discriminación por puntos de vista y los intentos de la administración de utilizar al Ejecutivo como arma contra el Estado de derecho. No ignoramos que ataca a profesiones y grupos cuya existencia e independencia son vitales para cualquier atisbo de democracia estadounidense”.
Este conflicto pone en evidencia una tendencia preocupante: el uso de medidas punitivas para reprimir expresiones legítimas de protesta, un fenómeno que no solo afecta a EE.UU., sino que resuena en instituciones educativas de todo el mundo.
Aquí puede leer la carta que denuncia y se opone al “ ataque frontal para desmantelar las normas del estado de derecho”: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7B2GVhBZRjEsZYeJVz6vL3hkXheu9LmuFRx38JQ0RkXPveA/viewform
Un panorama incierto para la educación superior en EE.UU.
La presión del gobierno federal para reprimir las protestas propalestinas ha generado un clima de temor entre los estudiantes y académicos, especialmente aquellos con estatus migratorio vulnerable.
El caso de Mahmoud Khalil ha servido de advertencia para otros activistas, algunos de los cuales han optado por recibir clases en modalidad virtual para evitar posibles arrestos. Mientras tanto, las universidades intentan equilibrar la protección de la libertad de expresión con el cumplimiento de las exigencias gubernamentales.
Detenciones e intentos de deportaciones
En los últimos días, el Gobierno de Trump ha empleado violentas medidas contra los estudiantes que se manifestaron en apoyo a Palestina en distintas universidades de Estados Unidos.
Yunseo Chung, estudiante surcoreana de la Universidad de Columbia, que había vivido en EE.UU. desde los siete años y era residente legal, denunció el pasado 24 de marzo que la Policía migratoria había acudido a su residencia y a la casa de sus padres. Las autoridades alegaban que su estatus migratorio había sido revocado, un argumento común en estos casos. Dos días después, una jueza de Nueva York impidió la deportación de Chung, pues no había «evidencia de que pueda ser un peligro para la comunidad».
Mahmoud Khalil, estudiante palestino que lideró las marchas también en Columbia, no ha corrido la misma suerte y permanece detenido. La Administración de Trump lo acusa de tener vínculos con Hamás, algo que aún no se ha demostrado.
Rumeysa Ozturk, una estudiante turca que cursaba un doctorado en la Universidad de Tufts (Massachusetts), también fue detenida por haber sido coautora de un artículo de opinión publicado en el periódico de su universidad en 2024. En el texto, pedía a la institución dejar de financiar empresas con vínculos con Israel. Esta detención ha generado una fuerte reacción entre organizaciones de derechos humanos, que ven en su caso un ataque directo a la libertad de expresión y un intento de criminalizar la disidencia académica.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ha exigido explicaciones a la Administración Trump, denunciando que el caso de Ozturk evidencia una utilización arbitraria del poder migratorio para reprimir a quienes ejercen su derecho a la opinión. “Donald Trump dijo que iba a perseguir a los delincuentes y sacarlos de las calles; pero cada vez más, lo que vemos es lo contrario”, declaró Healey. La jueza Denise Casper, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Massachusetts, ha emitido una orden para impedir su deportación mientras su caso es revisado, subrayando que “no se ha presentado ninguna evidencia de que Ozturk represente una amenaza”.
El caso de Ozturk resalta la creciente preocupación por la criminalización de la disidencia académica en EE.UU. Organizaciones internacionales han denunciado que este tipo de detenciones sientan un peligroso precedente para la libertad de expresión y el derecho a la protesta. La persecución de estudiantes internacionales que critican la política exterior estadounidense o las acciones de Israel en Gaza plantea serias dudas sobre el respeto de EE.UU. a los principios democráticos y a los derechos humanos.
Ante esta creciente ofensiva contra la libertad académica y el derecho a la protesta, la comunidad internacional no puede permanecer indiferente. Universidades, organismos de derechos humanos y ciudadanos del mundo deben alzar la voz para rechazar cualquier intento de censura bajo pretextos políticos. La defensa de la educación como un espacio de pensamiento crítico y debate libre es un pilar fundamental de las sociedades democráticas. La historia ha demostrado que cuando se ataca el conocimiento, se socavan los valores de justicia y libertad; evitar que esto ocurra es una responsabilidad global.
