El ex primer ministro italiano Massimo D’Alema está siendo investigados por la Fiscalía de Nápoles por su intento de mediar en la venta de varias naves y aviones de guerra de dos empresas italianas al Gobierno colombiano, una operación por la que esperaban repartirse 80 millones de euros con otros participantes en la mediación.
Con ellos también Giuseppe Giordo, ex director general de Fincantieri, y algunos intermediarios de la operación comercial. Esta mañana se activaron los registros de Digos para todos los sospechosos.
También están implicados en la investigación «Edgardo Fierro Flores jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta de Colombia, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto delegados de la comisión del Senado colombiano».
Según el escrito de acusación, «las personas investigadas actuaron en diversas funciones como promotores de la iniciativa económica comercial para vender productos de empresas italianas con participación pública -Leonardo, en particular aviones M 346, y Fincantieri, en particular corbetas y pequeños submarinos y equipos de astilleros- a las autoridades colombianas con el fin de obtener la celebración de acuerdos formales y definitivos con las autoridades colombianas en relación con los suministros descritos, cuyo valor económico global ascendía a más de 4.000 millones de euros».
Por lo tanto, habrían infringido el artículo 322 bis del Código Penal, que castiga «la malversación de fondos, la extorsión, la inducción indebida a dar o prometer beneficios, el soborno y la incitación al soborno, el abuso de funciones de miembros de tribunales u órganos internacionales de las Comunidades Europeas o de asambleas parlamentarias internacionales u organizaciones internacionales y de funcionarios de las Comunidades Europeas y de Estados extranjeros».
En la orden de registro se especifica que «Francesco Amato y Emanuele Caruso operaban como asesores para la cooperación internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia a través de Giancarlo Mazzotta y consiguieron tener contactos con Massimo D’Alema, quien, debido al currículo de cargos, también de relevancia internacional, desempeñados a lo largo del tiempo, actuaba como mediador informal en las relaciones con la alta dirección de las empresas italianas, concretamente Alessandro Profumo como consejero delegado de Leonardo y Giuseppe Giordo como director general de la división de buques militares de Fincantieri.
El objetivo de esta operación era facilitar y obtener de las autoridades colombianas la celebración de acuerdos por un valor total de más de 4.000 millones de euros. Para ello, ofrecían y prometían a otras personas la contraprestación ilícita de 40 millones de euros correspondientes al 50% de la comisión total de 80 millones de euros».
«La suma total de 80 millones de euros debía dividirse concretamente entre «la parte colombiana» y «la parte italiana» mediante el recurso al bufete de abogados americano asociado Robert allen law – con sede en Miami (indicado e introducido por D’Alema como agente e intermediario comercial formal ante Fincantieri y Leonardo ) representado en Italia y para las negociaciones específicas por Umberto Bonavita y Gherardo Gardo -. para la preparación y firma de los contratos simulativos y formalmente justificativos de la transición financiera y de los vehículos corporativos bancarios y financieros efectivamente preparados para el tránsito la distribución y el reparto final de la citada suma, que no fue seguida de la formalización de los contratos debido a la interrupción de las negociaciones por falta de acuerdo sobre el reparto ulterior de la citada suma entre las personas físicas individuales que constituían la «parte italiana» y la «parte colombiana»».
«Mi cliente está absolutamente tranquilo», comentó el defensor de Giordo, el abogado Cesare Placanica, «porque estamos en presencia de una construcción jurídica absolutamente audaz. Realizada, además, en virtud de una competencia territorial para proceder difícil de entender. También resulta asombroso, en relación con este asunto, que a pesar del clamor del asunto, sólo haya habido una fiscalía en todo el país que haya considerado que existían perfiles de relevancia penal. Tan graves como para merecer, incluso, una orden de búsqueda, inevitablemente destinada a acabar en el «circuito mediático».
Fuentes: Agencia EFE S.A. | Corriere della Sera
