La Organización Indígena de Antioquia OIA y los cabildos locales del municipio de Murindó y Rio Chageradó, Antioquia, en un comunicado de prensa dieron a conocer la situación de confinamiento en la que se encuentran más de 2000 indígenas debido a la instalación de minas antipersona por parte de grupos armados ilegales.
«…Encendemos las alarmas por la grave situación que atraviesan más de 2 mil personas de los resguardos indígenas Rio Murindó y Rio Chageradó, luego de que fuera anunciado por presuntos integrantes de grupos armados al margen de la ley, que en los caminos que comunican a una comunidad con otra han sido instaladas minas antipersona, poniendo en alto riesgo a las familias embera eyábida que habitan este territorio ancestral.»
En este comunicado también hacen la aclaración de que los hechos han sido denunciados desde el 2019, alertando «la incursión de hombres armados al margen de la ley, en resguardos indígenas de Murindó, Urrao, Dabeiba, Frontino, Vigía del Fuerte e inclusive el Bajo Cauca, dejando a su paso una serie de desgracias que enlutan el corazón de los pueblos indígenas del departamento, hoy continuamos denunciado y advertido que esta serie de acciones conllevan a consecuencias nefastas y tememos más que nunca, por la vida de las familias indígenas
«Esta es sin duda una nueva amenaza que nos pone en grave riesgo de desplazamiento y desabastecimiento, pues las minas antipersona han sido instaladas cerca nuestros cultivos de pan coger, por esta razón las comunidades indígenas Guagua, Isla, Coredó, Bachidubi, Ñarangue, Chageradó, Turriquitado Llano, Turriquitado Bajo, Turriquitado Alto, Chibugadó y Chimiadó del pueblo Embera Eyábida, nos declaramos en Minga Permanente y nos juntamos para exigir nuestro derecho a la vida y a vivir en paz, haciendo uso y goce de nuestros territorios.»
Para finalizar, en el comunicado exigen el URGENTE ACOMPAÑAMIENTO del Gobierno Nacional y Departamental, a las instituciones y organismos que hacen parte de la Mesa Permanente Humanitaria de Antioquia (MPHA), a las comunidades indígenas afectadas para que se que atienda esta situación que vulnera cualquier tratado internacional y de derechos humanos vigentes.
Igualmente otros organismos como la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, manifestaron su rechazo y se unen al llamado de alerta.