- La propuesta la hizo la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque Urrego, este viernes, en la quinta Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social de Organización de Estados Americanos.
- “Nuestro programa de gobierno es una hoja de ruta para materializar las promesas incumplidas de la Constitución de 1991”, declaró.
Colombia liderará uno de los grupos de trabajo que asesorará (entre 2022 y 2025) a la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES), de la OEA, en la implementación de la agenda de desarrollo social adoptada esta semana por los países miembros, en Santo Domingo (República Dominicana).
La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque Urrego, hizo la propuesta este viernes, cuando intervino en la quinta Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social de la OEA (Organización de Estados Americanos). Allí, los representantes de los países integrantes, en el ámbito del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI), acordaron un plan de acción para implementar “las prioridades y líneas de acción definidas en la Declaración Interamericana de Prioridades en materia de Desarrollo Social, hasta la próxima reunión ministerial, prevista para el 2025”.
Prosperidad Social presidirá el grupo de trabajo 1, que debe fortalecer las capacidades institucionales de los estados de la organización en la “implementación de mediciones multidimensionales de la pobreza y su aplicación directa en el diseño de las políticas públicas nacionales” y su uso en la evaluación de esas políticas y el avance de los estados miembros en la Agenda 2030.
El plan establece tres grupos de trabajo para avanzar en los objetivos. De estos harán parte los representantes de los ministerios de desarrollo social o las instituciones equivalentes de los estados vinculados a la OEA. Los otros dos grupos se encargarán de (grupo 2) “fortalecer la capacidad de los estados para implementar sistemas de protección social a nivel nacional”, y (grupo 3) “promover el diálogo, las sinergias y la cooperación con otros organismos y mecanismos internacionales, regionales y subregionales para fortalecer la cooperación técnica”.
Rusinque declaró que el Gobierno colombiano está comprometido con la agenda de desarrollo social: “Nuestro programa es una hoja de ruta para materializar las promesas incumplidas de la Constitución de 1991. Asumimos la necesidad de explorar, a partir de la difícil y compleja realidad, una perspectiva de desarrollo más humana, solidaria, equitativa y sostenible, que brinde condiciones de vida digna a las mayorías ciudadanas y, sobre todo, a los sectores más vulnerables”.
Explicó que Prosperidad Social está rediseñando la política pública social para la superación de la pobreza y la lucha contra el hambre, desde una perspectiva no asistencialista, que permita a los grupos más vulnerables salir de forma definitiva de la situación de vulnerabilidad. La entidad avanza ya en tres apuestas fundamentales para mejorar el sistema de transferencias monetarias, coordinando medidas inmediatas con planes de mediano y largo plazo, que vinculen a diferentes entidades nacionales e internacionales, y al sector privado, para ofrecer una oferta integral.
Uno de los objetivos es construir una sociedad del cuidado, que dignifique el trabajo de las mujeres cabeza de familia, de las mujeres cuidadoras y ofrezca oportunidades para cerrar las brechas de género, y proteja a los niños, niñas y adolescentes y a los adultos mayores. Sobre esto, Rusinque dijo: “Responde también a la urgencia de resolver el hambre. Estamos garantizando una transferencia monetaria extraordinaria, antes de finalizar el año, priorizando a madres cabeza de familia pertenecientes a sectores más vulnerables. Muchas eran beneficiarias de transferencias monetarias, y les hemos mejorado el ingreso. Pasan de recibir 140.000 y 150.000 pesos mensuales a 500.000 pesos: un valor por encima de la línea de pobreza”.
Recordó que más del 75 por ciento de los hogares en situación de vulnerabilidad en Colombia están encabezados por mujeres.
La entidad diseña también una política pública para acompañar de forma integral a jóvenes en zonas con altos índices de criminalidad, que pretende reducir el riesgo de que sean reclutados por bandas delincuenciales: “Vamos a garantizar un incentivo económico condicionado a la participación en programas educativos y de empleabilidad”, explicó la directora.
La tercera estrategia que expuso se refiere a la garantía de un ingreso para personas mayores, que les permita superar la línea de pobreza.
