CIDH expresa preocupación por hechos de violencia en Colombia relacionados con el accionar de grupos armados no estatales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los hechos de violencia vinculados con el accionar de grupos armados no estatales en Colombia. Frente a ello, llama al Estado a incrementar sus esfuerzos destinados a transformar las causas en las que se sustentan las actividades de los grupos armados, en particular, implementar de manera práctica y efectiva las acciones previstas en el punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz.
Según información pública, desde el día 4 de mayo, grupos armados ordenaron un cese de total actividades económicas, sociales y políticas en diversos departamentos del país, particularmente, en Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander y Sucre. En el marco de esta situación, se habrían registrado, graves afectaciones a los derechos humanos y fundamentales en al menos 178 municipios, entre ellas: 24 homicidios selectivos y 15 tentativas de homicidio; 138 comunidades en situación de confinamiento; agresiones a 10 medios de comunicación local; 5 ataques a misiones humanitarias; 22 ataques contra la fuerza pública, incluyendo el asesinato de 2 de sus integrantes; amenazas y hostigamientos a la población; restricciones al funcionamiento de instituciones públicas; cierre de comercios y desabastecimiento de alimentos; y la interceptación e incineración de vehículos de transporte público.
La Comisión ha registrado lo señalado por la Defensoría del Pueblo sobre la constatación de los efectos de las amenazas de los grupos armados no estatales en terreno las cuales, entre otros impactos, se han traducido, en un temor generalizado en las comunidades. Preocupa a la CIDH los impactos particulares en comunidades rurales afrodescendientes, campesinas e indígenas, así como los efectos psicosociales en la población.
Con el objetivo de garantizar y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal, los Estados tienen obligaciones positivas directamente relacionadas con la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicción. El Estado de Colombia debe implementar acciones de prevención y medidas operativas eficaces que, sin perjuicio de su carácter universal, deben dedicar una especial atención a las personas, grupos y comunidades en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En este contexto, la CIDH reitera su plena convicción sobre la necesidad de que el Estado implemente de manera integral el Acuerdo de Paz a los efectos de fortalecer el proceso de pacificación del país y combatir las causas estructurales de la violencia. En particular, los puntos referentes a la Reforma Rural Integral y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, entre cuyos objetivos se encuentran mitigar las actividades económicas que financian el accionar de los grupos armados no estatales. La implementación práctica y efectiva de estos puntos incluye el fortalecimiento del desarrollo económico de estas localidades, junto con la provisión de servicios básicos en materia de salud, educación, justicia, entre otros, lo que garantiza una presencia integral del Estado en los distintos territorios afectados por el accionar de los grupos armados no estatales.
La Comisión toma nota que, según información del Estado, el grado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz se sitúa en torno del 35% de las acciones previstas, y destaca en este sentido, la reciente aprobación de los 16 planes nacionales sectoriales, relacionados con temas de agua, salud, educación, protección social, economía solidaria, riego y drenaje, comercialización, generación de ingresos, derecho a la alimentación, vivienda, vías, electrificación, conectividad y asistencia técnica. A su vez, observa que, de acuerdo con el monitoreo efectuado por el Instituto Kroc, los mayores avances en la implementación del Acuerdo se constatan especialmente en los puntos 3, sobre el Fin del Conflicto, y punto 6 respecto a los mecanismos de implementación, verificación y refrendación. Por otra parte, aquellos que presentan mayor rezago en su instrumentación son los puntos referentes a la Reforma Rural Integral, a la Participación Política y la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.
Respecto a la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, la Comisión ha sido informada por el Estado sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) a través del cual atendió a 99.097 familias mediante acuerdos individuales de sustitución de cultivos ilícitos en 56 municipios situados en 14 departamentos del país donde opera el programa. De las familias inscriptas en el PNIS, 76.234 familias han recibido pagos por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata para su sostenimiento luego de erradicar sus cultivos ilícitos; y 75.139 han recibido Asistencia Técnica Integral. Por otra parte, según indica la Procuraduría General de la Nación en su Tercer Informe al Congreso sobre el estado de avance del Acuerdo de Paz, entre 2020 y 2021 hubo una disminución del 94% en el presupuesto asignado a la implementación del punto 4 del Acuerdo, el cual pasó de $231,4 mil millones a $14,1 mil millones. Reducción que afectó especialmente al PNIS, el cual pasó de una asignación de $230,4 mil millones a $9,18 mil millones, una reducción de un 96% en su presupuesto. Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil han denunciado diversos incumplimientos de la ruta trazada para la sustitución de los cultivos ilícitos, así como la disminución de los ingresos de las familias inscriptas en este programa.
Sobre los hechos de violencia, es urgente que el Estado investigue de forma seria e imparcial, sancione a los autores materiales e intelectuales, y repare a las víctimas y sus familiares. Adicionalmente, es necesario fortalecer los espacios de diálogo con los distintos actores, tomando en cuenta las diversas realidades territoriales, con miras a aunar esfuerzos al proceso de paz en el país.
Por último, la CIDH expresa su alarma por los hechos de violencia registrados en el contexto de la campaña electoral para las elecciones presidenciales en el país. En este marco, hace un especial llamado al Estado para redoblar las acciones tendientes a brindar garantías de seguridad en el desarrollo de las campañas electorales y de la elección a realizarse el 29 de mayo próximo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
