Por la Comisión de la Verdad
Capitulo primero
Contrarreforma agraria y reconfiguración territorial
Aunque el fenómeno de la desposesión mediante la compra masiva a precios irrisorios de tierras no fue exclusivo de los Montes de María, esta región es un caso representativo del complejo modelo de gestión multinivel para el despojo, con la participación de variados actores, desde funcionarios del alto gobierno hasta agentes comunitarios, pasando por una serie de empresas, empresarios, funcionarios notariales y registrales, agentes del Estado territorial, asesores e intermediarios, que sacaron provecho del abandono de tierras rurales fruto de la guerra.
Ovejas, San Onofre, Morroa, Colosó y Chalán, en Sucre; y El Carmen, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Marialabaja, Zambrano y Córdoba, en Bolívar, fueron los municipios más impactados por este fenómeno que, si bien se venía dando desde finales del siglo XX, registró los mayores picos de ventas entre 2005 y 2009, como lo mostró la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
INTRODUCCIÓN.
El largo proceso de formación social y económica de los Montes de María, con El Carmen a la cabeza, ha estado ligado a grandes esfuerzos sociales e institucionales que desde la Colonia han pretendido convertir esta región en un territorio esencialmente campesino. Si bien los intereses del latifundio se han cruzado de manera permanente con este propósito, la región había logrado conservar su espíritu y vocación minifundistas. Tal estado de cosas se había logrado con la inclusión del territorio en ciertos procesos sociales y económicos, como el cultivo de tabaco o las luchas y resistencias agrarias. Estos factores, determinantes de la agencia campesina, se han visto impulsados por diferentes diseños institucionales.
1917. El Carmen todavía disfrutaba de las mieles de la bonanza tabacalera, aunque algo disminuida por los impactos de la I Guerra Mundial. La disposición de terrenos fértiles, el fácil acceso del campesinado a tierras baldías (“tierras libres”, según el argot campesino), cosechas basadas en el cultivo de cepas de alta calidad, la presencia de intermediarios con canales comerciales (y capital para “avanzar” o endeudar al campesinado), la cercanía al río Magdalena y desde allí a los puertos de exportación, facilitaban este auge. Pero, sobre todo, ciertas decisiones estratégicas estatales habían impulsado su expansión desde el siglo XIX.
1917. Los Montes de María con El Carmen a la cabeza llegó a generar, a finales del siglo XIX, el 70% de las exportaciones nacionales de tabaco. Los responsables de esta vasta producción eran pequeños productores que en promedio sembraban una hectárea de tabaco. Por múltiples factores, la I Guerra Mundial supuso un punto de inflexión en el comercio internacional del tabaco, pero este producto siguió siendo el gran referente agrícola y comercial de los Montes de María durante todo el siglo XX, sobre todo en beneficio de los intermediarios, donde había grandes jugadores de la política y la economía nacional y regional. Estos sectores empresariales fueron proclives a la reforma agraria impulsada por los gobiernos liberales del Frente Nacional, pues para ellos resultaba vital garantizar el acceso del campesinado a la tierra. El Estado no era ajeno a esta realidad.
1936. Se incorpora a la Constitución Política “la función social de la propiedad” y se promulga la ley 200 para la titulación de tierras al campesinado. Sin embargo, la ley terminó al servicio de los latifundistas para acrecentar su propiedad sobre la tierra y excluir de la misma a grandes masas campesinas.
1946-1962. Auge de la organización campesina a lo largo y ancho del país, incluyendo los Montes de María. Los comités campesinos son auspiciados por la Federación Agraria Nacional (FANAL), impulsada por la Iglesia Católica y el Partido Conservador; los sindicatos agrarios por la Central Unitaria de Trabajadores, entonces alineada ideológicamente al Partido Liberal; y las ligas campesinas por el Partido Comunista. Colombia era un país de población mayoritariamente rural y el éxito político se jugaba en los territorios campesinos.
1961. La política pública de reforma social agraria, implementada a partir de 1961, representó un importante golpe al latifundio. Así, durante sus 43 años de existencia, el INCORA adquirió y entregó un total de 134.230 hectáreas en los Montes de María, que quedaron en manos de 10.736 familias campesinas. En El Carmen de Bolívar, 1.547 familias recibieron 27.001 hectáreas del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), equivalentes al 27,15% de la superficie rural municipal, cuya área total es de 99.438 hectáreas. En promedio, cada familia recibió 17,5 hectáreas, aproximadamente. En el corazón de este proceso estuvo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), motor de las luchas y resistencias del campesinado.
1973. El proceso de campesinización del territorio siguió su marcha, aupado por una fuerte movilización social campesina. Esta tuvo en los Montes de María su principal escenario nacional en los años 70 y 80 del siglo XX, no sólo para reivindicar el derecho a la tierra del campesinado, sino también mejoras en los precios del tabaco y en los salarios de los operarios de la industria tabacalera. Así quedó evidenciado con el paro tabacalero de 1973, cuyo epicentro fueron los municipios de Ovejas y El Carmen.
1973. Desde los años 70 hubo presencia en los Montes de María del Partido Comunista Marxista Leninista (PCC-ML), que derivó en diferentes manifestaciones insurgentes, como el EPL, el PRT y el MIR-Patria Libre. Estas terminarían su vida política y militar en los procesos de paz adelantados en el territorio por dichas insurgencias y el gobierno nacional, entre 1991 y 1994. A partir de entonces se hizo notoria la llegada al territorio de las FARC y del ELN. Esto provoca una mayor presencia de la fuerza pública en la región, así como la creación y expansión del fenómeno paramilitar, en cabeza del llamado Bloque Montes de María de las AUC.
1994. Esta combinación de actores armados e intereses estratégicos contrapuestos comienza a producir un lento, pero sostenido incremento de la violencia en la región a partir de 1994, a pesar de la presencia de insurgencias desde los años setentas. El epicentro son los municipios de Ovejas y El Carmen, justamente aquellos en los que en el pasado reciente el INCORA había adquirido mayor cantidad de tierras para su adjudicación a familias campesinas. Por si fuera poco, después del ataque con explosivos al puesto de Policía de Chalán (Sucre), ocurrido el 12 de marzo de 1996, el gobierno nacional retiró a la policía de la mayoría de cabeceras municipales de los Montes de María. En este orden de ideas, cada vez se hicieron más frecuentes el secuestro, la extorsión, el abigeato, los homicidios selectivos, las violencias sexuales, el reclutamiento de menores, las masacres y el desplazamiento forzado, entre otros hechos.
2002. Para finales del siglo XX y principios del XXI, los Montes de María se habían convertido en la zona con mayor población desplazada expulsada del país, dada la disputa violenta del territorio por los diferentes actores del conflicto armado. En medio de este estado de cosas, se impone la propuesta política de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones presidenciales de 2002. Así, inmediatamente después de su posesión, el nuevo Gobierno decretó turbado el orden público y el estado de conmoción interior en Arauca y los Montes de María, territorios que se constituyeron como zonas de rehabilitación y consolidación. Esto supuso un incremento de la presencia militar del Estado en los Montes de María y el recrudecimiento de las acciones entre los diferentes actores del conflicto armado.
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La CNRR identificó tres situaciones conexas que facilitaban la compra masiva de tierras a precios irrisorios: la imposibilidad de un retorno digno y seguro (que incorpora el miedo y la falta de recursos para reiniciar el proyecto productivo), ser parcelero del Incora/Incoder y el endeudamiento con empresas de recaudo de cartera vencida del Estado. A esto habría que agregar dos elementos más: la pauperización de la vida en condiciones de desplazamiento y la complicidad de servidores públicos vinculados a alcaldías, gobernaciones, notarías, oficinas de instrumentos públicos y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), entidad que reemplazó en sus funciones al INCORA. Se trataba de funcionarios públicos al servicio de los intereses de los compradores, generalmente empresarios foráneos.
Las quejas comunitarias ante el gobierno, entregadas al mismísimo jefe de Estado, más que estrellarse contra la indiferencia parecían terminar en burla. El 10 de agosto de 2008, en el marco de un consejo comunal realizado en San Juan Nepomuceno, campesinos denunciaron presiones de inversionistas foráneos para provocar la venta de sus parcelas a precios irrisorios. Las hacían con listados de cartera morosa en mano y la amenaza de inminentes remates. En la base del fenómeno estaba la notoria recuperación de la seguridad territorial, desde finales de 2007.
En respuesta, el presidente instruyó enérgicamente al ministro de agricultura (por entonces Andrés Felipe Arias), al INCODER, al Banco Agrario, a la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), a Acción Social, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a las oficinas de instrumentos públicos, a las alcaldías, a la gobernación de Bolívar y a la fuerza pública, para articularse, frenar el fenómeno y restablecer los derechos de los despojados.
Según una nota de prensa, el presidente concluyó diciendo: «No puede ser que hayamos derrotado a los paramilitares, a los guerrilleros y a los narcotraficantes, y otros delincuentes quieran adueñarse de las tierras de nuestros campesinos». A pesar del enérgico rechazo presidencial, después se sabría que el propio Uribe Vélez era el principal promotor entre empresarios antioqueños de la compra de tierras en los Montes de María. En su debida oportunidad, el diario El Tiempo dio cuenta de esta “doble militancia” presidencial, al publicar una entrevista en la que un empresario antioqueño, cercano al presidente, admitió que su decisión de comprar derivó de la invitación del gobierno a invertir en la zona para generar empleo.
En paralelo, y en la medida en que el Estado recuperaba y consolidaba la seguridad en el territorio, se incrementaba la asignación de recursos gubernamentales para la inversión social en la región. En consecuencia, a mayor seguridad (concepto que parece incorporar el de vaciamiento territorial) e inversión social, los alicaídos precios de la tierra empezaban a recuperarse inmediatamente en beneficio de los inversionistas foráneos, como terminó demostrado en múltiples sentencias de restitución.
Los procesos de restitución en contra de Argos
La Fundación Forjando Futuros ha registrado en el informe Empresas, violencia, despojo y concentración de tierras, un total de 66 empresas cobijadas por sentencias de restitución (a corte mayo de 2020), en las que no sólo ordenan restituir predios, sino también suspender títulos mineros y/o anular hipotecas bancarias, ranking que de lejos encabeza CEMENTOS ARGOS S.A. En efecto, magistrados de restitución de tierras de cinco tribunales diferentes han proferido (hasta hoy) 16 sentencias en contra de CEMENTOS ARGOS S.A., referidas a predios localizados en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre. En total, le han ordenado a la cementera que restituya 1.224,8 hectáreas a familias campesinas de los Montes de María, repartidas en una treintena de predios.
Sin embargo, el asunto es más complejo de lo que parece. Las sentencias revelan una refinada estrategia de ARGOS para despistar y encubrir sus movidas económicas, jurídicas y políticas para acumular tierras, previa adquisición de las mismas a precios relativamente bajos y sin negociar directamente con campesinos. Con base en ello, ARGOS ha venido alegando su buena fe exenta de culpa en los escenarios judiciales, arguyendo también –en tono moralista– que no se opondría a la entrega de predios si se demostrare que los dueños originales fueron despojados por aquellos de quienes adquirió u otras personas.
El objetivo de ARGOS era ambicioso: adquirir tierras de alta calidad, a bajo costo, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala. Para lograrlo, estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros.
Luego se contrataba a una fiduciaria que ayudaba a constituir un patrimonio autónomo con los predios adquiridos, en favor de la propia ARGOS. Se trataba de un fideicomiso sui generis, pues la compañía decidía qué predios se compraban (encargándose del estudio de títulos y exonerando de responsabilidad a la fiduciaria), y no delegaba la administración del patrimonio autónomo, sino apenas la formalización de la compra a nombre de la fiduciaria. Es decir, ARGOS “delegaba” la titularidad de los predios en la fiduciaria, pero pactaba que los derechos de propiedad revertirían a su haber a la extinción del patrimonio autónomo.
ARGOS desarrollaba el proyecto agroforestal con el apoyo del gobierno nacional y la cooperación internacional, en el marco de las políticas públicas ambientales de incentivos forestales (CIF).
