Manuel Antonio Castañeda fue capturado por la Policía Nacional el 10 de diciembre, cuando conducía una camioneta Toyota Prado TXL, de placas KXU 434, en la vía La Plata – Popayán, al momento de la detención el conductor se negó a la requisa, porque supuestamente llevaba a una persona protegida.
En la camioneta fueron encontradas gorras y placas institucionales, que la red utilizaba supuestamente para evadir los retenes o requisas policiales.
Sin embargo, cuando las autoridades iniciaron la revisión del vehículo, un perro antinarcóticos alertó a los agentes quienes encontraron 168 paquetes de cocaína en la camioneta.
Este no es el primer escándalo, ya son diversos y este último dejaría al descubierto una gran red de transporte de drogas que funciona al interior del sindicato de la UNP
Medios de comunicación han dado a conocer un audio entre dos personas del sindicato donde se probaría que también existe una red que recibe comisiones mensuales del 10 % por permitir el ingreso de nuevas camionetas a la entidad.
Y es que es sabido que mientras estos hechos ocurren, los anteriores gobiernos que incluye a la UNP, (Unidad Nacional de Protección), poco han realizado por proteger a los líderes sociales, es más, se han negado directamente esquemas de seguridad a personas como el reconocido periodista y abogado Daniel Mendoza Leal.
En las denuncias, se evidencia la existencia de una organización criminal de la que harían parte presidentes de sindicatos, funcionarios, exfuncionarios de la entidad y algunos contratistas.
«Mientras los grupos armados en Colombia asesinan de forma constante a defensores de derechos humanos, el gobierno ha reaccionado lenta y deficientemente en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios, señaló Human Rights Watch en un informe»
«El informe de 136 páginas, “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, documenta casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las graves deficiencias en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes. Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).»
Manuel Antonio Castañeda, es un expolicía que se desempeñaba como promotor de artistas de música popular, luego de ser secuestrado y extorsionado en los Llanos Orientales por alias ‘Jhon 40′, tuvo que conformar un esquema de seguridad que le costaba 15 millones de pesos mensuales.
En el 2019, Castañeda conoció a Wilson Devia, quien era presidente de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección y se desempeñaba como Subdirector de Riesgos en la entidad.
Para esa época, según el relato de Castañeda, Devia le alquiló un esquema de seguridad a un firmante de los acuerdos de paz con las Farc de 2016. El firmante, conocido como Yesid Torres, cancelaba 7 millones de pesos mensuales por su esquema más un millón de pesos mensuales por combustible.
